noviembre de 2003 Vol. 27 No. 10

Trabajadores toman fábricas
Responden a los efectos desgastadores de la crisis económica

ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Unos 200 obreros de Industrial de Perfumes, fábrica de cosméticos en Caracas ocupada por los trabajadores, marchan al palacio presidencial el 1 de octubre para exigir que el gobierno obligue a los patrones a que paguen los salarios y beneficios atrasados o que nacionalice la planta y permita que los obreros reanuden la producción.

POR ARGIRIS MALAPANIS
Y CARLOS CATALÁN

CARACAS, Venezuela.- "¡Fábrica cerrada, empresa tomada!" coreaban 200 trabajadores de Industrial de Perfumes y sus partidarios mientras marchaban hacia Miraflores, el palacio presidencial el 1 de octubre.

En Miraflores se les unieron cientos de trabajadores de Constructora Nacional de Válvulas (CNV), de una planta embotelladora de Pepsi-Cola y de otras fábricas que han estado ocupadas por los trabajadores por varios meses.

La principal demanda de la manifestación de casi 500 personas era que el gobierno del presidente Hugo Chávez obligue a los propietarios de estas compañías a pagar a los trabajadores más de 10 meses de salarios y beneficios atrasados, o que nacionalice las plantas y permita a los trabajadores reanudar la producción.

En Venezuela, como en el resto de América Latina, el pueblo trabajador está enfrentando una depresión económica. El impacto desgastador que esta crisis tiene sobre los trabajadores y agricultores se intensificó este año a consecuencia de la "huelga" de los patrones en diciembre y enero pasados. Este cierre patronal, respaldado por Washington, buscaba socavar al gobierno nacionalista de Hugo Chávez. El cierre paralizó por varios meses la industria petrolera-en el quinto país productor de petróleo en el mundo-causando una escasez temporal de gasolina, gas natural y muchos alimentos básicos.

Tras el fin de la huelga patronal el 4 de febrero, el gobierno venezolano fijó el cambio de la moneda nacional, el bolívar, a 1,600 por un dólar estadounidense; implementó el control de precios, y tomó otras medidas para frenar la fuga de capital. Los inversionistas estaban sacando su dinero del país, preocupados de que sus ganancias estuvieran en peligro después del segundo fracaso de la burguesía venezolana de derrocar a Chávez en menos de un año. El primer intento fue un golpe de estado en abril de 2002.

Desde febrero, cientos de plantas y otras empresas han sido cerradas.

Ante un creciente desempleo y el espectro de la pobreza, en los últimos meses los trabajadores venezolanos han ocupado muchas plantas para proteger sus puestos de trabajo y demandar pagos atrasados.

Desde el comienzo del año, unas 63 empresas han sido tomadas por los trabajadores según un artículo en el diario de Caracas El Mundo del 1 de octubre. En muchas de estas plantas los trabajadores y la patronal han logrado acuerdos.

Lucha en Industrial de Perfumes

La planta Industrial de Perfumes, ubicada en el centro de Caracas, produce para la marca de cosméticos y perfumes Cristine Carol.

Allí, "los problemas empezaron antes de la 'huelga' de los patrones, dijo Joel Mata Lanz, en una entrevista en la cafetería de la fábrica en la mañana del 1 de octubre. Docenas de trabajadores se habían reunido en la cafetería ese día, que es usada como centro para la organización de la ocupación, para preparar la marcha a Miraflores. Mata Lanz es el secretario del local del Sindicato Unido Nacional de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica (SUNTIQF), a la que pertenecen los 400 empleados de producción de la fábrica.

"La compañía ya nos debe 17 meses de beneficios," dijo el sindicalista, incluido el pago de vacaciones, prestaciones sociales y pagos de intereses de la cooperativa de crédito. "Por más de un año, antes del cierre de la planta, los patrones estaban deduciendo beneficios de nuestros salarios. Pero resulta que ellos nunca depositaron ese dinero en la cuenta bancaria apropiada, así que ahora que se han declarado en quiebra no podemos colectar."

