enero de 2004 Vol. 28 No. 1

Obreras de la costura logran victoria en lucha por empleos

POR ROMINA GREEN

El 30 de octubre la legislatura de la ciudad de Buenos Aires votó a favor de la “expropiación temporal” de la fábrica de costura Brukman, la cual había sido declarada en quiebra por sus dueños. Esta decisión permite que la planta sea operada como una cooperativa dirigida por los trabajadores. Los obreros esperan poder retornar a sus puestos en las próximas semanas.

Por casi dos años los obreros de la costura han luchado arduamente para evitar que los dueños cerraran la planta y los despidieran—una lucha que ha servido de inspiración al movimiento obrero en Argentina. Los obreros ocuparon la fábrica y la administraron por meses sin los patrones. Después de ser desalojados, los trabajadores montaron una carpa de protesta en la calle. Aunque desde el principio ellos pidieron que la fábrica fuera nacionalizada bajo control obrero, los obreros consideraron la intervención de la legislatura como un paso hacia adelante: para regresar a sus puestos, mantener sus empleos y continuar la lucha desde adentro.

Antes de la sesión de la legislatura, se organizó una marcha donde participaron contingentes de trabajadores, organizaciones de desempleados, colectivos de trabajadores y asambleas barriales y de estudiantes para mostrar su apoyo a los obreros de Brukman. Una delegación de la fabrica de cerámica Zanón en la ciudad de Neuquén, se destacó en la marcha. El 1 de octubre los obreros en Zanón—otro foco de resistencia obrera—celebraron el segundo aniversario de la ocupación de la planta por los trabajadores. Ellos han estado produciendo bajo control obrero desde entonces.

Los trabajadores ocuparon la fábrica Brukman el 18 de diciembre de 2001, después de varios meses de no haber recibido sus salarios. Los patrones reclamaban estar a punto de la quiebra y amenazaron con cerrar la planta. La ocupación de la fábrica sucedió en el momento cuando frente a una aguda crisis económica explotaron en Argentina masivas manifestaciones en contra del gobierno que resultaron en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.

La noche del 17 de diciembre un grupo de 20 trabajadores se sentaron dentro de la fábrica para exigir el pago de los salarios atrasados. Cuando los demás trabajadores llegaron la mañana siguiente ellos decidieron ocupar la planta. Unos 50 de los 100 trabajadores continuaron la lucha. Por 16 meses operaron la planta bajo su control.

Jacobo Brukman, el dueño de la fábrica, alegaba que no pagaron los salarios por que estaban en quiebra. Sin embargo, una vez que los trabajadores ocuparon la planta y abrieron los libros de la compañía, se dieron cuenta que habían sido engañados. Oficialmente la fábrica de Brukman fue declarada en quiebra dos semanas antes que la legislatura emitiera la orden de “expropiación temporal”.

Los trabajadores de la Brukman lograron repeler dos intentos de desalojo por los patrones y la policía gracias a la solidaridad de otros trabajadores que se movilizaron en su defensa, hasta que la policía de Buenos Aires los desalojó por la fuerza el 18 de abril de este año. Después del desalojo los trabajadores pusieron una carpa de solidaridad frente a la fábrica para continuar su lucha. El 30 de mayo organizaron un “maquinazo”, colocando docenas de máquinas de coser en la calle frente a la planta bloqueando el tráfico. Toda la ropa que cosieron fue donada a la provincia de Santa Fe, que había sido afectada por las inundaciones por lluvias torrenciales.

La ocupación de la fábrica Brukman por los obreros fue parte de una ola de tomas de fábricas por toda Argentina como parte de la resistencia obrera a los efectos del colapso económico y los intentos de los patrones de hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

En la mayoría de los casos donde las compañías se han declarado en quiebra y cerrado las plantas, los trabajadores terminaron formando cooperativas. Un total de 10,000 trabajadores en Argentina han ocupado plantas y actualmente están operando más de 170 fábricas y centros laborales como cooperativas.

En los casos donde el gobierno ha “expropiado” una planta, toda la maquinaria ha sido entregado a la cooperativa y se ha comprometido a pagar dos años de renta a los propietarios capitalistas mientras se les permite a los trabajadores que operen la planta por un período determinado de tiempo, usualmente dos años. Al término de los dos años, los trabajadores tienen que acumular suficiente capital a través de las ventas para comprar el edificio. Por ejemplo, en la planta empacadora de carne Yaguané, en el distrito industrial de Matanzas, provincia de Buenos Aires, ya se venció el plazo de dos años. El propietario, Alberto Samid, está exigiendo que los 480 trabajadores que han estado operando la fábrica le paguen 38 millones de pesos (12.8 millones de dólares) por el edificio.

