septiembre de 2004 Vol. 28 No. 8

Problema de la vivienda acrecenta crisis económica para trabajadores
Alquileres devoran salarios; crece el número de familias sin techo

POR MARTÍN KOPPEL

NUEVA YORK-Un plan del alcalde Michael Bloomberg que hace más severos los requisitos para ser admitido a albergues de trabajadores desamparados, así como los últimos recortes del gobierno federal en los subsidios de alquileres, son medidas que han puesto de relieve la crisis de vivienda que enfrenta el pueblo trabajador en esta ciudad.

Bloomberg anunció recientemente que su gobierno va a aplicar una nueva política destinada a reducir en dos tercios el número de personas sin techo en esta ciudad en un plazo de cinco años. Un elemento clave de esta "solución" es el uso más estricto de requisitos para los que solicitan alojamiento en los albergues. Uno de los métodos es el de tratar de excluir a más personas bajo el pretexto de que tienen la "opción" de alojarse en casa de parientes.

Más de 40 mil personas en Nueva York viven en albergues o en la calle, según cifras del Departamento de Servicios para Desamparados (DHS) de la ciudad. Esto representa un alza del 60 por ciento en el número de personas alojadas en albergues para desamparados desde 2001. Este aumento coincide con el punto límite de cinco años para los trabajadores que recibían pagos federales de asistencia pública.

Por otro lado, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) del gobierno federal anunció que este año recortará los fondos para subsidios de alquileres a nivel nacional. En Nueva York los recortes afectarán muchos de los 172 mil hogares de trabajadores que dependen de subsidios federales de alquileres, conocidos como cupones de la Sección 8.

Estos ataques del gobierno se suman a la crítica situación de la vivienda que enfrenta el pueblo trabajador en Nueva York, donde los dueños de edificios continúan aumentando los alquileres, aprovechando una tasa de vacancia de apartamentos de apenas 2.9 por ciento.

Y los elevadísimos alquileres no nos garantizan buenas condiciones de vivienda. Millones vivimos apiñados en apartamentos con goteras, techos que se desmoronan, e infestaciones de cucarachas y ratones, así como caseros que rehusan brindar servicios y mantenimiento adecuados. Muchas familias inmigrantes viven de a dos o tres en apartamentos donde los caseros se aprovechan de su situación vulnerable para timarlos.

Los trabajadores enfrentan una crisis de la vivienda más y más grave por todo Estados Unidos. No se trata de un problema coyuntural o simplemente el producto de políticas estatales, sino un aspecto permanente del capitalismo, tanto en este país como a nivel mundial.

La crisis de la vivienda queda amplificado por las presiones desgastantes sobre los salarios y empleos de los trabajadores. Si bien la tasa oficial de desempleo a nivel nacional es del 5.6 por ciento, en Nueva York asciende al 8.5 por ciento, y a casi el 13 por ciento para negros, 10 por ciento para latinos y 29 por ciento para adolescentes.

Los salarios reales han ido decayendo, mientras han subido los precios del combustible y la leche, así como los pasajes de autobús y subterráneo. Uno de cada cuatro residentes de la ciudad carece de seguro médico, al tiempo que se disparan los costos médicos.

Nueva York, con una población de ocho millones, tiene dos millones de apartamentos y casas de alquiler. Dos tercios de sus habitantes son inquilinos y un tercio son dueños de casa. En Estados Unidos la proporción es la inversa.

Ante la escasa oferta de tierra y viviendas en relación a la demanda, los alquileres en Nueva York han alcanzado niveles récord. El alquiler medio para un apartamento de un dormitorio que está regido por las pautas de "estabilización de alquiler" es de 1 343 dólares por mes, según la junta de regulación de alquileres de Nueva York. Aún en otros distritos de la ciudad donde los alquileres son más bajos, como el vecindario en el Bronx donde yo vivo, no es infrecuente pagar 800 dólares al mes.

Por lo tanto, casi la mitad de los hogares de inquilinos en Nueva York pagan más del 30 por ciento de sus ingresos para el alquiler y los servicios de gas y electricidad. Y uno de cada cuatro hogares paga más de la mitad de sus ingresos en alquiler. En otras ciudades tales como Boston y Los Angeles, los trabajadores enfrentan una carga de alquiler parecida.

Con una tasa de vacancia de 2.9 por ciento en Nueva York, no le resulta muy fácil a una familia obrera mudarse a otro apartamento si el alquiler sube demasiado. Las tasas de vacancia son más bajas para los apartamentos de alquiler más costeable: es mucho más fácil encontrar apartamentos con alquileres de dos mil dólares o más.

En otras palabras, no se trata de una escasez de vivienda, sino más bien de una escasez de viviendas a precios asequibles.