Carlos Enrique Rángel, un conductor de camión para Industrial de Perfumes dijo que durante el cierre patronal de diciembre "la compañía cerró por tres días, pero tuvieron que reabrir debido a la presión de los trabajadores." Todos los trabajadores entrevistados dijeron que ninguno de los sindicalistas había apoyado el paro patronal.

Además de los trabajadores de producción, la compañía emplea a unos 600 chóferes y vendedores, quienes son pagados a destajo, para una fuerza total de 1,000. "Los chóferes ganan un promedio de 195 mil bolívares (122 dólares) al mes," dijo Rángel, comparado al salario mensual promedio de 330,000 bolívares (207 dólares) de los trabajadores en la fábrica. Aún con estos salarios los trabajadores de producción y sus familias tienen dificultades para subsistir. El alquiler en los barrios obreros cuesta un mínimo de 200,000 bolívares por mes y el arroz cuesta ahora 3,000 bolívares por kilo (1,600 bolívares equivale a un dólar).

Los chóferes no eran miembros de SUNTIQF y no estaban protegidos por el convenio laboral. Sin embargo, el sindicato buscó como incluirlos en la lucha. Docenas de trabajadores como Rángel han participado haciendo turnos de guardia y otras tareas relacionadas con la ocupación.

"La situación empeoró el 29 de mayo", continuó diciendo Mata Lanz. "Ese día la compañía convocó a una reunión con los trabajadores. Nos dijeron que para poder continuar las operaciones nosotros debíamos aceptar un recorte salarial, estar de acuerdo con el despido de 40 miembros del sindicato, aceptar la reducción de la semana laboral e incrementar la producción. Básicamente nos dijeron que si queríamos trabajar teníamos que deshacernos del convenio laboral y trabajar bajo sus términos."

La gran mayoría de los obreros rechazó la propuesta patronal. Al día siguiente, los patrones se declararon en quiebra y anunciaron que cerrarían la planta. Después que una corte aceptara el pedido de la compañía para su liquidación el 27 de junio, a hacerse efectivo 10 días después, hubo una asamblea sindical donde la mayoría decidió que los trabajadores se tomarían la planta como último recurso para presionar a la compañía a que pague lo que les debe. Al no haber obtenido una respuesta de la corte o del ministro de trabajo en su demanda de suspender la bancarrota hasta que los trabajadores reciban sus salarios atrasados, el sindicato organizó la toma.

Empieza la ocupación

"En la tarde del 7 de julio, justo antes que la declaración de quiebra entrara en efecto, docenas de nosotros nos echamos sobre los guardias de seguridad y nos tomamos la fábrica," dijo Clarissa Bezera, una trabajadora de producción por siete años.

Muchos trabajadores señalaron que la liquidación solicitada por los patrones no incluía muchos de los bienes de la compañía, como los 200 camiones y camionetas en su flota de transporte. "Su quiebra fue fraudulenta," dijo Bezera. " Solamente con la venta de todos estos camiones habría más que suficiente dinero para pagarnos todo lo que nos deben. Simplemente estaban tratando de robarnos."

"Este es el primer conflicto de este tipo aquí", dijo Carmen Rosa González, una trabajadora del almacén con nueve años de servicios. "Hasta fines de mayo, la compañía tenía ventas de más de mil millones de bolívares (625 mil dólares) por mes. Ellos dicen que están en quiebra, pero hay suficiente materia prima en la fábrica y tienen muchos camiones, así que pueden pagarnos."

Además de haber ocupado la planta, con la ayuda de chóferes amistosos, los obreros lograron recobrar más de 100 vehículos y los encerraron en un patio donde se encuentran bajo la vigilancia del sindicato, nos dijeron.

Aunque muchos de los trabajadores de producción han tratado de obtener otros empleos, más de la mitad de ellos se han mantenido activos en la ocupación. "Recibimos un estipendio del sindicato y donaciones de comida y fondos de otros trabajadores," dijo Alexis Mejía.

