mayo de 2004 Vol. 28 No. 5

Capitalistas buscan frenar aplicación de ley de reforma agraria

POR ARGIRIS MALAPANIS

SAN CARLOS, Venezuela- "Tomamos posesión de esta tierra el 23 de diciembre", dijo Jubir Yauca. "Ya para el día siguiente unos 250 campesinos y sus familias se habían mudado para acá. Ahora somos indiscutiblemente los dueños de unas 39 mil hectáreas de tierra arable. La hemos cercado, y ahora vamos a reclamar el resto de las tierras que los grandes terratenientes nos robaron a la fuerza".

Jubir Yauca quien habló con los periodistas de Perspectiva Mundial el 16 de marzo en este nuevo campo agrícola, es uno de seis hermanos de la familia indígena Yauca, los últimos miembros de la tribu Yauca. Con la ayuda de muchos otros campesinos, después de dos décadas y media de lucha, la familia logró recientemente que el gobierno reconociera oficialmente que 150 mil hectáreas de tierra fértil ubicadas cerca de San Carlos pertenecen a la tribu Yauca. San Carlos es la capital de la provincia de Cojedes en el noroeste de Venezuela.

Los Yaucas, desde antes habían declarado que no querían las tierras para sí mismos, sino que las distribuirían entre los campesinos sin tierra quienes han formado cooperativas y están dispuestos a trabajarla. Y eso es lo que están haciendo.

En el último año, decenas de miles de campesinos por toda Venezuela han logrado éxitos similares después de duras batallas y aprovechándose de las cláusulas en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario promulgada en noviembre de 2001.

Esta ley es una de las medidas más controvertidas puesta en vigencia por el gobierno dirigido por el presidente Hugo Chávez. Las luchas de los campesinos para implementarla a encendido la furia de la mayoría de los grandes capitalistas y terratenientes, y sus aliados en Washington.

Entre el otoño de 2001 y fines de 2003 casi 75 mil familias campesinas sin tierra han obtenido títulos de propiedad para más de 2 millones de hectáreas de tierra según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Tierras venezolano. Más de 15 mil campesinos recibieron títulos de propiedad en el último trimestre de 2003, lo que indica que ha habido un aumento en la distribución de tierra. Muchos de estos campesinos también han recibido créditos a bajo interés de agencias gubernamentales.

Sin embargo estos campesinos enfrentan grandes obstáculos en sus esfuerzos para consolidar sus logros en el aumento y la diversificación de la producción. Los bajos precios que reciben por sus productos en el mercado y las campañas de los grandes ganaderos, otros agricultores capitalistas y el agro comercio para retrasar o impedir la implementación de la ley de 2001 han frustrado en muchos casos los esfuerzos de los campesinos y han terminado en derrotas.

Desde hace dos años unas 400 familias han estado luchando por acceso a la tierra en la región de San Carlos después que el gobierno les prometiera títulos de propiedad y créditos. La primer ves que los periodistas de Perspectiva Mundial aprendieron de esta lucha fue durante una conferencia agrícola aquí en junio de 2002. Muchos de los campesinos que participaron en esa reunión ahora están ocupando las tierras de los Yauca.

Durante una visita posterior en Octubre era evidente que la lucha estaba estancada. La entrega de tierra a estas familias estaba ligada a la resolución de la demanda hecha por la familia Yauca, que decía tener prueba de que las 150 mil hectáreas de tierra, que incluyen varios grandes terrenos ganaderos, pertenecían a la tribu Yauca y que habían sido robadas violentamente por los terratenientes capitalistas con apoyo del gobierno nacional. En ese entonces nos dijeron que INTi había ignorado la petición de los Yauca.

Durante esta visita, Angel Sarmiento, uno de los dirigentes campesino que acompañó a los periodistas de Perspectiva Mundial en su primera gira en el área en el verano de 2002, nos llevó al nuevo Campo Agrícola Juan Yauca, establecido en tierras que los campesinos han ocupado desde diciembre. A fines del año pasado más de 200 familias campesinas se mudaron a estos terrenos y cercaron la parte que no estaba siendo cultivada o usada para pastoreo por los ganaderos capitalistas. Unas 50 de estas familias que estaban presentes durante la visita el 16 de marzo nos hablaron con mucho gusto de su victoria inicial.

