enero de 2005 Vol. 29 No. 01

Ley ampliará poderes de policía
Congreso aprueba legislación de espionaje con apoyo bipartidista

Por Michael Italie

El Congreso de Estados Unidos aprobó el 8 de diciembre una ley para reforzar y centralizar el trabajo de las agencias nacionales de espionaje. La ley, promulgada con apoyo de los partidos Demócrata y Republicano, aumenta los poderes del FBI y otras agencias policiacas para espiar y hostigar a cualquiera que Washington tache de “terrorista”.

El texto de la ley se basa en gran parte en las conclusiones de las audiencias de la comisión bipartidista del 11 de septiembre que se celebraron hace unos meses. Los demócratas utilizaron las audiencias para presentarse como los principales defensores de la “defensa patria” e impulsar sus acusaciones de que a raíz de “fallas de inteligencia” la administración Bush no logró impedir los ataques del 11 de septiembre de 2001. Con estas acusaciones el Partido Demócrata promovió la candidatura fallida de John Kerry.

La ley crea un Director de Inteligencia Nacional y un Centro Nacional de Contraterrorismo para centralizar las operaciones de espionaje. El Director de Inteligencia Nacional tendrá la autoridad de fijar las prioridades de la CIA y otras 14 agencias de espionaje.

Los inmigrantes son un blanco especial de la “guerra contra el terrorismo” de Washington. La nueva ley incluye varias medidas contra los trabajadores nacidos en otros países. En el transcurso de cinco años el gobierno agregará 10 mil policías fronterizos y 4 mil agentes aduanales. Anticipando el creciente número de arrestos por “terrorismo” o por violar las leyes de inmigración, la ley proyecta aumentar la capacidad de las prisiones para encerrar a 8 mil personas más cada año.

Según la ley, uno puede perder su ciudadanía y ser deportado si se determina que ha recibido entrenamiento de “tipo militar” por parte de un “grupo terrorista”. La legislación también amplía la definición de “apoyo material” para facilitar el arresto de personas acusadas de ayudar a “terroristas”. Asimismo, requiere que se comparta información entre las fuerzas policiacas federales, estatales y locales, así como policías privados.

Para responder a los que critican la ley por su expansión de los poderes del gobierno para interceptar conversaciones telefónicas y otros ataques antidemocráticos, los promotores de la ley estipularon una Junta sobre la Privacidad y las Libertades Civiles” que revisará la política del gobierno al respecto. La Unión Americana de Libertades Civiles declaró que la junta sería “como el lobo que cuida el gallinero: la junta será nombrada por el presidente y actuará a su discreción”.

La aprobación de esta ley complementa las medidas que están tomando los gobernantes norteamericanos para reorganizar sus fuerzas armadas en brigadas más pequeñas y letales y poder movilizarlas a cualquier rincón del mundo. Washington está cambiando el enfoque de sus operaciones de espionaje hacia la infiltración directa de sus adversarios y actividades de espionaje de “tiempo real” en el campo de batalla, como los que usaron las tropas norteamericanas durante la reciente ofensiva contra Faluya. Estos cambios significan transferir el control de algunas operaciones paramilitares de la CIA al Pentágono.

Los congresistas eliminaron de la última versión de la ley una disposición que prohibiría el otorgamiento de licencias de manejar a los trabajadores indocumentados, lo cual actualmente se permite en 11 estados.

Sin embargo, la ley establece nuevas normas federales para la emisión de licencicas de conducir, sentando las bases para que en el futuro se exija que todos los portadores de una licencia de manejo tengan un número oficial de seguro social. Esto también facilitaría la creación de una tarjeta nacional de identidad, medida que los patrones y el gobierno podrían usar para atacar los derechos de los trabajadores.