"Este no es un problema económico sino político," continuó diciendo Mejía. "Aquí hay suficientes materiales para producir por casi dos años. Pero no podemos reanudar la producción hasta que se resuelva el conflicto legal con la compañía." Mejía y otros trabajadores expresaron su preocupación de que si ellos decidieran reanudar la producción por su propia cuenta, el ejército y la policía, que hasta ahora los trabajadores han logrado mantener fuera de la planta, podrían ser enviados para sacarlos.

"Ya que no hemos obtenido respuesta a nuestras demandas para que nos paguen, ni de la compañía ni de la corte, ahora estamos pidiendo que el gobierno expropie la fábrica y nos permita manejarla," dijo Mejía. El añadió que recientemente el sindicato mostró videos de tomas de plantas en Argentina donde los trabajadores están exigiendo la misma demanda.

Otros trabajadores fueron más cautelosos. "Si la expropiación y la nacionalización beneficia a los trabajadores", dijo Carmen Rosa Gonzáles, "Estoy de acuerdo con ella. Si obtiene trabajos para todos."

González y otros trabajadores dijeron que si la compañía pagara lo que se les debe de acuerdo a las leyes laborales, ellos no tendrían más opción que terminar la ocupación.

Los propietarios han empezado a tomar algunos pasos en esa dirección con la esperanza de dividir a los trabajadores y debilitar la lucha con un costo mínimo para ellos. El 30 de septiembre, la patronal notificó a los empleados de que podían ir a un banco designado y cobrar una pequeña parte de los beneficios que se les debía. Después de no tener ningún ingreso por varios meses, muchos de los trabajadores hicieron justamente eso.

"Esta fue una acción calculada para disminuir la cantidad de personas que vendrían a la marcha a Miraflores", dijo Mata Lanz a los trabajadores que se habían reunido en la cafetería antes de la manifestación. Casi 100 trabajadores de la planta se presentaron esa mañana para la marcha, la mitad de la cantidad esperada, nos dijeron.

En el camino al palacio presidencial, los trabajadores de Industrial de Perfumes recibieron la solidaridad de motoristas que sonaron sus bocinas y de transeúntes en las calles que los saludaban. El mitin frente a Miraflores creció a unas 500 personas cuando se les unieron los trabajadores de Constructora Nacional de Válvulas, los de una planta de Pepsi-Cola y de la fábrica textil Fénix en el estado de Guárico y otras.

Una delegación de cinco sindicalistas, incluido un representante de la recientemente formada Unión Nacional de Trabajadores, se reunió con representantes del gobierno. Ese día no se alcanzó ningún tipo de acuerdo, dijo González, y una segunda reunión con funcionarios del gobierno fue programada para el 9 de octubre. Mientras tanto, el 7 de octubre los trabajadores de estas plantas organizaron otra protesta frente a la sede de la Asamblea Nacional.

Toma de una planta de válvulas

La Constructora Nacional de Válvulas (CNV) es una fábrica productora de válvulas para la industria petrolera ubicada cerca de Los Teques, en el estado de Miranda, a una hora al sureste de Caracas. La planta empleaba a 110 obreros antes de que fuera cerrada y es propiedad de Andrés Sosa Pietri, un dirigente de la asociación empresarial Fedecámaras, la que encabezó el cierre patronal de dos meses. Pietri fue ex presidente de Petróleos de Venezuela (PdVSA), el monopolio estatal petrolero. Los trabajadores de CNV dicen que tienen un video mostrando a Pietri en una manifestación de la oposición a comienzos de este año incitando a la desobediencia civil para derrocar a Chávez.

Cuando estos reporteros visitaron la planta la tarde del 3 de octubre, los trabajadores estaban haciendo un botellazo-colectando donaciones de los automovilistas en una calle cercana para ayudar a mantener la ocupación.

