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El Militant, un semanario socialista en inglés

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UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR
julio-agosto de 2003 Vol. 27 No. 7

Argentina

Triunfo peronista sigue tendencia electoral de Brasil y Ecuador

Por Martín Koppel

El nuevo presidente de Argentina, el peronista Néstor Kirchner, ha formado un gobierno destinado a proteger los intereses de los patrones al tiempo que promete responder a los problemas de los trabajadores y las clases medias aplastadas por el derrumbe económico del país.

Las elecciones presidenciales siguen una tendencia que se ha manifestado en otras partes de Sudamérica, tales como los triunfos electorales de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil y de Lucio Gutiérrez en Ecuador. Ambos salieron electos por su postura crítica de las medidas de austeridad de sus predecesores y por pronunciarse a favor de los más afectados por las condiciones de depresión.

En la concurrida contienda del 27 de abril, ninguno de los candidatos ganó más del 25 por ciento de los votos, lo cual refleja el desprecio generalizado de los políticos tradicionales por la catástrofe social, así como la falta de una alternativa política.

El presidente saliente, Eduardo Duhalde, fue nombrado por el Congreso en enero de 2002 tras un derretimiento económico y un estallido social en Argentina que forzó al presidente Fernando de la Rúa a renunciar. En contraste con el desprestigiado de la Rúa, Duhalde pudo usar sus credenciales peronis-tas como “hombre del pueblo” para llevar a cabo una fuerte devaluación del peso y otras medidas económicas brutales para tratar de recuperar la confianza de los capitalistas.

En la primera vuelta, el ex presidente Carlos Menem ganó el 24 por ciento de los votos y Kirchner el 22 por ciento. La Unión Cívica Radical, que junto al peronismo ha sido uno de los partidos burgueses gobernantes, recibió apenas un 2.3 por ciento.

En la segunda vuelta Menem, quien había cumplido dos mandatos entre 1989 y 1999, no tenía posibilidades de ganar, ya que el público lo responsabiliza a él y a su política de austeridad por la crisis económica. Ante encuestas que arrojaban cifras del 78 por ciento a favor de Kirchner, Menem se retiró antes de la segunda vuelta, cediendo la presidencia a su contrincante. La burguesía argentina necesitaba un presidente con credenciales más de “izquierda” que Menem.

Menem y Kirchner pertenecen a facciones rivales del Partido Justicialista, según se llama la organización peronista. La cúpula sindical -las dos alas de la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos- llamaron a un “voto contra Menem” y apoyaron a Kirchner en la segunda vuelta.

El partido peronista ha sido la principal fuerza política burguesa en Argentina dessde la Segunda Guerra Mundial, cuando ascendió al poder Juan Domingo Perón. Durante esa época la clase trabajadora conquistó importantes logros económicos y sociales, forjando sindicatos poderosos. Pero las acciones traicioneras del Partido Comunista Argentino, que apoyó a los opresores imperialistas “democráticos” de Argentina -Londres y Washington-, entregaron la dirección del movimiento obrero a los peronistas, una corriente nacionalista burguesa.

Durante seis décadas los peronistas, que históricamente se han presentado como defensores de los “descamisados”, han contado con la colaboración leal de la burocracia sindical al subordinar los intereses del pueblo trabajador a la “unidad nacional”, o sea, a los intereses de los capitalistas nacionales, y al atar los sindicatos al estado. Cuando la crisis capitalista mundial se descargó sobre Argentina, los trabajadores quedaron devastados y muchas de sus conquistas anteriores severamente erosionadas.

En la década de 1990, el gobierno de Menem vendió la mayoría de las industrias estatales. Los patrones despidieron a decenas de miles de trabajadores y aceleraron la producción, mientras el movimiento sindical se quebrantó. El gobierno lanzó una ofensiva contra el salario social de la clase obrera y contra los derechos sindicales. Por una década, el régimen menemista vinculó el peso al dólar estadounidense, lo cual aumentó el costo de vida de la mayoría del pueblo trabajador. A pesar de sus enormes pagos de intereses a los banqueros internacionales, la deuda externa se multiplicó.

