enero de 2005 Vol. 29 No. 01

Mineros Co-Op combaten despidos
En lucha por sindicato, obreros amplían respuesta a ataques patronales

Teri Moss/Perspectiva Mundial

Rueda de prensa frente a oficinas de MSHA en Price, Utah, el 29 de noviembre. De izquierda a derecha: Dee Rowland de la diócesis católica en Salt Lake City y John Rowland; Timoteo González, minero de Co-Op; Renée López, esposa de jubilado del UMWA; Bill Estrada, minero de Co-Op; y Raymond Cisneros, jubilado del UMWA. A espaldas de la cámara está Ann Fivecoat, esposa de minero jubilado.

Por Róger Calero y Katherine Bennett

PRICE, Utah-Al cierre de esta edición, en la víspera de las elecciones por la representación sindical, los obreros de la mina Co-Op cerca de Huntington, Utah, y sus partidarios se mantenían en pie de movilización. Estaban respondiendo al despido de 30 mineros, y buscaban asegurar que cada uno de los partidarios del sindicato minero UMWA acudiera a las urnas para votar a favor de la unión.

Ante la inminencia de una victoria para el UMWA en las elecciones, los patrones de la C.W. Mining, dueño de la mina Co-Op, despidieron el 9 de diciembre a todos menos un puñado de los mineros nacidos en México, alegando que carecían de documentos válidos que comprobaran su derecho legal de trabajar en Estados Unidos.

“Aquí estamos a menos de una semana de una votación sobre la representación sindical, y el dueño de la mina muy convenientemente decide despedir a un número importante de los mineros que tienen derecho a votar”, dijo Cecil Roberts, presidente del UMWA, en una declaración emitida a la prensa el 10 de diciembre. Roberto calificó los despidos como “burdas represalias” por los dueños de la Co-Op contra los mineros por sus intentos de lograr ser representados por el UMWA.

Como parte de su incrementada campaña de intimidación contra los partidarios del UMWA, cuatro de los 17 mineros cuyos nombres aparecen en una demanda judicial entablada en septiembre por la C.W. Mining y la Asociación Internacional del Sindicato de Trabajadores Unidos (IAUWU), que según los trabajadores está dirigida por la compañía, han recibido una citación judicial.

La demanda acusa al UMWA, sus funcionarios y 17 actuales y antiguos mineros de la Co-Op, así como a organizaciones e individuos que han brindado apoyo a la lucha de los mineros de Co-Op, de “prácticas laborales ilegales” y de “difamación” contra la compañía y la IAUWU.

La lista original de los acusados en la demanda judicial parece una lista de los más destacados partidarios de la lucha por la justicia de los mineros de Co-Op. Entre los acusados también hay medios noticiosos que han hecho algunos reportajes sobre la versión de los mineros. En un intento de dividir a los partidarios de la lucha minera, los demandantes han modificado su pleito judicial, omitiendo los nombres de algunos acusados que habían sido nombrados en la demanda original. Entre los que ya no aparecen están la diócesis católica de Salt Lake City así como su obispo, George Niederauer; los dos periódicos locales en esta zona carbonífera, el Sun Advocate de Price y el Emery County Progress; radioemisoras locales en Salt Lake City; la Organización Nacional para la Mujer (NOW); y activistas individuales, sobre todo de la zona de Salt Lake City.

El UMWA y sus funcionarios, los miembros individuales de la Co-Op y el Militant, Salt Lake Tribune y Deseret News aún figuran como blancos de la demanda. La mayoría de grupos sindicales que apoyan a los mineros de Co-Op también siguen acusados.

El jueves 9 de diciembre, los patrones de la Co-Op sacaron a los obreros de la mina una hora antes del fin del turno. Les dijeron que se reportaran a la oficina del gerente de la mina para hablar sobre sus documentos de empleo. Al entrar cada uno a la oficina, se toparon con patrones que tenían una grabadora prendida, dijo el minero subterráneo Juan Salazar. “Nos dijeron que había vencido la fecha para entregar nuevos documentos y que, ya que no habíamos cumplido con la demanda de la compañía, nos suspendían por ‘tres días con intención de despedir’. Nos mandaron a todos a casa”, dijo Salazar.

