septiembre de 2003 Vol. 27 No. 8

Tribunal ratifica acción afirmativa
Corte Suprema también afirma derecho de homosexuales a vida privada

POR MARTÍN KOPPEL

La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido varias decisiones importantes que indican tendencias profundas en la sociedad respecto a ciertos derechos fundamentales. Reflejan el criterio de sectores importantes de la clase dominante norteamericana de que la burguesía ha ido demasiado lejos en sus ataques a estos derechos.

Los dos casos más destacados fueron el fallo histórico del 23 de junio, que afirmó que los programas de acción afirmativa en la enseñanza superior están protegidos por la constitución de Estados Unidos, y la decisión del 26 de junio, que anuló una ley antihomosexual en Texas y ratificó el derecho constitucional de los homosexuales a su vida privada y a estar protegidos contra la discriminación y el acoso. Otros fallos de la Corte Suprema reforzaron los derechos de la mujer en el empleo y los derechos de las personas acusadas en casos de pena capital.

En el primer caso, la Corte Suprema respaldó, por un voto de 5 a 4, el programa de ingreso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, el cual "permite la consideración de raza como factor para admitir" a estudiantes.

En un fallo relacionado, el tribunal rechazó el programa de ingreso de la Universidad de Michigan para los estudiantes subgraduados (de los primeros cuatro años), por usar un sistema que otorgaba puntos a los solicitantes que eran negros, latinos o indígenas. Sin embargo, los dos fallos juntos son suficientemente amplios como para que se pueda diseñar una política de ingreso que mantenga la acción afirmativa.

A raíz de las luchas de masas por los derechos civiles en los años 50 y 60, que derrocaron el sistema de segregación racial institucionalizada en el Sur de Estados Unidos y transformaron la conciencia del pueblo trabajador, surgieron demandas a favor de la acción afirmativa: medidas especiales para combatir la discriminación endémica y ampliar el número de negros, chicanos y otras nacionalidades oprimidas así como mujeres en ciertos empleos y otros aspectos de la sociedad de los cuales han sido excluidos históricamente. A lo largo de las últimas cuatro décadas, se han conquistado programas de acción afirmativa en la educación, el empleo, la vivienda y otras esferas. Las conquistas más firmes han sido las que establecieron cuotas numéricas de acción afirmativa como instrumento para obligar a los patrones y a funcionarios estatales a cumplir con estas normas.

En su decisión de 1978 Directores de la Universidad de California versus Bakke, la Corte Suprema declaró inconstitucional el uso de cuotas raciales para decidir el ingreso de estudiantes a las universidades. Por otra parte, afirmó que "el objetivo de lograr un estudiantado variado es suficientemente convincente como para justificar la consideración de raza como factor...bajo ciertas circunstancias".

Después de la decisión de Bakke, muchas universidades adaptaron sus programas de acción afirmativa de manera de seguir usando la raza y la "diversidad" como factores.

La decisión del 23 de junio señaló que el caso Bakke había generado seis opiniones por parte de los nueve jueces, y ninguna de ellas representaba una mayoría de la corte. El juez Lewis Powell, quien anunció la decisión de 1978, redactó una opinión -no apoyada por los demás-que afirmaba que existía "un interés estatal apremiante-en la diversidad racial en las universidades.

En su fallo reciente, la corte fue mucho más lejos que en Bakke al usar la declaración de Powell como base de su decisión. "La Corte respalda el criterio de Powell de que la diversidad del estudiantado representa un interés estatal apremiante en el contexto del ingreso a la universidad", escribió la jueza Sandra Day O'Connor a nombre de la mayoría del tribunal supremo.

El caso de la Universidad de Michigan -el primer fallo de la Corte Suprema desde Bakke-reveló los profundos cambios que se han dado en las actitudes sociales de decenas de millones de personas en Estados Unidos a través de las últimas décadas. Hoy día la abrumadora mayoría de la población -tanto entre la clase obrera como entre las clases medias y la mayoría de la clase gobernante-apoya la acción afirmativa.

Unas 300 organizaciones presentaron documentos amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte Suprema a favor de los programas de acción afirmativa de la Universidad de Michigan. Entre ellas se encontraban más de 60 de las empresas más grandes del país-General Motors, Dupont, Texaco, Dow Chemical, Eli Lilly, Procter and Gamble y Eastman Kodak, entre otras-, decenas de universidades, 22 gobiernos estatales, y varios congresistas.

Declaración de oficiales militares

El amicus curiae que recibió más atención pública fue la declaración firmada por 30 altos oficiales retirados del ejército, la marina de guerra, la fuerza aérea y los marines. Los firmantes incluían tres ex jefes del estado mayor -el general John Shalikashvili, el general Henry Shelton y el almirante William Crowe- así como dos ex secretarios de defensa y 11 generales de cuatro estrellas, entre ellos Norman Schwartzkopf y Anthony Zinni.

Los oficiales plantearon que la dirección militar norteamericana ha tenido que tomar medidas especiales para aumentar el número de negros, latinos, asiáticos e indígenas en el cuerpo de oficiales para mantener la cohesión y moral de las fuerzas armadas. Una decisión judicial en contra de la acción afirmativa habría afectado las academias militares de West Point, Annapolis y la Academia de la Fuerza Aérea, así como los programas del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC) en cientos de universidades, que proporcionan el 48 por ciento de los oficiales.

