septiembre de 2003 Vol. 27 No. 8

Trabajadores rurales intensifican lucha por tierra

POR MICHAEL ITALIE

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil ha realizado unas 120 tomas de tierra en lo que va del año. La organización exige que el gobierno acelere la distribución de tierras a los campesinos. Al mismo tiempo, los latifundistas están presionando para que el gobierno reprima estas luchas.

Por otra parte, el nuevo gobierno de Luis Inácio Lula da Silva está impulsando propuestas para recortar las pensiones de jubilación. Miles de empleados públicos paralizaron labores por varios días a comienzos de julio para oponerse a estos recortes.

Estos sucesos indican las elevadas expectativas y la creciente confianza del pueblo trabajador en Brasil para luchar en defensa de sus intereses. Esto preocupa a Wall Street, especialmente ya que Brasil tiene una creciente deuda externa de 260 mil millones de dólares.

La agudización de la lucha por la tierra ha llevado al nuevo gobierno socialdemócrata a un conflicto con los trabajadores rurales sin tierra. Los terratenientes capitalistas tampoco están satisfechos con el manejo de la crisis por el gobierno.

Los dirigentes de las organizaciones de latifundistas están regañando al gobierno por "no hacer valer la ley" en defensa de su riqueza. Algunos han organizado milicias privadas para hacerlo ellos mismos.

La economía brasileña, presentada a mediados de los años 90 como modelo de desarrollo capitalista en el mundo semicolonial, se fue a pique en 1998. El producto nacional bruto del país se contrajo y el desempleo aumentó.

La caída vertiginosa continuó en 2002. El real, la moneda brasileña, bajó en un 35 por ciento y la inflación se disparó. El gobierno de Fernando Enrique Cardoso recibió un préstamo de "rescate" de 41.5 mil millones del Fondo Monetario Internacional a cambio de recortes en el seguro social y aumentos de impuestos que redujeron los ingresos del pueblo trabajador.

El 1 de enero Da Silva asumió la presidencia tras una rotunda victoria en la elecciones de octubre como candidato del Partido de los Trabajadores (PT). Su victoria electoral, como las de Lucio Gutiérrez en Ecuador y de Néstor Kirchner en Argentina, indicó las crecientes expectativas del pueblo trabajador en estos países, que han quedado arrollados por la depresión económica y la ofensiva de los gobernantes capitalistas nacionales contra sus conquistas sociales.

El número de ocupaciones de tierra alcanzó su nivel más alto desde marzo, cuando el MST puso fin a su moratoria de dos meses contra estas acciones, la cual había anunciado como gesto de buena fe hacia el nuevo presidente. Los enfrentamientos más encarnizados con los terratenientes se han dado en el estado de Sao Paulo, donde está concentrada la producción agrícola en mayor escala. Se han dado conflictos en 20 de los 26 estados de la nación.

En Presidente Epitacio, 3 500 familias pusieron un campamento para exigir tierra y recursos. El MST dijo que cuando el número de familias llegara a 5 mil -la mitad de la población de la ciudad- el marcharían a la ciudad cercana de Presidente Prudente, donde viven algunos de los grandes rancheros, para exigir los reclamos de los trabajadores sin tierra. El alcalde dijo que bloqueará la entrada a la ciudad.

Las cifras del gobierno indican que las tomas de tierra aumentaron en un 62 por ciento en la primera mitad de 2003 comparado con el mismo periodo del año pasado.

Las exportaciones agrícolas han ocupado un papel clave en la recuperación de las ganancias de los capitalistas brasileños desde la elección de Lula, proyectando un superávit comercial de 23 mil millones de dólares para este año. La devaluación precipitosa del real ha dado un impulso a estas exportaciones. Hoy Brasil es el país exportador más grande de azúcar en bruto, el segundo exportador más grande de soja, y el tercero más grande de carne.

La distribución de tierras en Brasil es una de las más desiguales del mundo. Casi la mitad del territorio cultivable en el país está en manos de un 3 por ciento de la población, mientras que el 40 por ciento más pobre es dueño del 1 por ciento de la tierra.

El MST reclama la entrega de tierras a un millón de familias para el año 2006 como primer paso.

Lula está buscando poner fin a las acciones del MST, tratando de asegurar a la población rural que tales acciones no son necesarias, al tiempo que dice apoyar una reforma agraria. "No me imagino que en un país de este tamaño, con la cantidad de tierra que tiene, sea necesaria una ocupación violenta", dijo en junio.

En una rueda de prensa después de reunirse con dirigentes del MST en julio en uno de sus campamentos, Lula se puso una gorra del MST. Los dirigentes empresariales se quejaron con amargura de que el gobierno aún no ha reprimido las tomas de tierras "ilegales".

"Es totalmente inaceptable que el gobierno haya abierto sus puertas a un grupo guerrillero violento como el MST", dijo Humberto Sa del "Movimiento de Productores Rurales contra el MST". Sa es dueño de 1200 acres en el estado de Paraná y es uno de los que han formado milicias para atacar las ocupaciones de los trabajadores sin tierra.

Aunque no es nuevo que los grandes terratenientes en Brasil organicen a matones armados, "el movimiento miliciano está cobrando fuerza ya que existe la convicción de que el gobierno tiene fuertes lazos con el movimiento de los sin tierra y los rancheros saben que tienen que protegerse", dijo un dirigente de los hacendados.

El gobierno brasileño informa que desde el comienzo de 2003 han sido asesinados 13 trabajadores sin tierra. El MST dice que las cifras son mucho mayores:1 500 de sus miembros han sido asesinados en la lucha por la tierra en los últimos cuatro años.

El dirigente del MST José Rainha fue arrestado el 11 de julio en Teodoro Sampaio, en el estado de Sao Paulo, acusado en relación a una toma de tierras ocurrida hace tres años. En 2000 el MST derrotó una campaña del gobierno para fabricarle un caso de asesinato a Rainha.

Ante las huelgas de los empleados públicos contra la "reforma" de pensiones, una meta clave de su gobierno, da Silva hizo unos cambios modestos al plan cuando lo presentó el 17 de julio al congreso. Los informes de prensa indicaron que el 40 ó 50 por ciento de los empleados públicos se sumaron a los paros que empezaron el 6 de julio. En los paros participaron diversos empleados públicos, tanto trabajadores de hospitales como profesores universitarios.

Las protestas terminaron cuando Lula prometió hacer pequeñas concesiones. La Central Unica de Trabajadores, que apoya al gobierno del PT, no se sumó a la huelga.

El 13 de agosto, la cámara baja del Congreso aprobó la propuesta de "reforma" de pensiones, una victoria para el gobierno.

La nueva ley busca eliminar 17 mil millones de dólares del fondo de pensiones en los próximos 20 años, para que esta suma se pueda usar para el pago de la deuda externa de Brasil.

Bajo la propuesta, unos 4 millones de empleados públicos sufrirán una reducción de sus pensiones y un nuevo impuesto del 11 por ciento a sus pagos de jubilación. Además, los trabajadores tendrán que haber trabajado 35 años, y un mínimo de 20 años como empleados públicos. La edad mínima para jubilarse aumentaría en siete años para hombres y mujeres: a 60 y a 55 años, respectivamente.