febrero de 2004 Vol. 28 No. 2

Proponen visa de empleo temporal
Proyecto de ley de Casa Blanca busca mayor control de inmigrantes

POR MARTÍN KOPPEL

Una propuesta de ley anunciada por el presidente George Bush el 7 de enero permitiría que los trabajadores indocumentados con empleos en Estados Unidos solicitaran una visa de empleo temporal de tres años. Podrían renovar el permiso, pero no recibirían consideración especial al solicitar la residencia permanente o la ciudadanía.

De ser aprobada, la ley crearía una categoría de trabajadores dependientes de un patrón para mantener su estatus legal y sujetos a ser deportados al vencer su visa. Le brindaría a las autoridades federales una lista de trabajadores inmigrantes para que podrían vigilar mejor. Y le facilitaría a la clase gobernante realizar deportaciones masivas en caso de una depresión económica.

Aunque se anticipa que muchos inmigrantes indocumentados se arriesgarán y solicitarán la visa de empleo temporal con la esperanza de obtener cierta protección aunque sea por unos pocos años, la medida está destinada a defender los intereses de los patrones a expensas de los derechos del pueblo trabajador.

El proyecto de inmigración, uno de varios que serán debatidos en el Congreso en los meses que vienen, responde a las necesidades de los capitalistas en Estados Unidos frente al aumento histórico del número de trabajadores inmigrantes que han sido atraídos a este país por el propio imperialismo norteamericano.

Muchos sectores de la economía norteamericana -la agricultura, los hoteles y restaurantes, la industria de la costura y textil, la construcción y la industria de la carne- dependen de la mano de obra superexplotada de trabajadores inmigrantes, principalmente de América Latina y del Caribe y Asia.

Los patrones en Estados Unidos no están tratando de expulsar a los trabajadores indocumentados del país. Más bien, pretenden extraer más ganancias y fomentar las divisiones entre la clase trabajadora estableciendo un sector paria con pocos derechos y vulnerables a la superexplotación.

Al mismo tiempo, la gran afluencia de inmigrantes ha llevado a una economía subterránea y le ha hecho más difícil a la clase patronal y al gobierno controlar a estos trabajadores. El número de trabajadores indocumentados que viven en Estados Unidos se calcula entre 8 millones y 12 millones: mucho más que en 1986, cuando 3 millones de trabajadores se acogieron a una ley de amnistía promulgada por la administración Reagan.

El proyecto de ley de la Casa Blanca pretende normalizar el estatus legal de un sector importante de la clase trabajadora que no tiene documentos, convirtiéndolos en trabajadores temporales, a la vez que las autoridades logran más control más sobre ellos.

Los principales elementos del proyecto son los siguientes:

• Los trabajadores indocumentados en Estados Unidos que tienen empleo, y los trabajadores en el extranjero que tienen ofertas de empleo en Estados Unidos, podrían solicitar una visa de tres años, renovable por tres años más. Tendrán que pagar una tarifa por la solicitud y ser patrocinados por un empleador.

• El patrón supuestamente debe demostrar que ningún "americano" quiere ese empleo.

• Los inmigrantes recibirán una tarjeta de "trabajador temporal". Podrán viajar legalmente entre Estados Unidos y su país de origen, pero no necesariamente a otros países.

• La Casa Blanca alega que trabajadores temporales gozarían de la mayoría de las protecciones que cobijan a los ciudadanos estadounidenses.

• El plan propone un aumento no especificado de tarjetas verdes (cédulas de residencia permanente) emitidas anualmente. Actualmente se otorgan 675 mil tarjetas verdes al año.

• El trabajador temporal debe regresar permanentemente a su país de origen al vencer su permiso.

• El gobierno supuestamente ofrecería "incentivos" -tales como cuentas de ahorros especiales y beneficios de jubilación- para que el trabajador regresara a su país de origen.

• Los "que no se mantengan empleados, no sigan las reglas del programa, o violen la ley no serán elegibles para continuar y serán regresados a su país", dijo Bush al anunciar el proyecto el 7 de enero.

Los patrones, agregó Bush, "deben informarle al gobierno acerca de los trabajadores temporales que contraten y de los que abandonen a su empleador para mantener el control de las personas en el programa y aplicar mejor nuestras leyes de inmigración".

El proyecto de plan está destinado a reforzar la ofensiva de "seguridad de la patria" que el gobierno libra para socavar los derechos de los trabajadores en nombre de la "lucha contra el terrorismo". En su anuncio del 7 de enero, Bush argumentó a favor de la ley afirmando que la "entrada ilegal por nuestras fronteras dificulta la tarea urgente de afianzar el territorio. El sistema no funciona".

La propuesta también se enmarca en los preparativos de la clase gobernante para las futuras condiciones de depresión, cuando los inmigrantes serán usados como chivo expiatorio por el creciente desempleo. La medida expondría a los trabajadores a ser deportados si pierden el empleo. Las asociaciones patronales le "han acogido bien el plan como forma de estabilizar la fuerza de trabajo y aliviar la escasez de mano de obra en trabajos peligrosos y de bajos salarios [especialmente] en la agricultura y la industria hotelera, la salud, los restaurantes y la construcción" informó el Washington Post el 8 de enero.

Con esta propuesta la Casa Blanca pretende flanquear a los políticos del Partido Demócrata, quienes no han ofrecido ninguna medida de inmigración que sea fundamentalmente diferente. Ofrece una ley concreta que supuestamente beneficia a los inmigrantes, mientras sigue actuando bajo la bandera de la "seguridad de la patria", apoyada por políticos de ambos partidos capitalistas.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han criticado aspectos reaccionarios de la propuesta de ley, pero muchos aceptan el marco político de la ley y buscan cómo mejorarlas.

Varias organizaciones sindicales han criticado el hecho que la medida ataría a los trabajadores a sus patrones y debilitaría la capacidad de defender sus derechos bajo la amenaza de ser deportados.

"Dígame usted, ¿tendrán estos 'trabajadores dispuestos' el derecho de protestar u organizarse en sus centros de trabajo cuando tengan que ser patrocinados por un 'patrón dispuesto'? Lo dudo", dijo May Chen, vicepresidenta del sindicato de la costura y textiles UNITE.

Dado que los trámites para obtener la residencia permanente podrían tardar años, algunos grupos señalan la posibilidad de que los inmigrantes sean deportados cuando venza su visa temporal, aun cuando estén tramitando su tarjeta verde.