Eduardo Marcano, presidente de la Asociación Cooperativa Ayudantes de Zamora, dijo que él había estado involucrado en la lucha por la tierra de los Yauca por casi 25 años. Su grupo toma el nombre de Ezequiel Zamora, un dirigente de la lucha venezolana por independencia contra España quien luchó para expropiar la tierras y entregársela a los campesinos. Zamora murió en combate en San Carlos. La acción directa de los campesinos ha ganado amplio apoyo en el área.

Un juez reconoció la demanda de los Yauca por 150 mil hectáreas y ya les ha entregado títulos de propiedad para las 39 mil hectáreas que ocuparon hace tres meses.

Hay 17 agricultores capitalistas que usan el resto de las tierras principalmente para ganado, dijo Marcano. "Sólo dos de estos son grandes terracogientes", dijo el dirigente campesino, usando un término burlón dado a los grandes acaparadores de tierra. Uno de estos terratenientes es miembro de la familia del ex general José Rafael Luque quien fue gobernador de Cojedes bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez a principios de los años 90 y que expropio a la fuerza casi la mitad de las tierras de la tribu Yauca, dijo Marcano.

"Nos estamos preparando para ir a la corte y pedir que el juez ordene a los terratenientes a que compren de los Yaucas una parte del terreno a los precios actuales o que empaquen y se vallan", añadió Marcano.

Los campesinos también han lograron el apoyo de algunos oficiales de la Guardia Nacional. Roseana Yani Lugo, una sargento en la Guardia Nacional de origen campesino, se ofreció a servir como su jefe de seguridad. Esta medida junto a la vigilancia constante de los campesinos, ha mantenido alejados a la policía y a los matones contratados por los terratenientes capitalistas, dijo Marcano.

Tulio Delgado, presidente del Comité de Tierra Agrícola Juan Yauca dijo que los campesinos han recibido donativos de comida, agua y medicina de muchas personas de la región. "Esto es crítico", dijo Delgado, "porque aún no tenemos electricidad ni agua en los terrenos".

Ester Agudo organiza un comité de mujeres encargado de dividir la tierra entre los campesinos y para su uso en otros proyectos. La mayoría de los campesinos están participando en cursos de alfabetización y pronto empezarán clases para mejorar sus conocimientos en la siembra y cosecha de varios cultivos en el Instituto Nacional para Educación Cooperativa. Hace dos años, el 75 por ciento de los campesinos entre las 200 familias que participaron en la toma de tierra eran analfabetos, dijo Agudo. "Ahora todos toman cursos y nuestra meta es lograr por lo menos el equivalente de un diploma de secundaria", añadió. Los campesinos también tienen planes para sembrar maíz, arroz, yuca, legumbres y otros cultivos, como también criar ganado y otros animales.

"Estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado hasta ahora", dijo agudo. "Continuaremos luchando. Nuestro lema es tierra o muerte. Pero tenemos planes más grandes".

Estos planes incluyen la construcción de una bodega refrigerada en los terrenos obtenidos por los campesinos para almacenar sus productos y poder venderlos a la nueva red de mercados administrados por el gobierno conocidos como Mercal. Reynaldo Arvelo, un ingeniero del área que los campesinos reclutaron a su causa dijo que él estaba a punto de lograr prestamos para comenzar el proyecto en la primavera. "También tenemos planes de construir una fábrica procesadora de alimentos para animales", dijo Arvelo.

Periodistas de Perspectiva Mundial visitaron varios de las tiendas Mercal que se han surgido por todo el país. Los precios de todos los productos básicos en estas tiendas, desde el arroz hasta el aceite de cocinar y leche en polvo, son entre el 20 y 50 por ciento más baratos que en el mercado regular. El pollo, por ejemplo, que se puede comprar dos o tres veces por semana en la mayoría de los Mercales, cuesta 2 mil bolívares el kilo (0.47 dólares la libra) comparado a 3 600 (0.85 dólares la libra) en los supermercados privados. En muchos barrios obreros las tiendas Mercal han remplazado la distribución de comestibles a precios subsidiados que hasta hace poco se realizaba a través de la Guardia Nacional. Varios trabajadores dijeron que el único problema es que el gobierno ha racionado los productos imponiendo limites en las cantidades que pueden comprar cada mes en estas tiendas. Sin embargo muchos nos dijeron que la red Mercal es una gran ayuda para millones de trabajadores, ya que la inflación continua aumentando debido en parte a la devaluación del bolívar, la moneda nacional. Mientras el cambio oficial es de 1 920 bolívares al dólar, en el mercado negro se cambia por 2 700 al dólar.