"El 9 de diciembre los patrones nos enviaron a casa diciendo que debíamos tomar vacaciones por un mes ya que no había trabajo por el momento", dijo Juan Padilla, quien es miembro del Comité de Conflicto, que organiza la ocupación de la planta. "Cuando regresamos el 6 de enero, la planta estaba cerrada y nos regresaron a casa sin ninguna explicación". Después que terminó el paro patronal, dijo Padilla, "tuvimos una reunión con la gerencia. Nos pagaron el 30 por ciento de los salarios que nos debían, nos mandaron a casa y desde entonces no hemos vuelto a saber más de ellos".

En esa reunión, "la compañía nos pidió que suspendiéramos el convenio laboral y que aceptáramos recortes salariales y cesantías", agregó William Salas, también miembro del Comité de Conflicto. "Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. Los patrones nos exigían que nosotros cargáramos con las pérdidas de una 'huelga' que ellos convocaron y nosotros rechazamos."

Después que fueron informados sobre el cierre de la planta alegando que las ventas a PdVSA estaban en cero, los obreros desempleados se enteraron que los patrones habían organizado un pequeño grupo entre los trabajadores mejor pagados para continuar la producción para terminar y enviar un camión lleno de válvulas que se había empezado en diciembre. "Ahí fue cuando decidimos tomar la planta", dijo Salas.

Unos 80 trabajadores participaron en la ocupación el 15 de mayo. Al enterarse de lo que planeaban la mayoría de los trabajadores, los funcionarios de su sindicato, el Sindicato Metalúrgico, abandonaron el edificio. Los trabajadores entonces eligieron al Comité de Conflicto para reemplazar la estructura sindical que se había derrumbado. "La ocupación de esta fábrica es una acción defensiva", dijo Salas. "Estamos defendiendo nuestro derecho a un trabajo, para poder alimentar a nuestras familias".

Otros trabajadores expresaron opiniones similares. "Hay más desempleo por culpa de los patrones", dijo José Luis Garmendia, quien trabajaba en los almacenes de la compañía. "No nos tomamos la fábrica porque somos Chavistas. Sino que para luchar por empleos".

A diferencia de los propietarios de la planta Industrial de Perfumes y otras, Pietri nunca trató de declararse en quiebra. Pero sí intento desalojar a los trabajadores para sacar la maquinaria y materiales del edificio, dijo Padilla. En agosto, un juez emitió una orden de desalojo y envió a la policía para ejecutarla. Los policías se encontraron con una movilización de cientos de trabajadores de otras fábricas y de los barrios obreros aledaños que salieron a defender a los trabajadores de CNV. La movilización hizo retroceder a la policía y el Comité de Conflicto logró que el juez suspendiera la orden de desalojo, dijo Padilla.

Desde entonces, las compañías de utilidades les han cortado el agua y la electricidad. La compañía cerró la fundición de donde la planta se abastecía de materias primas, que también le pertenece a Pietri. "Aunque quisiéramos, no podríamos reanudar la producción", dijo Padilla.

Salas dijo que los trabajadores temen que la policía haga una redada para sacarlos a la fuerza de la planta si ellos trataran de entrar y poner en marcha la maquinaria. "Nosotros nos iríamos si el patrón nos paga los salarios atrasados y nos da garantía que no echará a andar la planta sin un convenio sindical", explicó. "Aquí no hay ninguna anarquía. Cumplimos con la ley". Los trabajadores han levantado carpas y se organizan para hacer guardia. También se han conseguido un bus escolar que usan para dormir.

Antonio Betancourt, presidente del Comité de Conflicto, dijo durante la manifestación del 1 de octubre en Miraflores, que los trabajadores de CNV adoptaron la demanda por la nacionalización como su último recurso. "Hace unas semanas, la empresa cerró sus oficinas y quitó su sitio web", dijo. "Lo único que podemos hacer es pedirle al gobierno que expropie la planta".