El 9 de diciembre era la fecha límite que los patrones de Co-Op habían puesto para que los mineros entregaran “documentación” nueva para mostrar que tienen derecho a trabajar en este país. Muchos de los mineros han trabajado en la Co-Op por varios años, y en algunos casos por una o dos décadas. Los mineros denunciaron a la compañía por exigir documentos de inmigración apenas una semana antes de las elecciones sindicales, catalogándolo como un intento descarado de intimidar a los mineros para que no voten por el UMWA. Asimismo, los trabajadores dijeron que la compañía estaba violando un acuerdo, negociado por la NLRB hace unos meses, que prohíbe que la compañía use amenazas de inmigración como represalias contra mineros que buscan ganar la representación del UMWA.

“La C.W. Mining ha permitido que muchos de estos llamados trabajadores indocumentados trabajen en la mina Co-Op durante años sin cuestionar el estado de su ciudadanía. Fue únicamente después que estos mineros finalmente decidieron luchar para mejorar su vida a través de la representación legítima de un sindicato que el patrón comenzó a usar tácticas duras, incluso con amenazas, intimidación y ahora despidos”, dijo el presidente sindical Roberts en su declaración. “Se trata de burdas represalias del patrón contra estos mineros, y el UMWA está presto a entablar cargos de prácticas laborales injustas para garantizar que estos trabajadores tengan una verdadera oportunidad y que prevalezca la justicia”.

Al día siguiente de los despidos, 20 mineros, entre ellos cuatro que nunca habían asistido a actividades organizadas por el sindicato, junto con dos jubilados del UMWA y organizadores del UMWA que trabajan con los mineros de Co-Op, se reunieron para trazar un plan de visitas a domicilio a todos los 39 trabajadores que tienen derecho a votar. De acuerdo a un fallo del 28 de noviembre de la NLRB, estos mineros tienen derecho a votar en las elecciones de representación sindical, aún si son despedidos por la compañía antes de la votación.

En discusiones de preparación para las visitas, Rosa Salazar, esposa del minero de Co-Op Juan Salazar, dijo que se trataba de otra injusticia más de la compañía. “Ellos quieren hacer que los mineros vuelvan al trabajo sumisos y cabizbajos”, dijo. “Cuando piden nuevos ‘documentos’ eso sí asusta a algunos. No a la mayoría pero sí a algunos”.

Al tiempo que la compañía despedía a la mayoría de la fuerza de trabajo, los trabajadores informan que la gerencia estaba alentando a los mineros a regresar y reunirse con representantes del “sindicato” dirigido por la compañía para ver “si no se pueden arreglar las cosas”. Si bien algunos trabajadores se prepararon para entablar quejas formales ante la IAUWU, ninguno de los obreros se tragó la carnada de los patrones de llegar a un acuerdo individual con la compañía.

Los patrones de la Co-Op usaron el supuesto hallazgo de nueva información, obtenida a través de varias audiencias sobre quejas en octubre, tras el despido del minero Celso Panduro, un partidario del UMWA, para lanzar esta última serie de ataques contra la fuerza laboral mayormente nacida en México. Despedido inicialmente por “negarse a trabajar”, Panduro tuvo varios días de audiencias grabadas sobre su despido en un ambiente hostil, al reunirse solo con gerentes, funcionarios de la IAUWU y un mediador dizque imparcial.

Al final, la compañía y su “unión” acordaron que Panduro no debería haber sido despedido por desobedecer una orden de trabajo. Pero después los patrones y la IAUWU coincidieron en que, puesto que durante estas audiencias amañadas e intimidatorias alegan que Panduro “reconoció” no tener los documentos necesarios, era lamentable pero necesario que continuara despedido.

En una carta fechada el 22 de noviembre, entregada individualmente a la mayoría de los mineros nacidos en el exterior, Charles Reynolds, gerente de la C.W. Mining, acusa a un minero anónimo por desencadenar la campaña de despidos de la compañía. Afirma, “En octubre, un empleado de la C.W. Mining Co. reconoció que la documentación que él le había dado a la compañía al ser contratado era inválida y que él era ilegal. Este mismo trabajador alegó que otros actuales y antiguos empleados de la C.W. Mining Co. también brindaron documentación inválida y que trabajan o trabajaban aquí de forma ilegal”.

