febrero de 2004 Vol. 28 No. 2

Cortes: inconstitucional la detención indefinida de 'combatientes enemigos'

POR SAM MANUEL

A mediados de diciembre, cortes federales de apelaciones emitieron decisiones en dos casos separados, pero asociados, que pudieran potencialmente dar marcha atrás a la política de Washington de detener a ciudadanos norteamericanos o extranjeros calificados como "combatientes enemigos" y encerrarlos indefinidamente sin cargos y negarles el derecho a un abogado. Las decisiones suceden después que la Corte Suprema decidiera el 10 de noviembre, con objeciones de la Casa Blanca, escuchar dos apelaciones presentadas a nombre de 16 de los casi 660 individuos detenidos calificados como "combatientes enemigos" en el campo de prisión yanqui en la base naval de Guantánamo, Cuba.

Las fallos de las cortes reflejan las tensiones y las divisiones dentro de la clase dominante de Estados Unidos sobre la rapidez y la extensión del uso de la "guerra contra el terrorismo" como justificación para socavar los derechos democráticos.

Lo que está en juego es la autoridad del presidente de detener indefinidamente sin cargos a ciudadanos arrestados en territorio norteamericano y ciudadanos extranjeros capturados en Afganistán. Abogados de la Casa Blanca argumentan que el Artículo II de la Constitución, la cual define los poderes del presidente, le otorga estos poderes y bajo sus facultades como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

"Los poderes constitucionales del presidente no se extienden a la detención de los supuestos de ciudadanos estadounidenses como "combatientes enemigos" sin la autorización precisa del Congreso", escribió la mayoría del panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. "Padilla tendrá derecho a las mismas protecciones constitucionales extendidas a otros ciudadanos".

José Padilla, un ciudadano norteamericano también conocido como Abdullah al-Muhajir, fue arrestado en mayo del 2002 en el aeropuerto O'Hare de Chicago a su llegada de Pakistán. Padilla fue llevado a Nueva York, como testigo material de los ataques del 11 de septiembre del año 2001 al World Trade Center y al Pentágono. Dos días antes de que un juez considerara una petición sobe la orden de detención de Padilla, el presidente Bush lo declaró "combatiente enemigo" y fue transferido a una base Naval de Carolina del Sur. Padilla ha sido retenido en aislamiento por 18 meses sin ningún cargo y sin acceso a sus abogados o a su familia.

La denominación de Padilla como "combatiente enemigo" por el gobierno se basa en información dada por dos individuos que afirman Padilla se había reunido con líderes de al-Qaeda y habían discutido planes para detonar una bomba radioactiva en Estados Unidos. El aparato, llamado "bomba sucia", usa explosivos convencionales para dispersar material radioactivo. Según los abogados de Padilla uno de los individuos ha retirado sus acusaciones. El otro, dijeron, tiene una reputación de proveer información falsa.

El último fallo de la corte ordena al gobierno a liberar a Padilla de la custodia militar en 30 días o tomar otro curso. La corte ofreció al gobierno la opción de transferir a Padilla a las autoridades civiles donde puede ser acusado de cargos criminales, o mantenerlo detenido como testigo material en los procedimientos de un gran jurado. El vocero del Departamento de Justicia, Mark Corallo dijo bruscamente, "Estamos revisando la opinión".

La apelación a favor de Padilla fue respaldada por la Asociación Americana de Abogados y el Comité de Abogados pro Derechos Humanos.

En un segundo fallo, la mayoría de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco fue aún más lejos, dictaminando que "Simplemente no podemos aceptar la posición del gobierno de que el poder ejecutivo posee autoridad sin supervisión alguna para encarcelar indefinidamente a cualquier persona, incluso ciudadanos extranjeros... sin permitir a tales prisioneros acceso a ningún tipo de tribuna judicial".

La apelación fue presentada por abogados de un ciudadano libio que está detenido en Guantánamo con más de 600 prisioneros de 40diferentes países.

El Pentágono ha asignado abogados-militares defensores para dos de los detenidos, Salim Ahmed Hamden de Yemen y David Hicks de Australia. Ambos hombres son parte de un grupo de seis que fueron escogidos por el presidente Bush para comparecer ante tribunales especiales militares. Sólo dos de los 20 abogados que han solicitado representar a los detenidos han sido aprobados para el puesto por el Pentágono.

El diario londinense, el Guardian reportó el 3 de diciembre que el primer equipo de abogados militares defensores asignados a los detenidos fue rechazado por el Pentágono el mismo día que se reportaron a entrar en función. Los abogados fueron despedidos cuando se quejaron de que las normas de los tribunales harían imposible una representación apropiada de sus clientes. Entre otras cosas las normas permitirían que el gobierno escuche las conversaciones entre el abogado y el cliente. El Pentágono dijo que el reporte del Guardian "no es verdadero".