marzo de 2004 Vol. 28 No. 3

Washington pretende que aerolíneas le entreguen datos de sus pasajeros

POR PATRICK O'NEILL

Washington está adoptando medidas para exigir que las aerolíneas y compañías de reservaciones estadounidenses entreguen al gobierno todos los datos de pasajeros para su escrutinio. Según un artículo en el Washington Post del 12 de enero, "a todos los viajeros que pasen por un aeropuerto de Estados Unidos se les asignará un número y un color que los clasificará de acuerdo al nivel de riesgo que se estime representan para la aeronave".

Un segundo programa, que el gobierno introducirá más adelante este año, consistirá en agilizar el paso por la inspección de seguridad de los viajeros frecuentes, si éstos dan al gobierno información personal de forma voluntaria, según señaló el Post.

Estas medidas amplían el nuevo programa de control que ya enfrenta la mayoría de viajeros que entra a Estados Unidos. Desde el 5 de enero, a los visitantes de todos menos 27 países que arriban a los 115 aeropuertos y 14 puertos de este país, se les han tomado sus huellas dactilares así como fotografías para determinar su identidad y cotejarla contra listas de llamados terroristas y criminales. Al presentar el programa, el director del Departamento de Seguridad Patria (DHS), Thomas Ridge, explicó que este era "un importante elemento nuevo en la guerra global contra el terrorismo".

Ahondan incursiones contra derechos

Las medidas -que gozan de apoyo bipartidista- se valen de previas incursiones contra los derechos del pueblo trabajador bajo el estandarte de la "seguridad patria". Estas incluyen el establecimiento de un Comando Norte para todas las fuerzas armadas nortemericanas, y el mantenimiento de una lista de residentes de Estados Unidos cuyos supuestos vínculos "terroristas" significan que no pueden abordar aviones comerciales en este país.

Las medidas propuestas para rastrear a los viajeros internos supone la construcción de un banco de datos nacional que abarcaría a millones de personas. Los datos de los pasajeros --entre ellos su nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento y plan de viaje-- serían incorporados a la base de datos. Cada pasajero será confrontado con una lista de "criminales que se buscan y de sospechosos de terroristas que están en otro bancos de datos", informó el Post.

Este proyecto es la segunda versión del Programa Asistido por Computadora de Pre Investigación de Pasajeros (CAPPS 2). Bajo el CAPPS 2, a cada pasajero se le asignará un color y un número clasificación que representan el nivel de amenaza que supuestamente representa contra la "seguridad nacional". A un pasajero que se clasifique con el rojo no se le permitirá abordar (no han dicho qué otras consecuencias supondrá); amarillo significará más registros e interrogatorios; y verde supuestamente aumentará las posibilidades de un viaje sin restricciones.

El que un pasajero escoja rutas o aeropuertos que el gobierno considera favoritos entre "terroristas", será motivo para elevar la clasificación de tal viajero como riesgo de seguridad. Funcionarios estiman que cerca del 5 por ciento de los viajeros serán catalogados con rojo o amarillo.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA), formada en noviembre de 2001, estará a cargo del programa. Los preparativos de la TSA para ponerlo en marcha han enfrentado algunos obstáculos, conforme los dueños de las aerolíneas intentan protegerse de desafíos judiciales por parte de pasajeros o grupos pro derechos civiles por violación al derecho de la privacidad y por lo tanto no han estado muy dispuestos a cooperar abiertamente o a participar con los programas piloto de investigación.

La aerolína Northwest, la cuarta más grande en Estados Unidos, es un ejemplo. En septiembre, funcionarios de la compañía declararon que "no entregaron ese tipo de información [de pasajeros] a nadie". Sin embargo, el 16 de enero la Northwest admitió que desde octubre hasta diciembre de 2001 había entregado detalles de tarjetas de crédito de pasajeros, junto con nombres, direcciones y números telefónicos a la NASA para experimentos encaminados a "explorar información".

La "Nothwest tenía el deber y la obligación de cooperar con el gobierno federal por motivos de seguridad nacional", señaló la compañía. Según el Post, la aerolínea Jet Blue abandonó un programa similar luego que unos pasajeros la demandaron por violar sus derechos a la privacidad. "Que dos aerolíneas participen en sendos programas demuestra el papel clandestino de la indus tria dentro de las iniciativas de seguridad del gobierno", sostuvo el Post.

Funcionarios de la TSA anunciaron la puesta a prueba de una parte del programa CAPPS 2 que supone un plan de "viajero inscrito", bajo el cual van a motivar a los pasajeros a brindar detalles personales al gobierno de forma voluntaria. A los viajeros que pasen la revisión se les clasificará como "viajeros de confianza" y supuestamente tendrán un trámite de revisión más rápido. Dave Stone, administrador de la TSA, aclaró que estos viajeros aún tendrían que "pasar por un nivel básico de chequeo".

Grupos e individuos que defienden las libertades civiles y que han criticado las nuevas medidas como un atropello al derecho a la vida privada, a la vez aceptan el marco de referencia del gobierno de que la meta es detener los "ataques terroristas". Barry Steinhardt, director del programa de tecnología y libertad de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a reporteros del Post que los "terroristas" aprenden de una u otra forma a "burlar" el sistema.

Richard Sobel, descrito como investigador en política de privacidad en la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que "sistemas de barredera" como el CAPPS 2 "sirven para sentirse mejor, pero a nivel económico son ineficientes. Sería mucho mejor si el gobierno empleara recursos para identificar mejor a la gente y disuadir a los que pudieran causar daños en vez de dedicar recursos al 99 por ciento de la población que son inocentes".

Políticos del Partido Demócrata que se pintan como mejor calificados para defender la "seguridad patria" que sus rivales republicanos, han apoyado el programa de toma de huellas y otras propuestas del CAPPS 2 para ampliarlo. El senador por Nueva York Charles Schummer dijo en conferencia de prensa el 31 de enero que el Departamento de Seguridad Patria debería ampliar el uso de la tecnología investigativa para abarcar a los visitantes extranjeros en la terminal municipal de barcos de pasajeros.

"Si hay algo que hemos aprendido desde el 11 de septiembre", dijo Schummer, "es que no se puede ser demasiado cuidadoso. Si tapamos un agujero que brega con el anti-terrorismo, pero dejamos otro abierto, ellos van a hallar el que está abierto". Un portavoz de la Protección de Aduanas y Fronteras estadounidense dijo que el programa de investigación se extendería a todos los puntos de entrada en los próximos dos años.

La prensa liberal también ha dado el visto bueno a un control más estricto de las fronteras. "Asegurar que al revisarle las huellas se le viola a un visitante su derecho a la privacidad es inmerecida", señaló un editorial del New York Times el 7 de enero. "El volar en una aerolínea comercial a otro país supone siempre ceder cierto grado de privacidad". El editorial presentó el programa como "sólo el primer paso en la lucha de la nación para rastrear mejor a quien entre y salga del país".

El sistema de rastrear personas con visas se conoce como US-VISIT o Tecnología Indicadora del Estado del Turista e Inmigrante de Estados Unidos. Según un despacho de Prensa Asociada del 13 de enero, unos 24 millones de personas serán registradas cada año. Ya se están tomando huellas de visitantes de todos menos 27 países, cuyos ciudadanos no requieren visa de entrada a Estados Unidos. Ya que los 27 se hallan en Europa e incluyen a los países imperialistas de Australia y Nueva Zelanda, son ante todo los viajeros de Oriente Medio, África, Asia, y América Latina quienes son blanco de esa medida.