noviembre de 2003 Vol. 27 No. 10

Rebelión popular sacude el país
Trabajadores y campesinos exigen medidas ante catástrofe económica

Trabajadores y campesinos marchan en El Alto, cerca de La Paz, el 14 de octubre contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

POR PATRICK O'NEILL

"Estamos felices de lo que hasta ahora hemos logrado. Pero debemos seguir luchando. Esto no se ha acabado", dijo el campesino Jorge Khana en una manifestación de decenas de miles de personas en La Paz. Tres días antes, ante masivas movilizaciones populares, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada había renunciado y se había fugado a Estados Unidos.

Desde entonces, los trabajadores y campesinos bolivianos, en su mayoría indígenas aymará o quechua, se han mantenido atentos a las acciones del nuevo presidente, Carlos Mesa, dispuestos a salir nuevamente a la calle para defender sus intereses si éste no responde a sus demandas.

La rebelión fue una reacción a las intolerables condiciones de vida de la gran mayoría de la población y a la creciente brecha que existe entre ésta y el puñado de familias explotadoras en el poder.

El elemento catalizador fue el plan del gobierno de exportar gas natural a Estados Unidos. Los trabajadores y campesinos lo consideran un proyecto más para aumentar el saqueo de los recursos naturales de Bolivia a expensas del pueblo trabajador.

"Le daremos un poco de tiempo al gobierno para que haga algo", dijo Gertrudis Abarrado, una maestra que había organizado cortes de rutas en El Alto, un suburbio industrial de La Paz. "Y si no lo hace, vamos a estallar de nuevo".

'Queremos nuestra propia democracia'

Germán Jiménez, un maestro de origen quechua, dijo a un periodista que él había viajado seis días - a pie, en bicicleta o a dedo- hasta llegar de Potosí a la capital, donde se había incorporado a la gigantesca movilización.

"Antes dejábamos que otros hablaran a nombre nuestro", dijo. "Ahora decimos que las naciones originarias están listas para manejar nuestros propios asuntos. Estamos listos para imponer nuestra propia democracia".

Celebrando la renuncia del presidente el 20 de octubre, miles de manifestantes marcharon desde El Alto hasta el centro de La Paz, donde Mesa, juramentado el día antes, les pidió "paciencia". El nuevo mandatario prometió celebrar un referendo sobre el proyecto de venta de gas, ya suspendido, pero no indicó ninguna medida económica para satisfacer los reclamos de los manifestantes.

En el nuevo gabinete de gobierno, 13 de los 15 integrantes son blancos, lo cual ha sido la norma en un país donde la burguesía y su elite política son casi todos de ascendencia europea. Mesa nombró a un indígena, Justo Seranee, a un nuevo "ministerio de asuntos étnicos".

Bolivia es un país donde más del 60 por ciento de la población es indígena.

Felipe Quispe, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dijo que esta organización, que encabezó muchas de las movilizaciones, levantaría los cortes de ruta que sus miembros habían puesto, pero que si al cabo de 90 días no se cumplían las demandas, volverían a tomar acción. Quispe exige la anulación del proyecto de gas y el cese de la erradicación de los cultivos de coca, campaña que ha causado la ruina de los campesinos.

La explosión social fue producto de la ira popular ante condiciones cada vez más intolerables, la ruina de los campesinos debido a la destrucción de los cultivos de coca por el gobierno -con apoyo de Washington- y la venta de las empresas estatales y los recursos naturales al mejor postor para beneficio de los inversionistas extranjeros y capitalistas bolivianos y a expensas del pueblo trabajador.

Las movilizaciones, convocadas por las organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana (COB), comenzaron a mediados de septiembre y se aceleraron en octubre. Durante las últimas semanas de protesta contra Sánchez de Losada, La Paz quedó paralizada por la enorme concentración de manifestantes. También hubo grandes protestas y huelgas en Potosí, Oruro, Cochabamba y otras ciudades importantes.

La grosera intervención del gobierno estadounidense a favor del odiado presidente echó más leña al fuego. Richard Boucher, vocero del Departamento de Estado norteamericano, afirmó el 14 de octubre, "no toleraremos una interrupción del orden constitucional".

El día antes, la embajada estadounidense emitió un comunicado que dijo, "Expresamos nuestro pleno apoyo a este gobierno [que] no debe ser reemplazado por uno que sea producto de la fuerza o la delincuencia violenta". Aseveró, "Los palos y piedras no son una forma de protesta pacífica", en momentos en que las tropas del ejército acribillan a los manifestantes en las calles.

En la última semana, las tropas mataron a balazos a por lo menos 80 manifestantes. Para el pueblo trabajador fue la gota de agua que rebasó el vaso.

