octubre de 2003 Vol. 27 No. 9

Paro general contra efectos de la crisis social

POR SAM MANUEL
Y ROMINA GREEN

Cientos de miles de trabajadores en Chile realizaron una huelga general el 14 de agosto. El paro, convocado por la Central Unica de Trabajadores (CUT), fue la prime-ra huelga general en este país desde 1986. En esa ocasión los sindicatos protestaban contra la dictadura militar de Augusto Pinochet, la cual había impuesto un reino de terror en el país desde un golpe de 1973 apoyado por Washington.

La policía utilizó gases lacrimógenos y cañón de agua contra los manifestantes y arrestó a cientos de personas. El gobierno prometió castigar a los huelguistas “con toda la severidad de la ley”, informó la agencia noticiosa Reuters. La policía antimotines se desplegó para impedir que 3 500 huelguistas marcharan por La Alameda, cerca del palacio presidencial en Santiago de Chile. Los huelguistas respondieron con palos y piedras, según informó Agence France-Presse. Ese día arrestaron a por lo menos 130 personas. También hubo protestas y otros arrestos el 15 de agosto, superando los 300 detenidos, dos tercios de ellos en Santiago.

Algunos fueron arrestados al tratar de bloquear las carreteras cerca de las minas de cobre. Otros fueron detenidos en por lo menos otras tres ciudades del país, incluyendo siete en la ciudad sureña distante de Punta Arenas.

La CUT convocó la huelga para protestar contra el seguro médico, el deterioro de otros beneficios sociales, las propuestas del gobierno de una mayor “flexibilidad” en la semana laboral, que ahora llega a 48 horas y las pésimas condiciones de trabajo en muchas compañías privadas. Además, los trabajadores exigieron un aumento del salario mínimo. El pueblo trabajador padece de altos índices de desempleo, que oficialmente alcanza un 9.1 por ciento, y el subempleo.

La CUT tiene unos 400 sindicatos afiliados y cuenta con 640 mil miembros. Entre los que participaron en el paro figuraban obreros de la construcción, transporte, salud, maestros, taxistas y la mayoría de los empleados públicos. El presidente de la CUT, Arturo Martínez, dijo que la huelga se realizó en defensa de “la dignidad de los trabajadores” y dijo que fue un éxito. La central afirmó que un 80 por ciento de la actividad comercial estuvo afectada.

Lagos amenaza a empleados públicos

El gobierno del presidente Ricardo Lagos, del Partido Socialista, trató de restarle importancia al paro, afirmando que la participación fue reducida. Lagos advirtió que los empleados del gobierno que salieran en huelga serían multados, y calificó a la huelga como “una causa perdida”.

“Nuestros salarios son muy bajos: el salario mínimo es de 115 mil pesos [165 dólares] mensuales”, declaró Eduardo Alarcón al diario londinense Guardian.

“Teníamos muchas esperanzas en este gobierno socialista”, agregó María Guzmán, “pero solo han trabajado con la derecha y los empresarios y no con nosotros, los pobres”.

El diario chileno La Nación informó que el gobierno iba a enjuiciar a todos los que cometieron “actos ilegales” violando la ley “antiterrorista”. Según la prensa chilena, entre los 15 heridos durante el enfrentamiento de policías y manifestantes, la gran mayoría fueron policías. El ministro del interior José Miguel Isulza dijo que el gobierno tomaría medidas para impedir incidentes el 11 de septiembre, fecha del 30 aniversario del golpe de 1973, cuando Pinochet dirigió el golpe militar que derrocó al gobierno electo del presidente Salvador Allende.

El 11 de septiembre hubo diversos actos de conmemoración del golpe en las cuales participaron miles de trabajadores, estudiantes y otros manifestantes.

El gobierno de Allende

Allende, dirigente del ala izquierda del Partido Socialista y partidario de la Revolución Cubana, fue elegido presidente de Chile en septiembre de 1970 como candidato de la Unidad Popular (UP), una coalición donde predominaban el PS y el Partido Comunista. La UP también incluía al Partido Radical, el Movimiento de Acción Popular Unificado —escindido del Partido Demócrata Cristiano— y dos partidos más pequeños.

