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 | UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR octubre de 2003 Vol. 27 No. 9América Latina
Washington aumenta injerencia
POR MARTÍN KOPPEL En una visita que el secretario de defensa norteamericano Donald Rumsfeld hizo a Colombia y Honduras a fines de agosto, Washington indicó que ahora está volviendo a poner mayor atención a reforzar su presencia militar en Centro y Sudamérica. La visita señaló el fin de un periodo en el cual los gobernantes estadounidenses habían colocado en segundo plano los desafíos que enfrentan en Latinoamérica mientras se concentraban en su guerra contra Iraq y la ocupación de ese país, su ofensiva económica y militar en el Medio Oriente y Asia, y sus intentos de ahondar su penetración en Africa. El 19 de agosto Rumsfeld llegó a Bogotá, donde realizó conferencias de prensa, entrevistas y reuniones con altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas. Elogió al presidente colombiano Alvaro Uribe por su “excelente labor” en el uso enérgico de las fuerzas militares en la lucha contra el “narcoterrorismo”, refiriéndose a la guerra del régimen contra las organizaciones guerrilleras, sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que lleva cuatro décadas peleando contra el gobierno.
En una rueda de prensa junto con la ministra de defensa Marta Ramírez, Rumsfeld dijo que Washington había levantado la prohibición a la interdicción de aviones que portan a sospechosos de narcotraficantes y armamentos a “terroristas” en Colombia y otras naciones de la región. Los vuelos se suspendieron en 2001 cuando un avión caza militar peruano, guiado por un avión espía de la CIA, derribó a una nave con cinco misioneros norteamericanos. El jefe del Pentágono anunció que Wa-shington estaba contemplando la posibilidad de darle al gobierno derechista más armamentos, entrenamiento de sus tropas y fondos para el Plan Colombia, el cual suministra miles de millones de dólares en apoyo a la contrarrevolución que realiza las fuerzas armadas colombianas. Durante su visita, el secretario de defensa norteamericano respaldó a Bogotá en su conflicto fronterizo —que ha incluido enfrentamientos armados— con el gobierno del presidente de Venezuela Hugo Chávez. El día después de la visita de Rumsfeld a Colombia, la oposición proimperialista en Venezuela entregó 2.7 millones de firmas al Consejo Nacional de Elecciones exigiendo un referéndum para destituir al presidente. Sin embargo, el 13 de septiembre las autoridades invalidaron las firmas. En su viaje a Honduras, donde se reunió con el presidente Ricardo Maduro, Rumsfeld dijo que América formaba parte de una “lucha global” contra el “terrorismo”. Dijo a los soldados norteamericanos en la base aérea de Soto Cano “que él y los oficiales militares norteamericanos de alto rango discutirían una posible redistribución de la presencia militar americana en Latinoamérica en las próximas semanas”, informó la agencia noticiosa Reuters el 20 de agosto.
En la base de Soto Cano, unas 500 tropas norteamericanos que pertenecen a la unidad Fuerzas de Trabajo Conjuntas “Bravo” realiza operaciones de entrenamiento militar y antinarcóticos en Centro y Sudamérica y el Caribe, informó la agencia Prensa Asociada. Un funcionario del Pentágono que acompañó a Rumsfeld dijo que Washington recientemente reanudó el suministro de datos por radar al régimen de Honduras como parte de la intercepción de vuelos “narcoterroristas”. Soto Cano se convirtió en un punto clave para las operaciones militares norteamericanas en la región cuando, tras décadas de lucha, las tropas norteamericanas fueron trasladadas de Panamá en 1999. Los funcionarios norteamericanos también elogiaron al gobierno hondureño por haber cumplido dos requisitos: enviar un contingente de tropas a Iraq como parte de la fuerza de ocupación encabezada por Washington, y ratificar un tratado que exime a los soldados norteamericanos de juicios por crímenes de guerra. Durante casi dos años, los gobernantes norteamericanos se han enfocado en su campaña de guerra y otros desafíos en Asia austral y el Medio Oriente, incluyendo la invasión y ocupación rápida de Iraq a comienzos del año, llevada a cabo sin mucha oposición o bajas norteamericanas. También han expandido su intervención militar y dominio económico en Africa, con la mira puesta en los recursos petrolíferos del continente, a costa de sus rivales imperialistas. Contrainsurgencia norteamericana Bajo estas condiciones, Washington no ha podido sino hasta ahora prestar la misma atención a Latinoamérica, a pesar de que han ocurrido hechos que para el imperialismo tienen mucha importancia: de Brasil a Argentina, Colombia, Venezuela y México. Por ejemplo, a pesar de la hostilidad norteamericana hacia el gobierno de Venezuela, que Washington considera demasiado independiente, el régimen de Chávez ha logrado gobernar sin enfrentar un desafío serio por Washington. El viaje de Rumsfeld es una señal visible de que esta etapa se acabó, un cambio que observaron muchos comentaristas burgueses.