Cerca del 65 por ciento de los alimentos consumidos en el país es importado de Canadá, Estados Unidos, Brasil y otros países, por lo tanto cada devaluación del bolívar tiene graves consecuencias para el pueblo trabajador.

Dirigentes campesinos en San Carlos y en otros lugares dicen que están exigiendo que el gobierno invierta en proyectos para el desarrollo de una industria alimenticia doméstica, que acompañe una reforma agraria más radical y la diversificación de la producción agrícola para disminuir la dependencia en las importaciones de alimentos. Marcano dijo que como resultado de estas demandas el gobierno le pidió al Banco Central entregar un mil millones de dólares de su reserva de divisas para iniciar tales inversiones. Todavía no hay evidencia que halla comenzado algo significativo en este frente.

El carácter contradictorio de los logros hechos por los campesinos tras duras batallas por la tierra fue más evidente durante una visita a la cooperativa Los Cañizos en el municipio de Yaracuy en Veroes, un estado principalmente agrícola al norte de Cojedes.

Según los campesinos locales la mayoría de las 400 familias campesinas que viven en Los Cañizos, recibieron títulos de propiedad para sus tierras después de haber luchado por 16 años, incluidos enfrentamientos con la Guardia Nacional antes de que Chávez fuera elegido a la presidencia en 1988. Treinta y cinco de estas familias también son miembros de la cooperativa Los Cañizos, que el año pasado recibió su primer crédito de FONDAFA, la institución gubernamental encargada de proveerlos, para comprar su primer tractor.

Napoleón Tortolero, presidente de la cooperativa y dirigente central de la lucha en Los Cañizos dijo el 16 de marzo que la membresía en la cooperativa había desminuido por un 50 por ciento a 18 familias campesinas.

Víctor Torrelles, otro dirigente campesino, dijo que esto se debía en gran parte al lento proceso de conseguir la ayuda prometida por el gobierno. El crédito inicial de 77 millones de bolívares (40 mil dólares), la mitad del cual se uso en la compra del tractor, no fue suficiente para completar un pozo de agua y comprar las bombas para irrigación, dijo Torrelles. Esto ha resultado en la reducción de las cosechas y el aumento en la frustración de no poder ganarse el sustento. Por encima de todo esto también tienen que comprar toda la semilla y el fertilizante de compañías en San Felipe, la capital de Yaracuy, "controladas por los escuálidos," quienes cobran precios exorbitantes.

Escuálidos es el nombre comúnmente dado a los partidarios de la oposición pro imperialista. Va a tomar bastante tiempo para obtener los fondos para crear invernaderos donde puedan producir su propia semilla, dijeron Torrelles y Tortolero.

"La construcción de nuevas viviendas también ha disminuido", dijo Tortolero, "porque los contratistas locales se están enriqueciendo robando el dinero que el gobierno entrega para estos proyectos". Cuarenta casas nuevas fueron construidas el año pasado en Los Cañizos, solo el 10 por ciento de las que se necesitan y actualmente no se esta construyendo ninguna. Para enfrentar el problema la cooperativa ha tomado la iniciativa de exigir que el gobierno nacional entregue directamente a los campesinos los materiales necesarios para construir las casas con mano de obra local o "con brigadas como lo hacen en Cuba", dijo Tortolero. Torrelles dijo que él había trabajado en la construcción por 15 años y que hay muchos como él en el área con la capacidad para hacer el trabajo.

A pesar de todos los problemas, estos campesinos no se han desilusionado y continúan subrayando sus logros. Gregorio Gómez, uno de los miembros más nuevos de la cooperativa Los Cañizos y agricultor de caña de azúcar en sus 10 acres de tierra, nos mostró con orgullo su tractor, el segundo de la cooperativa adquirido este año con un crédito de FONDAFA. "Nunca hubiese tenido los recursos para conseguirlo solo", dijo Gómez. A la misma vez Gómez señaló que aún no llega la electricidad a su rancho, la cual se encuentra a unas dos millas del resto de la comunidad de Los Cañizos, la que fue electrificada el año pasado. "Es una batalla", dijo Gómez.

