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 | UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR enero de 2005 Vol. 29 No. 01Colombia
Perdonan a grupos derechistas
Por Sam Manuel Autoridades del gobierno colombiano asistieron a una ceremonia, realizada el 25 de noviembre, donde se efectuó la desmovilización del llamado Bloque Bananero, una unidad de los ultraderechistas escuadrones de la muerte que sirven de brazo extralegal del ejército colombiano. La unidad opera en la zona bananera del norte del país. Estos escuadrones, organizados por ricos terratenientes y empresarios, son responsables de la muerte de miles de sindicalistas, campesinos y otros civiles. El gobierno no ha llevado a la justicia a la mayoría de los involucrados en los asesinatos. Esta desmovilización es parte de la política del gobierno del presidente Alvaro Uribe de aplastar los grupos guerrilleros que combaten contra el gobierno en muchas zonas rurales de Colombia. El gobierno quiere llegar a un acuerdo con los grupos ultraderechistas para desarmar algunos de ellos, al tiempo que en la práctica les da amnistía a sus dirigentes por sus acciones brutales. El presidente norteamericano George Bush hizo una muestra de apoyo a Uribe en su breve visita a Cartagena el 22 de noviembre, a su regreso de las conversaciones regionales en Chile sobre “libre comercio”. “El plan de este hombre está dando resultados”, dijo Bush, prometiendo pedirle al Congreso de Estados Unidos que aumente los fondos que Washington le canaliza al gobierno colombiano. Unos 450 miembros del Bloque Bananero entregaron sus fusiles, morteros y demás armas en un estadio en el pueblo de Turbo, cerca de la frontera con Panamá. El Bloque Bananero es parte de la fuerza de 15 mil efectivos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización de extrema derecha que, junto con el ejército, los latifundistas y capitalistas han usado en una guerra de 40 años contra los principales grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los grupos paramilitares han sido implicados en la muerte de 2 100 sindicalistas desde 1991. Washington ha encausado y pedido la extradición de por lo menos 10 dirigentes de los escuadrones de la muerte por cargos de narcotráfico. El 24 de noviembre la Corte Suprema colombiana aprobó la extradición de Salvatore Mancuso, dirigente de las AUC. Mancuso estaba tan despreocupado por la orden de extradición que asistió a la ceremonia de desarme del Bloque Bananero. “Hoy estamos haciendo un gesto mayor, avanzando hacia la reincorporación a la vida civil de todos los combatientes de las autodefensas,” declaró a la prensa. Mancuso porta un “salvoconducto” del gobierno que lo protege de ser arrestado. El gobierno de Uribe ha expresado su preocupación por las gestiones de un grupo de legisladores colombianos que promueven una ley que impondría sentencias de ocho años de cárcel o más a los dirigentes de las AUC. La ley exigiría que los dirigentes de los escuadrones de la muerte aseguren el desmantelamiento total de sus fuerzas, brinden información sobre sus miembros, colaboren con las investigaciones y paguen indemnización a sus víctimas. Por otra parte, el gobierno de Uribe ha lanzado el “Plan Patriota”, la mayor ofensiva contrainsurgente contra las FARC en muchos años. El 3 de diciembre el gobierno de Uribe dijo que excarcelaría a 23 miembros de las FARC para lograr que el grupo guerrillero libere a los rehenes colombianos y norteamericanos retenidos en sus campos. Las FARC no respondieron inmediatamente. En noviembre las FARC rechazaron la oferta del gobierno de liberar a 50 guerrilleros a cambio de 22 políticos colombianos, 34 soldados y policías, y tres “contratistas” militares norteamericanos. Las FARC exigen que le gobierno les ceda dos zonas desmilitarizadas antes de celebrar negociaciones sobre un intercambio de rehenes, demanda que el gobierno rechaza. El gobierno norteamericano ha suministrado 3.3 mil millones de dólares al régimen colombiano desde 2000 bajo el denominado Plan Colombia. Bajo el pretexto de luchar contra el “terrorismo” y el narcotráfico, Washington ha utilizado este programa para incrementar su intervención militar en toda la región, anticipando la creciente resistencia de los trabajadores y campesinos frente a la catástrofe económica y social que está sacudiendo a Latinoamérica. El 9 de octubre el Congreso de Estados Unidos decidió duplicar la presencia militar de Washington en Colombia de 400 a 800 efectivos. También decidió aumentar de 400 a 600 el número de “contratistas civiles” que el Pentágono puede contratar para operaciones militares en el país. |