Con los elevados niveles de alquiler, el hacinamiento está aumentando. Según un informe reciente de la Junta de Regulación de Rentas, se considera que más del 11 por ciento de las unidades alquiladas en la ciudad están hacinadas, lo cual se define como un promedio de más de una persona por cuarto.

El hacinamiento es muy común en barrios predominantemente inmigrantes como Corona y Jackson Heights, Queens. Propietarios inescrupulosos han aprovechado esta situación construyendo decenas de miles de apartamentos al subdividir ilegalmente sótanos, altillos o garajes -que en muchos casos serían trampas mortales en caso de incendio- que alquilan a inmigrantes indocumentados.

Elizabeth Campos, una inmigrante mexicana de 30 años que vive en El Barrio, dijo a una reportera del New York Daily News en noviembre pasado que ella, su esposo y sus tres hijos comparten un apartamento de un dormitorio con su hermana Alba y sus cuatro hijos. "El lugar es tan pequeño que Alba duerme en un colchón en la cocina", escribió la reportera Fernanda Santos.

"Los niños, de entre nueve meses y 13 años, se amontonan en literas que hacen tanto de área de recreo como de estudio. Aunque todos los adultos en la casa trabajan -el esposo de Campos es cocinero- es un arreglo que deben tolerar para poder pagar el alquiler de 800 dólares por mes", señalaba el artículo.

"Tenemos dos o a veces tres trabajos, pero el dinero no alcanza", dijo Campos.

El hacinamiento y las condiciones insalubres de las viviendas agravan la crisis de la salud en los barrios obreros más empobrecidos. Hunt's Point, un barrio principalmente puertorriqueño y dominicano en el Bronx, sufre de uno de los índices de asma más altos de Estados Unidos. Más del 30 por ciento de los niños de edad escolar en esa zona padecen de asma. Las cucarachas y el polvo en los edificios de apartamentos son alergenos que contribuyen al asma, como también lo son los contaminantes de una cercana planta de desechos en este distrito industrial.

¿Acaso la escasez de viviendas significa que no hay construcción de viviendas en Nueva York? Al contrario. El año pasado se otorgó el mayor número de permisos de construcción de vivienda -unos 21 mil- desde 1973. Pero la construcción de viviendas a precio costeable está lejos de corresponder a las necesidades del pueblo trabajador: no es rentable.

Los trabajadores que son inquilinos no son los únicos que se encuentran aplastados por la crisis de la vivienda. La mayoría de los pequeños propietarios de casa están agobiados por pagos de hipoteca e impuestos a la propiedad. Son "dueños" solo de nombre. Hacen pagos mensuales al banco en vez de pagar alquiler al casero. Los subsidios, las políticas de préstamo, las leyes de zonificación y las exenciones de impuestos están destinados todos a beneficiar a los grandes intereses inmobiliarios, no a los trabajadores que son dueños de casas.

Hoy día los dueños de casas en Nueva York pagan el 42.5 por ciento de sus ingresos en pagos a los préstamos para viviendas, según un artículo del 19 de julio del servicio noticioso Business Wire. Por lo tanto, hay un elevado número de ejecuciones hipotecarias. En los primeros seis meses de este año se entablaron casi 3 mil casos solo en Queens y Brooklyn.

A través de las décadas, los trabajadores en esta ciudad han librado luchas por viviendas a precios costeables -desde acciones de masas para impedir desahucios en los años 30 hasta las "huelgas de inquilinos" en Harlem en 1963-64- que condujeron a leyes de control de alquileres y otras medidas. A cada paso los magnates inmobiliarios y otros capitalistas han resistido tenazmente estas leyes, por más modestas e insuficientes que sean, y han logrado limitar su alcance.

Dos de cada tres apartamentos y casas de alquiler en Nueva York están sujetos a alguna forma de topes de alquileres. El "control de alquileres", que limita la tasa de aumentos de alquileres de acuerdo a cierta fórmula, afecta a los apartamentos cuyos inquilinos han estado viviendo ahí continuamente desde antes de 1971, el año en que se aprobó una ley de "liberación de alquileres". En las últimas tres décadas, el número de apartamentos regidos por el control de alquileres ha disminuido de más de un millón hasta apenas 59 mil en la actualidad.

Bajo las pautas de "estabilización de alquileres", que afectan a más de un millón de unidades, los dueños pueden aumentar el alquiler de acuerdo a una escala decidida anualmente por la Junta de Regulación de Alquileres. Este año, por ejemplo, la junta fijó las alzas de alquiler en 3.5 por ciento para contratos de un año y en 6.5 por ciento para contratos de dos años.

Desde luego, las pautas contienen muchas cláusulas escapatorias para que los caseros aumenten aún más los alquileres. Los dueños del edificio donde yo vivo, por ejemplo, han tratado de obtener permiso para un enorme aumento de alquiler bajo el pretexto de "mejoras de capital", aunque los vecinos señalan que no parece mejorar el mantenimiento general de este edificio viejo.