Betancourt, Padilla, Salas y otros trabajadores dijeron que no saben cuanto más puedan mantener la ocupación. De los 87 trabajadores que inicialmente ocuparon la planta unos 67 se mantienen activos. Ellos no reciben ningún beneficio de desempleo. Ante la falta de apoyo del Sindicato Metalúrgico, ellos solo cuentan con los donativos de comunidades cercanas para sobrevivir.

Se logran acuerdos en algunos conflictos

Bajo estas condiciones, los trabajadores han llegado a acuerdos con los patrones en muchas plantas ocupadas.

En algunos casos, los trabajadores han logrado algunas victorias. En la planta de Pepsi-Cola en Villa de Cura, en el estado de Aragua, 350 trabajadores ocuparon por dos meses la planta embotelladora cuando la compañía exigió enormes concesiones como condición para continuar las operaciones. Ante la amenaza hecha por los trabajadores de parar las otras dos plantas de Pepsi en el país y toda la operación de distribución de la compañía, los patrones accedieron a volver a contratar a toda la fuerza de trabajo y reabrir la planta en noviembre bajo la condición de que el sindicato abandone la demanda de nacionalizarla.

"Tuvimos que hacerlo", dijo Luis Hernández, obrero de esa planta quien había llegado a la acción de Miraflores junto con unas cuantas docenas de sus compañeros de trabajo para demostrar su solidaridad con los otros obreros en lucha. "No es el momento oportuno para exigir la nacionalización de la industria".

En otras empresas los obreros han aceptado concesiones a cambio de reanudar parte de las operaciones. Venepal, la fábrica de papel más grande en Venezuela, que contaba con unos 6 mil obreros, ha estado cerrada desde finales del año pasado. Cientos de trabajadores ocuparon el complejo industrial localizado cerca de Morón, en el estado de Carabobo en la primavera. Allí el sindicato se unió a otros para presionar al gobierno a que expropie la empresa.

Sin embargo, en una reunión a fines de septiembre, entre la compañía, el banco acreedor, y los representantes del sindicato, se llegó a un acuerdo para poner fin a la ocupación. Según Arvilio Vidalgo, un representante sindical en Venepal, el banco propuso "capitalizar" la deuda de la compañía, o sea que el banco se convertiría en el principal accionista, mientras que el sindicato aceptó cancelar su reclamo de la nacionalización y de recuperar el pago atrasado de los trabajadores. La producción en la planta se reanudó la primera semana de octubre con 400 trabajadores, una pequeña porción de la fuerza laboral, bajo promesas de contratar a otros "cuando mejoren las ventas", dijo Vidalgo.

Vidalgo dijo que el enorme desempleo, la inflación y otras malas condiciones económicas fueron factores que llevaron a esta decisión en Venepal.

El desempleo en Venezuela, según estadísticas oficiales, excede actualmente el 18 por ciento. Las importaciones bajaron por un 51 por ciento entre enero y julio de este año. La inflación ha bajado levemente desde el año pasado, aunque todavía se acerca a un 21 por ciento. También se espera que el producto interno bruto caiga en un 10 ó 11 por ciento para fines del año.

Bajo el impacto agobiante de la crisis económica y la ausencia de un liderazgo de lucha de clases en el movimiento obrero, parece que el ímpetu inicial hacia las ocupaciones de fábrica por los trabajadores ha decaído.

A pesar de esto, muchos trabajadores muestran determinación de resistir y conectar sus luchas por reivindicaciones económicas a la lucha más amplia para impedir que la burguesía venezolana derroque el gobierno de Chávez.

Como dijo Carmen Rosa González, "No sabemos si ganaremos esta batalla" en la Industrial de Perfumes, "Aquí la mayoría de nosotros apoya al presidente. Pero la guerra no es sobre Chávez. Es una guerra contra los trabajadores, contra los pobres. Los ricos están acostumbrados a salirse con la suya todo el tiempo. Ahora ya no es así exactamente. Aguantaremos hasta el final".