La visita del jefe del Pentágono fue parte de una serie de viajes a la región por altos funcionarios del gobierno norteamericano. El 11 y el 12 de agosto, el general Richard Myers, jefe del Estado Mayor, hizo escala en Bogotá para reunirse con el presidente Uribe, la ministra de defensa Ramírez y altos funcionarios del ejército colombiano. Su visita fue precedida por el representante comercial norteamericano Robert Zoeller, quien dejó entrever la oferta de un acuerdo de “libre comercio”. También a fines de julio, el mandamás “antinarcóticos” John Walters visitó junto con el subsecretario de estado para asuntos políticos Marc Grossman y el general James Hill, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. La pieza central en la expansión de la intervención militar norteamericana en la región es el Plan Colombia, iniciado por el gobierno de Clinton en 2000. Washington ha desembolsado 2 500 millones de dólares para el Plan Colombia, convirtiendo a Colombia en el gobierno que más fondos recibe del Pentágono después de Israel y Egipto. El Plan Colombia se presentó inicialmente como parte de la “lucha antidrogas”, a pesar que los hechos indicaban que se trataba de aumentar la intervención militar norteamericana en una región donde las familias gobernantes de Estados Unidos tienen enormes intereses económicos y que ha visto sido sacudida por el descontento social. El año pasado, el gobierno norteamericano expandió oficialmente el propósito oficial de su misión militar en Colombia para abarcar la “guerra antiterrorista”, es decir, la prolongada guerra del régimen colombiano contra las FARC y una organización guerrillera más pequeña, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los informes de los medios noticiosos se calcula que estas organizaciones controlan un 40 por ciento del territorio colombiano, sobre todo en las zonas rurales. En los últimos meses el gobierno de Bush envió 150 tropas norteamericanas a Colombia. Usó como pretexto la captura de tres “contratistas civiles” por las FARC cuando su avión militar Cessna se estrelló en territorio ocupado por los rebeldes. Las tropas adicionales elevan a 400 la fuerza oficial norteamericana en Colombia: el límite decidido por el Congreso norteamericano. A estas tropas se suman 300 “empleados contratados”. Las Fuerzas Especiales norteamericanas han entrenado a 15 batallones del ejército colombiano. También están entrenando una unidad especial que protege el oleoducto de la empresa norteamericana Occidental Petroleum en el noreste. Colombia es el séptimo país en suministros de petróleo a Estados Unidos. Bajo la bandera de la lucha “antiterrorista”, el régimen de Uribe ha aumentado la represión contra las luchas obreras y campesinas. Gran parte de la represión se puede atribuir a los escuadrones de la muerte de los narcolatifundistas vinculados al ejército. Las luchas del sindicato minero en las minas del carbón de la Drummond Co., con sede en Alabama, y del sindicato de la industria alimenticia en la planta embotelladora de Coca-Cola han sido atacadas por grupos paramilitares que han asesinados a activistas sindicales. El Plan Colombia fue ampliado el año pasado con la Iniciativa Regional Andina, que destina fondos a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil y Bolivia. La mitad de los fondos están dedicados a la policía y a las fuerzas militar de estos países, según cifras del Departamento de Estado norteamericano. La ampliada presencia militar norteamericana incluye la base aérea norteamericana en Manta, Ecuador; decenas de bases “antidrogas” en Bolivia y Perú; y bases militares semisecretas en el este de Paraguay. Presiones contra gobierno de Chávez Uno de los centros de este conflicto es Venezuela, un país con grandes riquezas petrolíferas donde Washington se preocupa ante las crecientes expectativas de los trabajadores y campesinos por la tierra, por empleos y por mejores condiciones desde la elección de Chávez. El país se mantiene fuertemente polarizado entre el apoyo popular a Chávez y la oposición proimperialista que presiona por un referéndum para destituir al presidente. El 12 de septiembre el consejo electoral venezolano rechazó la petición a favor de un referéndum porque la recolección de firmas no se atuvo a los requisitos legales. Como parte de la campaña respaldada por Washington contra el gobierno de Venezuela, funcionarios militares colombianos han acusado a Caracas de permitir que su territorio sea utilizado por los guerrilleros de las FARC y el ELN. Durante su visita a Bogotá, el general Myers “comparó a Venezuela con los vecinos de Iraq que dejan que ‘armamentos o combatientes’ crucen la frontera, informó el reportero Charles Roth de Dow Jones. “No ayuda cuando los países no apoyan plenamente la lucha contra el terrorismo”, dijo Myers en referencia al gobierno de Venezuela. Y en Colombia Rumsfeld dijo, sin mencionar el país, que Venezuela debía abrir su espacio aéreo a aviones espías colombianos. En enero el general Hill, jefe del Comando Sur, dijo en una conferencia en Nueva York que los “narcoterroristas” y grupos islámicos estaban utilizando la Isla Margarita en Venezuela para el lavado de dinero, informó Dow Jones. Entre otros puntos de creciente conflicto en América Latina están: Brasil, donde a Washington le inquieta que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no pueda frenar las luchas sindicales y campesinas. Argentina, que no se ha recuperado del colapso económico que arrasó al país hace 20 meses, y donde persiste la resistencia obrera contra los cierres de fábricas y el desempleo. Chile y Uruguay, donde los sindicatos recientemente llevaron a cabo huelgas generales en respuesta al impacto de la depresión económica. República Dominicana, donde a fines de agosto estallaron nuevas protestas populares contra un acuerdo de austeridad dictado por el Fondo Monetario Internacional. Estos son los hechos que inquietan a Wall Street y que lleva a Washington a incrementar su presencia militar en América Latina. |