Los trabajadores en Brukman decidieron que luchar por una expropiación los pondría en una mejor posición para mantener sus empleos y continuar su lucha. “Estamos felices de poder demostrar que nuestra lucha no fue en vano,” dijo Celia Martínez, una de los dirigentes del comité de fábrica en la planta de Brukman, a Nuestra Lucha, un periódico producido por los trabajadores de Brukman y Zanón.

“Nos merecemos la nacionalización”, dijo Martínez en una entrevista telefónica con Perspectiva Mundial, refiriéndose a su demanda inicial por la nacionalización y el control obrero de la producción. Sin embargo, añadió, “nos ganamos la orden” de la legislatura de la ciudad. “Nos mantuvimos fuera de la fábrica y quisimos continuar la lucha”.

En los últimos meses el gobierno de Nestor Kirchner, del Partido Peronista, ha empezado a enjuiciar a unos 3 mil trabajadores por todo el país por su participación en protestas sociales. Varios trabajadores de Brukman están enfrentando cargos asociados con la brutal redada e intento de desalojo por la policía el 24 de noviembre del 2002.

Raúl Godoy, dirigente del sindicato de trabajadores de cerámicas en la planta de Zanón en Neuquén, está siendo procesado por la policía provincial por su participación en el corte de rutas con miembros de organizaciones de desempleados en el año 2001. Según el sindicato, el es uno de los 500 trabajadores de la provincia de Neuquén que enfrenta cargos. El 28 de agosto, Godoy se presentó a una audiencia, que coincidió con una huelga de profesores en Neuquén por aumentos salariales. Se celebró un mitin de 3 mil personas en favor de Godoy, engrosada por profesores huelguistas, miembros del Movimiento de Trabajadores Desempleados (MTD) “Aníbal Verón” y estudiantes.

Juan Carlos Acuña, el secretario de prensa de los trabajadores de Zanón, dijo en una entrevista telefónica, que la situación de Godoy “depende mucho de la correlación de fuerzas, de lo que nosotros podamos hacer. Si no luchamos, simplemente se lo llevan. El gobierno no ha presionado más en contra nosotros desde que hicimos la protesta.” Zanón actualmente es la única fábrica ocupada en la que los trabajadores están exigiendo la “nacionalización bajo el control obrero.”

Organizaciones de trabajadores desempleados han unido fuerzas en los últimos meses para protestar contra estos intentos de criminalizar las protestas laborales.

Por otro lado, Pablo Solana, un electricista desempleado y miembro de la MTD Aníbal Verón en Lanús, provincia de Buenos Aires, reportó en una entrevista telefónica que el gobierno ha acelerado los desalojos de los trabajadores desempleados que han tomado edificios abandonados o terrenos vacíos para construir casas.

Trabajadores desempleados del grupo “Asamblea Villa Crespo”, en la provincia de Buenos Aires fue desalojado el 29 de agosto del edificio que estaban ocupando. El día anterior, las oficinas centrales del MTD-Aníbal Verón en la provincia de La Plata fueron atacadas con bombas incendiarias por ultraderechistas. El lugar contaba con un centro de cuidado infantil, panadería y una biblioteca comunal. Los atacantes dejaron una nota que decía, “Fuera ratas izquierdistas” firmada “Juventud Peronista”.

Trabajadores desempleados protestaron el 23 de octubre frente a las oficinas del Ministro de Trabajo Carlos Tomada, bloqueando las entradas y forzándolo a dormir en su oficina esa noche. Los trabajadores exigieron un incremento en los “planes de empleo”—empleos temporales con fondos del gobierno—como también comida y un programa de trabajos públicos. Los empleos temporales pagan 150 pesos al mes a cabezas de familia que pueden hacer unas pocas horas de trabajo.

En respuesta a la manifestación frente al ministerio de trabajo, Alberto Fernández, jefe del gabinete nacional, hizo un llamado para formar “brigadas anti-piqueteras”. Otros miembros del gobierno, frente a la presión de las manifestaciones, han ofrecido amnistía a los 3 mil que están enfrentando cargos.

En una entrevista telefónica Solana explicó que el 4 de noviembre las organizaciones de desempleados realizaron una marcha en la que participaron unos 40 mil trabajadores para protestar la represión del gobierno y para exigir un incremento en los programas de empleos públicos para todos los trabajadores desempleados. El dijo que sólo 2.2 millones de los 4 millones de desempleados son parte de los programas de empleos.

Frente al llamado de una protesta para el 20 de diciembre para conmemorar las demostraciones masivas que llevaron a la renuncia de De la Rúa hace dos años, el presidente Kirchner anunció que se pagará un monto adicional de 50 pesos en diciembre a aquellos que están cubiertos por los programas de empleos.

“La protesta sigue porque esa no es respuesta a todos aquellos que aún no reciben beneficios de empleos, y el dinero es muy poco para aquellos que reciben beneficios”, dijo Solana.