mayo de 2003 Vol. 27 No. 5

Se exponen hechos sobre ‘guerra sucia’ de los años 60 y 70

Por Barry Fatland

ST. PAUL, Minnesota-Fiscales federales en Ciudad de México han acusado a Luis de la Barreda Moreno, ex jefe de policía, por la tortura y el asesinato de tres jóvenes revolucionarios durante los años 70. El fue jefe de la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta, de 1970 a 1977. Es el primer funcionario de esta agencia que enfrenta cargos por homicidio.

Esto se da en momentos de crecientes revelaciones sobre la guerra sucia que libró el gobierno mexicano, con apoyo de Washington, contra los movimientos estudiantil, obrero y campesino en los años 60 y 70.

Uno de los tres estudiantes asesinados fue Jesús Piedra Ibarra, estudiante de tercer año en la facultad de medicina de la Universidad de Nuevo León en Monterrey.

Las autoridades fabricaron cargos contra él y otros estudiantes de haber asesinado a un bibliotecario universitario en 1974.

Entre los estudiantes acusados falsamente estaba Héctor Marroquín. Para salvarse la vida Marroquín huyó a Estados Unidos, donde libró una larga lucha por obtener asilo político y residencia. Marroquín y su defensores señalaron la muerte de Piedra como prueba del peligro que enfrentaba en México. Hasta que De la Barreda fue encausado en marzo, las autoridades habían negado repetidamente que la policía estuviese vinculada a la muerte de Piedra.

Piedra y Marroquín estaban entre los muchos jóvenes que militaban en el movimiento estudiantil de protesta que surgió en México en los años 60 y 70. En esa época, millones de jóvenes por todo el mundo, inspirados por la revolución vietnamita y otras luchas de liberación nacional, se incorporaron al movimiento contra la guerra imperialista en Vietnam y a otras luchas sociales.

El año 1968 fue un momento álgido a nivel internacional. En Francia, manifestantes estudiantiles fueron acompañados en las barricadas por los trabajadores que se habían movilizado en una masiva huelga general. México también fue uno de los países donde los estudiantes y los trabajadores se movilizaron frente a la feroz represión policial. El 2 de octubre de 1968, en vísperas de las Olimpiadas en la capital mexicana, miles de estudiantes, trabajadores y campesinos marcharon en Tlatelolco para protestar contra la represión y las alzas de precios. Tropas del ejército y la policía dispararon contra la multitud, masacrando a unas 500 personas, suceso que signó la radicalización de esa generación de jóvenes.

Las protestas estudiantiles de los años 70 también enfrentaron la violencia de la policía y de matones derechistas. Durante una manifestación en 1971 en Ciudad de México, un grupo paramilitar conocido como los Halcones -vinculado al gobernante Partido Revolucionario Institucional- atacó a los estudiantes, golpeando o matando a más de 100 de ellos.

Esta represión no intimidó a Jesús Piedra ni a muchos otros que continuaron sus actividades políticas.

En enero de 1974, un bibliotecario de la universidad fue asesinado. La policía de Monterrey afirmó que la Liga Comunista 23 de Septiembre era responsable. Piedra fue acusado de ser miembro de ese grupo.

La Liga había surgido del movimiento estudiantil, y había adoptado tácticas guerrilleras. Sus cuadros habían secuestrado y matado a un miembro conocido de la familia Garza Sada del poderoso Grupo Monterrey en el estado de Nuevo León.

Durante la caza de brujas que se desató después de la muerte del bibliotecario, la policía publicó un póster con los retratos de Piedra, Marroquín y otros tres estudiantes, diciendo que los buscaban.

El 18 de abril de 1975, Piedra fue secuestrado por la policía cuando caminaba por la calle Zaragosa en Monterrey. Aunque dos diarios de Monterrey publicaron detalles sobre su arresto, la policía negó tener conocimiento de su paradero.

Su familia trató repetidamente de localizarlo. Rosario Ibarra de Piedra, su madre, se reunió con el ex presidente Luis Echeverría en 39 ocasiones para tratar de esclarecer su desaparición.

Al no recibir ayuda del gobierno, Rosario Ibarra ayudó a fundar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en 1977. Compuesto de familiares de las víctimas de la represión, el comité ganó el apoyo activo de muchos sindicatos, organizaciones estudiantiles y campesinas, y los principales partidos políticos de oposición.

El comité buscó obligar a los sucesivos gobiernos de México a excarcelar a los presos políticos y presentar a los desaparecidos con vida. Organizó conferencias, huelgas de hambre, ruedas de prensa y marchas. El 2 de octubre de 1978, en el décimo aniversario de la masacre de Tlatelolco, el comité organizó un mitin de 100 mil personas en la capital.

Mientras la policía continuaba sus “investigaciones” sobre el asesinato del bibliotecario, Marroquín huyó a Estados Unidos. Allí participó en el movimiento sindical y en protestas sociales. Después de unos años fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Naturalización bajo cargos de usar documentos falsos. En ese momento estaba participando en una campaña de sindicalización en una planta de la Coca-Cola en la cual trabajaba. Poco antes de su arresto se había unido al Partido Socialista de los Trabajadores.

La lucha por ganar el asilo político para Marroquín llegó a ser ampliamente reconocida en muchas partes de Estados Unidos y México. La campaña sirvió de vía para promover la creciente oposición a las redadas de fábricas y la deportación de cientos de miles de trabajadores indocumentados.

Los abogados de Marroquín descubrieron documentos que mostraban que el FBI le había espiado desde que él había sido activista estudiantil en la secundaria en Matamoros, estado de Tamaulipas.

Entre los que se pronunciaron en defensa de Marroquín estuvo Rosario Ibarra de Piedra, quien advirtió sobre la suerte que tendría si fuera devuelto a México. Ella se presentó en varias conferencias de prensa en Estados Unidos para apoyar su solicitud de asilo político.

De los cinco hombres acusados de asesinato por la policía mexicana, dijo Ibarra de Piedra, el único que se supiera que estaba con vida era Marroquín. Otros dos habían sido acribillados mortalmente, explicó, uno mientras distribuía volantes frente a una fábrica cerca de Monterrey, y el segundo en un enfrentamiento con policías armados. Se desconocía el destino de su hijo encarcelado Jesús.

En abril de 1979, Ibarra de Piedra y Delia Duarte, otra dirigente del comité, fueron a Houston a testificar en defensa de Marro­quín. Trajeron testimonios escritos de presos políticos detenidos en relación al asesinato de Garza Sada. Ellas dijeron que Marroquín no tenía vínculo alguno con la Liga Comunista 23 de Septiembre.

A pesar de esta y otras pruebas, el juez de inmigración ordenó la deportación de Marroquín a México. El fiscal hasta había argumentado que Marroquín debía ser deportado porque “ha reconocido con sus propias palabras que es marxista. Estados Unidos no otorga asilo a ese tipo de personas”.

Marroquín apeló el caso y continuó su lucha. Aunque no obtuvo asilo político, fue uno de los primeros en obtener la residencia bajo el programa de amnistía de 1986. Después logró la residencia permanente.

La hermana de Piedra, María del Rosario, comentó sobre el arresto de De la Barreda en una entrevista telefónica el 2 de abril desde su casa en Monterrey. Su hermano Jesús, señaló, “no fue el único” en ser víctima de los asesinatos policiacos. “Hubo muchos”.