La victoria de Allende reflejó una amplia radicalización de las masas chilenas. Cuando los capitalistas empezaron a sabotear la producción poco después de la victoria de la UP, los trabajadores ocuparon las fábricas y continuaron la producción sin patrones. El pueblo trabajador empezó a organizar la distribución de mercaderías. En muchos distritos obreros, organizaciones conocidas como “cordones industriales” empezaron a coordinar la lucha. Cada vez que se presentaba una oportunidad, los trabajadores salían en masa contra la derecha.

Bajo estas presiones populares, el gobierno de la UP promulgó algunas reformas de mayor alcance durante su primer año en el poder. Nacionalizó muchos bancos y textileras así como las propiedades extranjeras en las industrias del cobre, del nitrato, del hierro y del carbón. Se dio inicio a una reforma agraria y muchos campesinos empezaron a ocupar tierras. Además el gobierno entabló relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba y se opuso a la guerra dirigida por Washington contra Vietnam.

A pesar de el discurso radical de Allende y de algunas acciones importantes antiimperialistas que tomó, la UP fue una coalición colaboracionista de clases, un frente popular. Subordinó la lucha de los trabajadores y campesinos a los partidos y las fuerzas burgueses. En ciertos momentos decisivos integró a altos miembros de la cúpula militar al gobierno como garantía para los gobernantes chilenos. Trató de justificar sus acciones afirmando que se atenía a la legalidad burguesa.

El imperialismo norteamericano y la burguesía nacional, sin embargo, no dieron mucha importancia la legalidad burguesa. Washington ocupó un papel directo en la campaña desestabilizadora cuyo objetivo era derribar al régimen de la UP.

Después de la elección de Allende, el gobierno norteamericano recortó toda su “ayuda” a Chile con excepción de la ayuda militar y el entrenamiento de la fuerzas armadas chilenas y para financiar huelgas y boicots contrarrevolucionarios, como las “huelgas” patronales encabezadas por propietarios de camiones que paralizaron la economía.

Estas batallas de clases terminaron tres años más tarde con un golpe sangriento contra Allende. Miles de trabajadores, activistas políticos y revolucionarios de otros países que habían recibido asilo político del régimen de la UP fueron asesinados. El propio Allende fue ultimado mientras combatía para defender el palacio nacional —La Moneda— de los golpistas. Fue un terrible revés contra el pueblo trabajador.

Venta de empresas públicas

Durante la dictadura de Pinochet, los gobernantes chilenos lanzaron una serie de “reformas” económicas. Por ejemplo, privatizaron el sistema de pensiones y del seguro social así como las telecomunicaciones. Tomaron una serie de medidas para eliminar las barreras a la inversión y el comercio extranjeros, convirtiendo la economía de Chile en una de las más expuestas a la penetración imperialista en el mundo.

En 2001 se suministraba casi todo el mercado chileno de telecomunicaciones con productos importados, mayormente de Estados Unidos.

La industria energética, sobre todo la electricidad, también se vendió a dueños privados a comienzos de los 80. El país importa ahora casi el 95 por ciento de su petróleo. En febrero de 2000, miles de choferes de camiones, autobuses y taxis amenazaron con realizar paros contra la decisión del gobierno de hacerles pagar por el aumento de los precios de combustibles importados.

Los principales beneficiados del nuevo plan de pensiones, afirmó el St. Petersburg Times del 17 de abril, “son los administradores de los fondos de mutuales”. Para el año 2010 casi un 60 por ciento de los jubilados no podrán recibir más del nivel mínimo de las pensiones, 110 dólares mensuales. Actualmente un 42 por ciento de los trabajadores no tienen plan de pensiones.

El sistema del seguro social se privatizó en 1981, y el seguro de desempleo en octubre de 2002. Al tiempo que ha crecido el desempleo, los salarios —incluyendo el salario mínimo— han disminuido y el número de trabajadores a tiempo parcial ha crecido.

Según comentaristas en los países imperialistas, Chile bajo el gobierno de Lagos ha sido una de las economías más estables en Latinoamérica, una región que aún se recupera de un descenso económico en 1999. Durante la última década las instituciones financieras imperialistas han elogiado al gobierno de Chile como modelo exitoso del capitalismo en Latinoamérica. Los sucesos recientes ponen en duda esta aseveración.