El documento describe francamente los problemas que ha enfrentado la cúpula militar en décadas recientes y cómo ha intentado resolverlos reclutando a más soldados de las nacionalidades oprimidas al cuerpo de oficiales. Durante la guerra de Vietnam, señalan los oficiales retirados, los negros representaban el 17 por ciento de los soldados, pero nunca más del 3 por ciento de los oficiales. "En los años 60 y 70, la rotunda disparidad entre la composición racial de las filas y la del cuerpo de oficiales alimentó una desintegración del orden que puso en peligro la capacidad de las fuerzas armadas de cumplir su misión", afirma el documento. "Las tropas afroamericanas, que rara vez veían a miembros de su propia raza en puestos de mando, perdieron confianza en las fuerzas armadas como institución", afirma. "El problema racial era tan crítico que estaba al borde de la autodestrucción".

En respuesta, dijeron, la cúpula militar tomó medidas de acción afirmativa. Hoy día, informan, un 22 por ciento de los soldados son negros, 10 por ciento latinos, 4 por ciento asiáticos y 1.2 por ciento indígenas: un total de 37.2 por ciento. Un 19 por ciento de los oficiales son miembros de nacionalidades oprimidas, lo cual marca un salto comparado con la década de 1970, pero aún queda una brecha importante.

La mayoría de los partidarios de la acción afirmativa celebraron el fallo de la Corte Suprema como una victoria. "La acción afirmativa ha sido ratificada", dijo Angela Galardi, presidenta de la asamblea estudiantil de la Universidad de Michigan. El grupo Estudiantes en Apoyo a la Acción Afirmativa y la Coalición para Defender la Acción Afirmativa por Cualquier Medio Necesario (BAMN) realizaron manifestaciones en el recinto de Ann Arbor, Michigan, para celebrar.

Cuando la Corte Suprema anunció su fallo, el presidente George Bush, a pesar de haber solicitado la revocación de los programas de la Universidad de Michigan, emitió una declaración que elogió al tribunal "por reconocer el valor de la diversidad en los recintos de nuestra nación". La administración reconoció el uso de la raza como uno de los factores para decidir el ingreso de los estudiantes, lo cual enfureció a las organizaciones derechistas.

"Es indignante que la mayoría a favor de estas preferencias raciales estuviese integrada por jueces nombrados por republicanos", exclamó Clint Bolick del Instituto por la Justicia, un grupo derechista. Siete de los nueve jueces fueron nombrados por las administraciones de Nixon, Reagan o Bush padre.

Triunfo para derechos de homosexuales

Como si esto fuera poco, la Corte Suprema emitió un fallo el 26 de junio que, por un voto de 6 contra 3, revocó una ley contra la "sodomía", que el gobierno había usado para discriminar contra los homosexuales. La decisión judicial fue notable en dos sentidos: amplió el derecho constitucional a la vida privada, y estipuló específicamente que los homosexuales tienen derecho a la misma protección que los demás.

El fallo, redactado por el juez Anthony Kennedy, afirma, "La libertad protegida por la Constitución les permite a las personas homosexuales el derecho a escoger relaciones dentro de los confines de su hogar y de su propia vida privada y mantener su dignidad como personas libres". Añadió, "Cuando las leyes del Estado convierten en delito criminal la conducta homosexual, esa declaración en sí es una invitación a someter a las personas homosexuales a la discriminación en los ámbitos tanto público como privado". La decisión revocó su propio fallo de 1986 a favor de la ley antisodomía de Georgia en el caso Bowers versus Hardwick, observando que sus argumentos han quedado muy desprestigiados por los fallos judiciales posteriores y la evolución de actitudes sociales muy generalizadas.

El nuevo fallo se basa explícitamente hitos anteriores en la conquista del derecho a la vida privada, especialmente los fallos judiciales de 1965 y 1972 que revocaron prohibiciones al uso de los anticonceptivos, y la decisión Roe versus Wade, que protege el derecho de la mujer al aborto. Estas victorias judiciales fueron consecuencias de las luchas de masas de los años 50, 60 y 70 por los derechos de los negros y de las mujeres, las cuales transformaron las actitudes sociales y expectativas de la población norteamericana, especialmente entre la clase trabajadora.

La administración Bush guardó silencio sobre este fallo. Por otra parte, las organizaciones de derecha reaccionaron con rabia.

En un artículo fechado el 3 de julio, el ex director de la revista derechista National Review Joseph Sobran se quejó de que "los jueces nombrados por presidentes republicanos frecuentemente emiten los fallos más liberales", una tendencia vigente desde el ascenso obrero de los años 30 y la administración de Franklin Roosevelt. Dijo como ejemplo que en 1973, "Harry Blackmun, recién nombrado al tribunal por Richard Nixon, redactó la opinión mayoritaria que revocó las leyes antiaborto de todos los 50 estados". Hoy, dijo, los jueces Kennedy y O'Connor, ambos nombrados por Reagan, fallan "que las leyes de sodomía 'discriminan' contra los homosexuales como 'clase' o 'grupo'". Tal razonamiento, adivirtió, "podría llevar a quién sabe dónde".