Además, la junta "equilibrada" está amañada a favor de los caseros. Sus nueve miembros, nombrados por el alcalde, son dos "representantes de dueños", dos "representantes de inquilinos" y cinco que representan al "público". Pero no hay ni un solo trabajador en la junta. Los miembros supuestamente públicos son: un banquero, un empresario inmobiliario, dos abogados y un arquitecto. La junta está presidida por Marvin Markus, vicepresidente de la empresa bancaria Goldman Sachs, quien es tan conocido por aprobar automáticamente las alzas de alquileres que se le apoda "Marvin Mark-up" (Marvin Aumento).

Aún con la estabilización de alquileres, el costo de la vivienda está mucho más allá del alcance de muchas personas, especialmente de los que tienen ingresos por debajo del nivel oficial de pobreza: un 22 por ciento de las familias de inquilinos. Dependen de los cupones de subsidio "Sección 8": el inquilino paga al dueño el 30 por ciento del alquiler y el subsidio cubre el resto. Cabe destacar que estos subsidios federales fueron diseñados para dar preferencia a las viviendas privadas a expensas de las públicas.

Más de 172 mil trabajadores reciben cupones de la Sección 8, y en la lista de espera hay otros 154 mil hogares, con un plazo de espera que promedia en ocho años. El gobierno cerró la lista de espera en 1994.

El HUD proyecta recortar 49 millones de dólares de los fondos destinados a la Sección 8 en Nueva York a partir de agosto.

El Congreso norteamericano ha recortado 1.6 mil millones de dólares del presupuesto del HUD para el año fiscal 2005. El departamento de vivienda ha traspasado estos recortes al presupuesto para la Sección 8.

Anticipando esta acción, la Autoridad de Viviendas de Nueva York ha congelado la distribución de nuevos cupones de subsidio.

Encima de estas medidas, los funcionarios municipales han comenzado a aplicar una ley federal de 1998 que niega el acceso a las viviendas públicas a los trabajadores desempleados a menos que realicen "obras comunitarias", o sea, trabajo no remunerado y de poco valor social. Este requisito podría afectar a 80 mil de los casi 420 mil residentes de Nueva York que viven en edificios públicos. La ley, que tiene el nombre cínico Ley de Viviendas de Calidad y de Responsabilidad de Trabajo, fue promulgada por la administración de William Clinton, quien basó esta legislación en su ley de 1996 que eliminó "la asistencia social según la conocemos". Cuando los barones inmobiliarios deciden que ya no les conviene sacarles más el jugo a los edificios de apartamentos, entonces obligan a los inquilinos a abandonarlos, derriban los edificios viejos, y los reemplazan con apartamentos de lujo o edificios comerciales, un proceso conocido como "gentrificación".

En un enorme complejo de apartamentos en el centro de Yonkers, al norte de esta ciudad, Wigberto Astacio me dijo, "La gentrificación está ocurriendo también en esta ciudad". Hace años, los inquilinos en su edificio eran mayormente residentes blancos y de clase media, dijo. A medida que se fue deteriorando la vivienda, estos residentes se mudaron y fueron reemplazados por trabajadores, en su gran mayoría negros y latinos. Muchos dependen de la Sección 8 para pagar el alquiler, dijo Astacio.

"Hoy se puede ver cómo los dueños están tratando que expulsar a la gente", dijo. En el edificio de enfrente, los dueños se retiraron del programa de subsidios del HUD y aumentaron los alquileres al doble: un apartamento de un dormitorio subió de 450 a 950 dólares al mes. "Ahora algunos apartamentos están vacantes. Al lado de mi edificio, lograron que se cerrara el centro preescolar. Los agentes inmobiliarios esperan expulsar a la gente, demoler los edificios y reemplazarlos con viviendas de lujo".

La atención pública también se ha enfocado en el aumento rápido del número de trabajadores sin techo. A principios de los años 80, el fenómeno de los trabajadores desamparados se convirtió en un fenómeno masivo en esta ciudad por primera vez desde la Gran Depresión de los años 30. Alcanzó su nivel más alto en 1987, y bajó rápidamente en los años posteriores, conforme el gobierno municipal construyó viviendas nuevas para miles de personas que estaban desamparadas, informó Shelly Nortz de la Coalición para los Desamparados en una entrevista telefónica del 4 de agosto.

Pero debido a la crisis económica a largo plazo, a fines de los años 90 comenzó a crecer de nuevo el número de trabajadores sin hogar. hoy día hay más de 38 mil personas en albergues municipales: 60 por ciento más que hace tres años. El aumento más grande en años recientes ha sido el número de familias sin techo. Actualmente hay 9 mil familias con 16 mil niños que viven en los albergues. Además hay miles de personas que viven en la calle.