En diciembre de 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa, ante una creciente depresión económica, incumplió en el pago de la deuda, provocando un derrumbe económico. Un estallido de protestas de masas llevó a la caída del régimen. En ene-ro de 2002, Duhalde, recién nombrado por el Congreso, desvinculó el peso del dólar, precipitando una devaluación del 70 por ciento. En el último año la economía se ha contraído en por lo menos un 12 por ciento. Más del 40 por ciento de la fuerza laboral está desempleada o subempleada.

En los últimos meses se ha frenado un poco este desplome, y se ha producido un superávit comercial que los patrones han aplaudido mucho, aunque las condiciones no han mejorado para la mayoría de los trabajadores y agricultores. Los capita-listas extranjeros han insistido en que el gobierno lleve a cabo una nueva serie de ataques contra los programas sociales como condicion para nuevos préstamos.

Continuidad con Duhalde

Durante la campaña electoral, Kirchner, gobernador de la provincia petrolífera de Santa Cruz, Patagonia, aprovechó el hecho que no era muy conocido para presentarse como una figura no contaminada por la corrupción y la política de Buenos Aires. No obstante, como candidato escogido por Duhalde, se anticipa que continuará la política fundamental de su predecesor.

Kirchner culpó a Washington y a Menem por promover “una apertura indiscriminada” a la política del libre mercado que ha devastado los empleos y el nivel de vida del pueblo trabajador. Prometió dar preferencia a los manufactureros argentinos sobre los extranjeros.

Ha planteado un programa de obras públicas de 3 mil millones de dólares que se enfocaría en obras de construcción tales como carreteras y viviendas. También aboga por más fondos para los pequeños negocios y proyectos de desarrollo rural.

Sin embargo, para financiar estos programas, ha propuesto invertir los fondos de jubilación, lo cual inquietaría a muchos trabajadores acerca del futuro de sus pensiones.

Los inversionistas extranjeros le han advertido a Kirchner que dé prioridad a los intereses imperialistas. Horst Kohler, vicedirector del Fondo Monetario Internacional, afirmó el 13 de mayo que el próximo go-bierno en Buenos Aires tendría que proteger “los derechos de los acreedores” e impulsar un “amplio programa de reformas”, o sea, medidas de austeridad contra el pueblo trabajador. Una de las demandas del FMI para obtener nuevos préstamos es que tenga un superávit presupuestario.

Kirchner ha propuesto renegociar la estratosférica deuda externa de 151 mil millones de dólares. Insiste que, para garantizar los pagos a los acreedores internacionales , los banqueros deben reducir parte de los 60 mil millones de deuda incumplida y aceptar que el resto les sea pagado durante décadas.

Para tranquilizar a los inversionistas, Roberto Lavagna, principal negociador argentino con el FMI, se quedará como ministro de economía, subrayando la continuidad de la política del gobierno.

El nuevo canciller, Rafael Bielsa, ha enfatizado una orientación hacia el Mercosur, el bloque comercial regional de Argentina, Brasil y otros países del Cono Sur. “No habrá relaciones carnales con los Estados Unidos”, dijo, mofándose de Menem. El gobierno de Menem se había jactado de sus “relaciones carnales” con Washington.

Si bien el abiertamente proimperialista Menem había sido su candidato preferido, Wall Street y Londres han expresado su apoyo cauteloso al nuevo gobierno.

La política del nuevo régimen inevitablemente chocará con las expectativas del pueblo trabajador. “Espero que este presidente haga lo que dice, y que vuelvan a abrir las fábricas y que suba la producción”, dijo Elvira Ocampo, citada el 21 de mayo en el Miami Herald.

Ocampo y otras trabajadoras ocuparon la fábrica de ropa Brukman en Buenos Aires por más de un año frente a las amenazas de los patrones de cerrarla. El 18 de abril fueron desalojados por la policía de Duhalde, en víspera de las elecciones, pero están continuando su campaña para exigir que el gobierno estatice la fábrica y garantice empleos.


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