febrero de 2004 Vol. 28 No. 2

Pescadores luchan por ingresos
Exigen aplicación de leyes de protección a trabajadores de la pesca

POR ARGIRIS MALAPANIS
Y CAMILO CATALÁN

CUMANA, Venezuela-"Ya casi tenemos formada una cooperativa y la esperamos tener al final del año", dijo Tomás Blanca, un pescador aquí, en la capital del estado de Sucre, a 300 millas al oeste de Caracas, el 30 de septiembre. "Con la cooperativa podremos obtener créditos, comprar motores y botes polivalentes y vender la pesca directamente en el mercado. Actualmente las compañías revenden el pescado a 2 500 bolívares (1.60 dólar) por kilo después de comprárnoslo por 500."

La confianza que expresa Blanca de que los pescadores independientes han progresado un poco durante el último año en la implementación de la Ley de la Pesca y Acuicultura es evidente entre otros productores aquí.

El gobierno aprobó esta ley en 2001, conjuntamente con la nueva ley de reforma agraria y otras que refuerzan el control estatal sobre el petróleo, el gas y los recursos minerales que son parte del patrimonio nacional del país. La ley de la pesca ha alimentado la hostilidad de la burguesía venezolana apoyada por Washington contra el presidente Hugo Chávez.

La ley otorga a los pequeños pescadores derechos exclusivos de pesca hasta seis millas náuticas de la costa. Anteriormente las grandes compañías pesqueras podían pescar hasta tres millas de la costa. Muy a menudo se acercaban hasta una milla de la costa sobornando a la Guardia Costera, dijo Blanca. Con sus equipos de alta tecnología a veces recogen todo el pescado y no dejan casi nada para los pequeños pescadores.

"Desde el año pasado hay suficiente pescado para pescar", dijo Yorbaris Bermúdez, quien vive con su familia en una casa con techo de lata y piso de tierra a unos cuantos pasos del mar en la comunidad de San Carlos en Cumaná, donde la mayoría de los residentes son pescadores. "Por eso casi todos los pescadores son chavistas".

La ley de pesca otorga derechos exclusivos a los pequeños pescadores para la pesca de sardinas y otros mariscos, así como toda la pesca en ríos y lagos del interior. La medida establece pautas para la asistencia financiera de estos productores explotados -sobre todo créditos para las cooperativas pesqueras- para asegurar su sustento. También impone mayores impuestos a las compañías capitalistas pesqueras y normas que podrían mejorar las condiciones de los trabajadores en los barcos pesqueros industriales.

La implementación de la ley del 2001 está todavía retrasada, dijo Blanca, pero se han hecho algunos avances en la organización de cooperativas, que es la única manera de obtener ayuda del gobierno. Blanca mostró a los reporteros de Perspectiva Mundial los documentos que él y otros cinco pescadores habían entregadopara formar una cooperativa.

Donde no existen cooperativas, todos los créditos disponibles bajo la nueva ley para asistir a los pescadores independientes en el estado de Sucre han sido canalizados a través de la oficina local del Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura, INAPESCA, un organismo del Estado creado para implementar la Ley de Pesca de 2001. Localmente, INAPESCA está administrada por fuerzas de la oposición, dijo Blanca. "Han usado 8 millones de bolívares (5 mil dólares) de estos créditos para establecer una granja pesquera en el área", dijo. La granja emplea a muy pocas personas y rinde poco comparado con lo que pescadores independientes capturan con sus pequeños botes en el mar, donde abundan los peces de agua salada, explicó Blanca. "Esto es un desperdicio. Los créditos proyectados deben ser puestos bajo el control de los productores independientes".

En unos cuantos estados INAPESCA ya ha entregado créditos a los pescadores. El presidente de INAPESCA Daniel Novoa dijo que los pescadores artesanales atrapan el 70 por ciento del pescado que se consume en el mercado local.

Otros pescadores entrevistados en Cumaná dijeron que uno de los retos políticos más grandes es el de convencer a la mayoría de pescadores locales a que formen cooperativas. Por décadas las autoridades del gobierno han ignorado sus demandas, y hasta ahora muchas de las cosas prometidas en la nueva ley de pesca no han sido implementadas en dos años, lo que hace difícil persuadir a los pescadores que este no va a ser otro esfuerzo desperdiciado.

Blanca, Bermúdez y Marco Motonari -un pescador en San Carlos, quien ahora trabaja a tiempo parcial como vendedor en el mercado local- describieron un nuevo desafío que los pescadores vienen enfrentando desde principios de este año: la piratería en alta mar. Hombres armados en botes pintados de negro paran a los pescadores mientras trabajan, los amenazan con disparar y les roban sus motores y su pesca. Blanca dijo que piensa que estos delincuentes son organizados por las grandes compañías comerciales para desmoralizar a los pescadores independientes y dejen de luchar por sus derechos bajo la ley del 2001.

