febrero de 2005 Vol. 29 No. 02

Washington critica compra de armas
Nuevas pruebas muestran apoyo de EE.UU. a fallido golpe militar de 2002

Por Argiris Malapanis

Washington ha dejado clara su oposición a los planes del gobierno de Venezuela de comprar helicópteros, fusiles y otros armamentos rusos para sus fuerzas armadas.

“Digámoslo así: nosotros derribamos los MiG”, dijo a la prensa un alto funcionario de la administración cuando le preguntaron el 1 de diciembre si le preocupaban al gobierno estadounidense las intenciones de compra de los armamentos.

Sean McCormack, vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, dijo que el comentario significaba que la compra “será un asunto que vigilaremos de cerca”.

Durante una visita a Moscú a fines de noviembre el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su gobierno pronto recibirá 40 helicópteros rusos y que había acordado comprar 100 mil fusiles semiautomáticos. Chávez señaló que eran armas defensivas. “Venezuela no atacará a nadie”, dijo a la prensa.

Informes en la prensa capitalista también han especulado que Venezuela tiene planes de adquirir 50 cazas MiG 29, el modelo más avanzado del avión de combate ruso. El gobierno venezolano hasta ahora no lo ha anunciado.

Además de las declaraciones agresivas de funcionarios estadounidenses, el régimen derechista del presidente colombiano, Alvaro Uribe, el aliado más cercano de Washington en la región, se unió al coro de denuncias de una “carrera armamentista” en Venezuela. Según un artículo del 30 de noviembre del Financial Times de Londres, Alfredo Rángel, un “analista de defensa con sede en Bogotá”, dijo que helicópteros y fusiles no son gran cosa, “pero los MiG serían una gran preocupación. Su adquisición se consideraría prácticamente como un acto hostil hacia Colombia”.

Según el Financial Times, la fuerza aérea venezolana tiene unos 20 cazas estadounidenses F-16, adquiridos hace años, la mayoría de los cuales están descompuestos.

Bogotá recibe más ayuda militar de Estados Unidos que cualquier país fuera del Medio Oriente. Washington ha enviado 3.3 mil millones de dólares al régimen colombiano desde el año 2000 a través del Plan Colombia iniciado bajo la administración Clinton. El programa fue expandido por la administración Bush. Bajo el manto de la lucha contra el “narcoterrorismo” Washington ha usado el Plan Colombia para aumentar su intervención en la región en anticipación de la creciente resistencia de los trabajadores y campesinos frente al dominio imperialista y la depresión que azota a América Latina y el Caribe.

Las “preocupaciones” de Washington sobre la compra de armas rusas por Caracas son en el mejor de los casos hipócritas. Washington ha prestado ayuda a repetidos intentos de sectores de la clase capitalista venezolana para derrocar al gobierno democráticamente electo de ese país. Estos incluyen un golpe militar en abril de 2002, un cierre patronal en diciembre de ese año y enero de 2003 y un referendo revocatorio presidencial el pasado agosto. Los tres intentos fracasaron ante las movilizaciones masivas del pueblo trabajador que dividieron a las fuerzas armadas y forzaron el retorno de Chávez al poder dos días después del golpe militar, hicieron andar rápidamente la producción durante la “huelga” patronal y aseguraron una resonante derrota del voto revocatorio.

Jeremy Bigwood, un reportero investigativo independiente en Washington, descubrió recientemente, a través del Acta de Libertad de Información, documentos de la CIA previamente clasificados que demuestran que Washington tenía pleno conocimiento de los planes para un golpe militar a principios de 2002.

“Facciones militares disidentes, incluso algunos oficiales de alto rango descontentos y un grupo de oficiales menores radicales, están aumentando los esfuerzos para organizar un golpe militar contra el presidente Chávez, posiblemente tan pronto como a principios de este mes”, dice el memorando secreto de la CIA (disponible en el sitio web www.venezuelafoia.info) con fecha del 6 de abril de 2002, cinco días antes del golpe militar. El documento describe el plan de las fuerzas de oposición pro imperialista para provocar disturbios y hecharle la culpa al gobierno para justificar el golpe militar. “Para provocar la acción militar, los golpistas tratarían de aprovechar los disturbios provocados por manifestaciones de la oposición programadas para fines de este mes o por la huelga actual en la compañía estatal petrolera PDVSA”.

Eso fue lo que sucedió. Durante una marcha contra el gobierno el 11 de abril de 2002, más de una docena de personas murieron de balas disparadas por individuos que según las autoridades venezolanas fueron organizados por fuerzas alineadas por la coalición opositora Coordinadora Democrática. Los generales del ejército posteriormente usaron el derramamiento de sangre como pretexto para remover del poder a Chávez. Los golpistas juramentaron a Pedro Carmona como presidente, un petrolero millonario y dirigente de Fedecámaras, la principal asociación patronal del país. El nuevo gobierno disolvió la Asamblea Nacional, despidió a la Corte Suprema y abolió la constitución. Pero fracasaron. Chávez regresó al palacio presidencial de Miraflores dos días después en la cumbre de grandes movilizaciones populares contra el golpe militar.

Durante el golpe, la administración Bush negó tener conocimiento previo de los planes para el golpe militar, culpó al gobierno electo por la crisis, repitió las mentiras de los generales quienes decían que Chávez había renunciado y reconoció rapidamente al gobierno de Carmona. Horas después del golpe militar, el vocero de la Casa Blanca Ari Fleisher dijo que “el gobierno de Chávez había provocado la crisis” y que Chávez “había renunciado de la presidencia”.

Las tensiones entre Caracas y Washington han continuado. Según un informe de la agencia noticiosa china Xinhua, el gobierno venezolano pedirá a Washington la extradición a Venezuela de Johan Peña. El ministro de justicia del país Jessé Chacón dijo que las agencias de inteligencia de su gobierno han descubierto que Peña, quien es buscado en relación al reciente asesinato del fiscal de Venezuela Danilo Anderson, se encuentra en Estados Unidos.

Anderson fue asesinado el 19 de noviembre por dos explosiones de bombas colocadas bajo su carro. El estaba a cargo de la investigación que realiza el gobierno de los responsables del golpe de abril de 2002. La Agencia de Información Nacional de Cuba dijo a finales de noviembre que las autoridades venezolanas habían descubierto un buzón de armas y explosivos en Caracas que incrimina a individuos que residen actualmente en Estados Unidos con el asesinato de Anderson.

Desde que llegó a la presidencia en 1998, Chávez ha provocado descontento entre las familias millonarias que dominan Venezuela y sus aliados en Washington al adoptar medidas tales como la ley de reforma agraria, leyes que aumentan el control del estado sobre los recurso petroleros-la principal fuente de ingreso del país-y otros recursos naturales y leyes que dan protección contra la superexplotación de las grandes compañías capitalistas a los pescadores pequeños. Los trabajadores y los agricultores se han tenido que movilizar frecuentemente para exigir la implementación de estas y otras medidas que defienden sus intereses de clase, y en ese proceso han aumentado su propia confianza y sus expectativas . Estas movilizaciones han provocado temor entre las familias capitalistas que el pueblo trabajador llegue a demandar cambios aun más radicales que amenacen las relaciones de propiedad capitalista