Este es el pretexto que está usando la compañía para despedir a casi todos los mineros nacidos en el exterior, una firme mayoría de los cuales, según afirman los mineros, piensan votar a favor del UMWA.

“La compañía está usando lo que considera su movida más fuerte para desalentar a los que apoyan a los mineros e intimidar a los que nacieron en otros países para que no luchen por una unión”, dijo Bill Estrada, uno de los dirigentes de la campaña de sindicalización. “Nadie se va a dejar engañar por lo que está haciendo la compañía. Es un intento burdo de intimidar y dividir”.

La NLRB denegó la solicitud del UMWA de trasladar el lugar de la votación a un sitio más neutral. Los mineros dicen que al realizar las elecciones en la propiedad de la compañía, los patrones disponen de más formas de intimidar a los trabajadores para hacer que no voten por la unión. Para limitar la posible intimidación en el día de la votación, los mineros proyectaron juntarse e ir todos en auto al lugar de votación. Los mineros también están pidiendo que los partidarios de su lucha que estén presentes el día de la votación.

Dos mineros de Co-Op, Ricardo Chávez y Alyson Kennedy, se reunieron con partidarios de su lucha en Salt Lake City el 13 de diciembre. Informaron que Cory Hilton del sindicato de la electricidad IBEW y otros más en la reunión se comprometieron a ir a Huntington el día de la votación para mostrar su apoyo a los mineros.

La lucha en Co-Op ha recibido mucha atención en los medios noticiosos locales, y la están observando atentamente otros mineros y trabajadores en Utah y por todo el Oeste. Actualmente hay 10 minas de carbón en Utah que están en funcionamiento. Todas han estado contratando empleados nuevos en respuesta al nuevo auge de la demanda de carbón a nivel mundial. Solo dos de estas minas están sindicalizadas por el UMWA, la mina Emery (propiedad de la Consolidated Coal) y la mina Deer Creek (propiedad de la Energy West).

Los mineros de Co-Op están pidiendo que sus partidarios sigan llamando, escribiendo y mandando faxes a la NLRB y a la familia Kingston, dueños de la mina, para protestar contra las acciones ilegales de la compañía destinadas a socavar la campaña de sindicalización.

Ed Mayne, senador estatal de Utah, envió por fax una carta al gerente de Co-Op, Charles Reynolds, el 8 de diciembre, el día antes de los despidos en masa. “Me he enterado que apenas unos días antes de una votación sindical programada, usted ha despedido y está amenazando con despidos en masa de mineros de la Co-Op”, afirma su carta. “Estas acciones de la C.W. Mining son una violación directa del acuerdo del 1 de julio de 2004 de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que prohíbe los despidos, el acoso y las amenazas contra los trabajadores por actividades sindicales. Le insto firmemente que ponga fin a estas actividades ilegales y deje que se realice la votación”.

El día antes, Arturo Chavarria-Balleza, el cónsul de México en Salt Lake City, envió una carta parecida a Reynolds. “Hemos recibido copias de las cartas, con fecha del 22 de noviembre, que enviaron a empleados de su compañía”, dijo el cónsul mexicano. “Estas cartas fueron enviadas a empleados de apellido mexicano, amenazando con despedir a estos trabajadores…. Después de revisar estas cartas con nuestro personal judicial, nuestro criterio es que están violando los derechos de estos trabajadores…. Su compañía estará sujeta a acciones judiciales si proceden. El Consulado de México estará observando esta situación y planea brindar nuestra ayuda a estos trabajadores”.

Las cartas a la junta laboral debe enviarse a: NRLB Region 27 Director B. Allan Benson, 600 17th Street, 7th Floor, North Tower, Denver CO 80202-5433. Tel: (303) 844-3551; fax: (303) 844-6249. Las cartas a C.W. Mining pueden ser enviadas por fax al gerente de la mina Co-Op, Charles Reynolds, al (435) 687-5724.

Las copias de estas cartas y otros mensajes de apoyo y donaciones económicas deben enviarse a los mineros de la Co-Op al: UMWA District 22, 525 East, 100 South, Price UT 84501. Tel: (435) 637-2037; fax: (435) 637-9456.