Blanca dijo que también se podría tratar de una represalia por las acciones de los pequeños pescadores contra la pesca de arrastre realizada por las grandes compañías en la que arrastran el fondo marino y destruyen la biodiversidad submarina.

"Hemos estado luchando contra este tipo de pesca por 12 años", dijo Francisco Roque, un pescador por 50 años. "Tuvimos una confrontación en esta costa con una de estas compañías."

En junio, varios pescadores quemaron tres barcos pesqueros industriales atracados en Cumaná. Sus propietarios se rehusaron a parar la pesca de arrastre. Este método está prohibido cerca de la costa bajo la ley de 2001, pero varias de las grandes compañías continúan practicandola. Varios grupos de pescadores están luchando para que este método sea prohibido totalmente y para que se imponga duras sanciones en contra de los infractores, incluida la expropiación de la compañía.

Blanca es el líder local de la Organización Nacional de Pescadores Artesanales (ONPA), el nuevo nombre del antiguo Comando Nacional Bolivariano de Pescadores Artesanales. ONPA ha reemplazado ampliamente al viejo sindicato de pescadores en la organización de casi 40 mil pequeños pescadores a nivel nacional. El viejo sindicato está controlado por el partido social demócrata Acción Democrática, que durante décadas se turnó en el gobierno nacional con el partido democristiano COPEI hasta que Chávez fue elegido presidente en 1998.

Uno de los objetivos de ONPA es el de lograr que se relajen el requerimiento de permisos para los pequeños pescadores hasta que los créditos y otras medidas que les permitan obtener ingresos sean implementadas, dijo Blanca, o que no cobren las cuotas y entreguen licencias a los pescadores independientes gratuitamente.

Ejemplos de otras medidas que ayudan aliviar la situación de los precios y la falta de créditos son los mercados populares, dirigidos por el ejército, iniciados por el gobierno en diciembre y enero durante la "huelga" patronal que tenía como objetivo derrocar a Chávez. Los alimentos básicos están a la venta a mitad del precio de las tiendas regulares. Bajo demanda popular, estos mercados fueron mantenidos y expandidos a todo el país después que acabó el cierre patronal en febrero.

Estaban Blanca, hermano de Tomás y Carlos Jiménez, quienes trabajan en los barcos industriales, y Eladio Porras, presidente del sindicato de marinos -que organiza a las tripulaciones en las compañías capitalistas pesqueras nos dieron una buena descripción de lo que enfrentan estos trabajadores.

"La compañía nos paga cerca de 530 mil bolívares por viaje", dijo Esteban Blanca. "Un viaje dura 45 días en el mar. Después de esto tenemos un mes de 'descanso' sin pago. Eso significa que ganamos 7 mil bolívares al día, menos que el salario mínimo. Y cuando está mala la pesca nos pagan menos o casi nada porque nos pagan basandose en el total de toneladas atrapadas. A menos que te enfermes en el barco o tengas un accidente en el trabajo, no hay cobertura médica de ningún tipo. Encima de esto, si la policía encuentra drogas a bordo, nos llevan a todos a la cárcel aunque uno no tenga idea qué hay en el barco cuando uno aborda."

Las compañías no reconocen el sindicato, ni respetan la nueva ley de pesca, dijo Blanca.

La mayoría de los 1 200 trabajadores en los barcos industriales pertenecen al sindicato de marinos. En mayo de 1990, las tripulaciones aprobaron un acuerdo colectivo en 53 grandes compañías en toda Venezuela, explicó Porras. La mayoría de estas compañías son propiedad de capitalistas italianos y españoles. Pero los propietarios se han rehusado a obedecer cualquiera de las estipulaciones del contrato o reconocer el sindicato. Según Porras, las compañías pesqueras están obligadas a entregar el 16 por ciento de sus ganancias al año a los trabajadores, pero nunca lo hacen.

Actualmente el sindicato de marinos está luchando para obetener créditos del gobierno para formar una cooperativa que empezaría con un barco industrial y una planta procesadora, empleando a 380 trabajadores inicialmente, dijo Porras. "Estamos convencidos que vamos a poder vender el pescado más barato en el mercado y mejorar los salarios y condiciones de trabajo para todos los trabajadores".

Porras también describió cómo las grandes compañías industriales de pesca saquean la riqueza del país. Estas compañías llenan sus barcos hasta con 1.5 millones de litros de combustible, que compran a 38 bolívares por litro. Esto es 10 bolívares más barato que el precio de la gasolina en Venezuela, el quinto productor más grande de petróleo en el mundo. Este es un subsidio que las compañías de pesca capitalistas obtuvieron al firmar el convenio laboral con el sindicato. Pero todavía lo reciben, a pesar de que de hecho han eliminado el contrato. Los precios del combustible son 10 veces más altos en otros países, dijo Porras. Los trabajadores saben que un barco grande consume sólo la tercera parte de este combustible en cada viaje, pero cada vez ellos regresan y llenan la misma cantidad, evidencia de que los propietarios están vendiendo la mayoría del combustible en el mercado negro a un buen precio.