Tortolero dijo que la meta del Comité Coordinador Nacional Agrícola Ezequiel Zamora, la organización nacional a la cual pertenecen los militantes campesinos de Los Cañizos, es de distribuir tierras a unas 300 mil familias campesinas por todo el país. Hasta el año 2000, cerca de mil grandes terratenientes controlaban el 85 por ciento de la tierra cultivada, un total de 75 millones de acres. Unas 350 mil familias campesinas pobres, dueñas de terrenos de 1 a 20 hectáreas cada una, producen cerca del 70 por ciento de los vegetales y otros importantes cultivos. El gobierno nacional anunció en 2001 la nacionalización de 12.4 millones de hectáreas de tierras cultivables ociosas con la promesa de entregarlas a los campesinos.

Sin embargo, la lucha por la tierra es solo parte de la confrontación de clases en el campo.

Durante un almuerzo en un pueblo cercano, Tortolero nos mostró un camión lleno de cortadores de caña cubiertos de hollín que regresaban de trabajar en campos donde se había quemado la hierba. Según Tortolero estos trabajadores trabajan principalmente para “batistianos”. Estos son agricultores capitalistas cubanos que huyeron de la isla caribeña y llegaron a Venezuela cuando los obreros y campesinos en Cuba derrocaron a través de una revolución popular en 1959 a la dictadura de Fulgencio Batista apoyada por Washington.

Los cortadores de caña ganan menos del salario mínimo de 200 mil bolívares al mes (100 dólares) y sus condiciones de trabajo están entre las peores, dijo Tortolero. "Estamos tratando de ver como podemos a ayudarles a que se organicen y trabajar con ellos," dijo. "Esa es una de las formas en que podemos enfrentar el poder de los capitalistas".

La necesidad de organizar a los trabajadores agrícolas y empezar a verlos como aliados principales en la lucha para acabar con la explotación de clase también se hizo evidente el 15 de marzo durante una visita en el municipio de Bovares en el estado de Lara, al oeste de Yaracuy.

Damacio Arrieche, quien siembra una pequeña parcela de tierra en Bovares, dijo a Perspectiva Mundial que como él, unos 200 campesinos han recibido títulos de propiedad en los últimos dos años como resultado de luchas para implementar la nueva ley de reforma agraria. "Pero aún ninguno de ellos ha recibido créditos", dijo. "Nuestras condiciones son similares a las de los trabajadores del campo. Estamos tratando de organizarnos y trabajar juntos".

En Bovares el principal producto agrícola es la piña. Muchos de los agricultores de piña son medianos agricultores como Edicxon Izarra, cuyo padre tiene unas 81 hectáreas de muy buena tierra para el cultivo de piña y emplea a unos 20 trabajadores. Este es un cultivo que requiere mucha labor intensiva, trabajando agachado gran parte del día para atender la pequeña mata o para cosechar la fruta. "Tratamos bien a nuestros trabajadores", dijo Izarra. El explicó que su familia es gran partidaria del gobierno de Chávez. "Los que deseen pueden sembrar una parcela y responsabilizarse de la producción y la cosecha, y poder recibir el ingreso de la venta además de sus salarios". Izarra dijo que su padre le paga a estos trabajadores 6 mil bolívares al día (3 dólares), la mitad del salario mínimo.

"Esto es parte de lo que estamos luchando en contra", dijo Arrieche.

A pesar de estos desafíos la mayoría de los campesinos entrevistados dijeron que si fuese necesario ellos tomarían las armas para prevenir que la coalición opositora derroque al gobierno de Chávez.

"Esta gente estuvo en el poder por 40 años antes que Chávez", dijo Tortolero. "Si regresan, todos los títulos de propiedad, los tractores y todo lo que hemos logrado en estos últimos años desaparecerá. Esta gente usó el ejército y la policía contra nosotros, y hasta contaminaron los arroyos cuando tomamos las tierras y no nos íbamos. No les permitiremos que regresen".

Parte de esta lucha, dijeron Tortolero, Arrieche y Marcano, requiere el organizarse para contrarrestar el poder económico de los grandes agricultores y agro comerciantes, quienes forman parte del partido en el gobierno o apoyan al gobierno de Chávez quien a cambio protege sus intereses.

En el nuevo campo agrícola Juan Yauca en las afueras de San Carlos, los campesinos mostraron su optimismo sobre su victoria inicial y dijeron estar listos para la nueva etapa de la lucha, para enfrentar a los grandes ganaderos y forzarlos a comprar la tierra y pagar por ellas a los Yauca -lo que le permitiría a la cooperativa campesina desarrollar más rápido sus cultivos- o empacar e irse del área. Esta será una montaña más difícil de escalar.