El 15 de octubre, unas 100 mil personas colmaron las calles de La Paz reclamando la renuncia del presidente. "Columnas de estudiantes, indios y mineros que blandían cartuchos de dinamita pasaban por las barricadas callejeras, exclamando, '¡No nos detendremos hasta que se vaya!' " escribió Kevin Gray, corresponsal de la agencia AP. Dos días más tarde Sánchez de Lozada renunció y se fugó.

Bolivia es un país con abundantes riquezas minerales y otros recursos naturales. Es uno de los principales productores de estaño y tiene las segundas reservas más grandes de gas natural en Sudamérica, después de Venezuela.

Bolivia es también una de las naciones más explotadas de América Latina. Los inversionistas imperialistas se han enriquecido con el saqueo de la riqueza natural del país y la superexplotación de su mano de obra. Más del 60 por ciento de la población tiene un ingreso de menos de dos dólares por día. El ingreso per cápita, 950 dólares al año, es el más bajo de América Latina. En las zonas rurales, según cifras oficiales, uno de cada cuatro bolivianos tiene acceso a agua potable, un 15 por ciento tiene servicio eléctrico, y menos del 1 por ciento tiene servicio de alcantarillado.

Bolivia está permanentemente estrujada por los pagos incesantes sobre una deuda externa de 4 600 millones de dólares, más de la mitad de su producto interno bruto.

Durante los últimos 15 años, los gobiernos de turno han cumplido con las demandas imperialistas para acelerar las reformas de "libre mercado". Recortaron programas de asistencia social, abrieron las puertas a mayores inversiones privadas en las empresas estatales y eliminaron subsidios de precios a los artículos de primera necesidad.

Los intentos de Sánchez de Lozada de continuar esta política provocaron creciente resistencia. En febrero el régimen precipitó protestas de masas cuando trató de imponer un nuevo impuesto directo a los salarios.

El plan del gobierno para permitir que tres compañías extranjeras -British Gas, Repsol-YPF de España y Pan American Energy, cuyos dueños son British Petroleum y Bridas Corp. de Argentina-exportara gas natural a Estados Unidos fue lo que cristalizó la ira popular hacia el régimen. La indignación se multiplicó al anunciarse que se construiría un gasoducto que pasaría por una región de Chile que históricamente ha sido reclamada por Bolivia como salida al mar.

Mientras los magnates de las industrias energéticas han acumulado jugosas ganancias, las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo trabajador han empeorado. La economía de Bolivia ha decaído en los últimos cinco años y el desempleo se ha disparado.

"¿Por qué tenemos que vender el gas? Lo podemos usar para calentar nuestras casas", dijo uno de los manifestantes a la prensa.

"La riqueza siempre ha salido del país para enriquecer a los extranjeros, en vez de quedarse para mejorar nuestras vidas", dijo Pascuala Velásquez, una vendedora de huevos en La Paz. "No podemos permitir que pase lo mismo con el gas".

Sánchez de Lozada también se ganó el odio de los campesinos por su cooperación con Washington en la llamada "guerra contra el narcotráfico" bajo la cual efectivos de la agencia antidrogas norteamericana DEA y unidades antinarcóticos de la policía boliviana han destruido miles de hectáreas de cultivos de coca. El programa ha arruinado a muchos campesinos. También ha sido una justificación para aumentar la presencia militar norteamericana en la región.

Los cocaleros indígenas, encabezados por Evo Morales, han estado al frente de las protestas contra la política del régimen. Morales se postuló en las elecciones presidenciales del año pasado como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS). Tomó una postura de criticar el capitalismo y reivindicar la defensa de la soberanía nacional.

Poco antes de las elecciones, el entonces embajador estadounidense en La Paz, Manuel Rocha, advirtió a los bolivianos que tal vez Washington suspendería su ayuda económica si se atrevieran a elegir a "quienes desean que Bolivia se convierta de nuevo en un gran exportador de cocaína", refiriéndose a Morales.

Morales, quien comentó que estas denuncias del embajador le habían ganado más popularidad, obtuvo el 21 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales, comparado con el 22 por ciento obtenido por Sánchez. La elección fue decidida por el congreso.

La acumulación de estas condiciones explosivas fue lo que llevó al levantamiento popular en septiembre. Las demandas económicas y sociales se convirtieron rápidamente en una protesta política que exigía la renuncia del presidente.

Las protestas contra el gobierno expresaron las brechas de clase y de nacionalidad entre la burguesía y la edite política blanca, por un lado, y la gran mayoría de la población de Bolivia, por el otro. Sánchez de Lozada, un empresario millonario de minas de carbón que se crío en Estados Unidos, encarnaba a esa edite.

Aludiendo a la educación universitaria privilegiada de Sánchez de Lozada, que le ha dado un acento norteamericano al hablar español, uno de los manifestantes en La Paz, un mesero de 31 años, le comentó a un reportero, "¿Cómo podemos tener un presidente que hable así?"