mayo de 2003 Vol. 27 No. 5

Campañas del PST eximidas de divulgar nombres de donantes

Por Sam Manuel

WASHINGTON-La Comisión Electoral Federal (FEC) ha eximido nuevamente a las campañas electorales del Partido Socialista de los Trabajadores de los requisitos federales de divulgar los nombres de las personas que hagan contribuciones monetarias a estas campañas. Por un voto de 4 a 2, la FEC extendió la exención hasta fines de 2008, después de las próximas dos campañas presidenciales.

La lucha del PST por obtener esta exención se enmarca en su apoyo por muchas décadas al derecho de los trabajadores, agricultores y otras organizaciones a participar en actividades políticas, incluido los comicios, sin acoso del gobierno o de derechistas. El movimiento comunista siempre se ha opuesto a toda medida de los gobernantes capitalistas y sus matones a sueldo para mantener su monopolio sobre el derecho a organizarse y a realizar actividades políticas, así como la posibilidad de ser escuchado por la población trabajadora.

El PST ha postulado a candidatos desde su fundación en 1938. Ha presentado candidatos para presidente y vicepresidente de Estados Unidos en todas las elecciones desde 1948. Estas campañas socialistas sirven de tribuna para llevar las ideas revolucionarias a un amplio público obrero, así como defender el derecho del partido de actuar sobre el mismo plano que cualquier otra organización política en Estados Unidos.

La Ley Federal de Campañas Electorales de 1971 obliga a los candidatos y a los comités de campañas a entregar informes detallados con las listas de las personas que contribuyen más de 200 dólares a sus campañas -nombres, direcciones y profesiones- así como las cantidades contribuidas. Estos informes están abiertos al público, y son una conveniente “lista de enemigos” para agencias del estado, patrones, espías privados y matones derechistas.

El PST obtuvo una exención parcial de esta ley en un fallo del FEC emitido en 1979, el cual ha sido renovado varias veces a intervalos de unos seis años. Desde entonces el partido no ha tenido que divulgar los nombres de los contribuyentes a sus campañas electorales, ni tampoco los nombres de los vendedores que proveen servicios a los comités de campaña. El PST ganó la exención con el argumento de que el requisito de divulgar los nombres de los contribuyentes a las campañas socialistas plantea un peligro al derecho de libre asociación protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

En la reunión de la FEC del 3 de abril hubo un poco de debate. Dos de los seis comisionados -Daniel McDonald, demócrata, y David Mason, republicano- se expresaron y votaron en contra de la extensión. Argumentaron que el nivel de acoso al partido y sus campañas electorales por agencias estatales ha “disminuido”. La mitad de los miembros de la comisión son republicanos y los demás son demócratas.

Al argumentar a favor de la exención el PST detalló 74 incidentes de acoso en los últimos seis años. Entre ellos figuraban 28 casos de interferencia de la policía con las actividades de la campaña electoral. La petición citó casos en que se les había prohibido a partidarios de la campaña la distribución de materiales en lugares públicos, amenazado con arrestar a trabajadores de la campaña, tomado fotografías de manifestantes antibélicos, impuesto multas a partidarios de la campaña, y expresiones hostiles hacia las ideas de los socialistas y su derecho a promoverlas en público. Cada incidente fue documentado con una declaración jurada, archivos oficiales, fotografías y artículos que fueron publicados en periódicos de gran circulación.

La petición destacó el caso de Michael Italie, candidato del PST para alcalde de Miami, quien fue despedido por la empresa Industrias Goodwill explícitamente por promover sus ideas políticas fuera del trabajo.

Otros ejemplo fueron una serie de tres allanamientos en la sede de campaña del PST en Washington durante las elecciones para alcalde, y un ataque a la sede de la campaña en Houston, donde los asaltantes quebraron un cristal, destrozaron equipo de computadora, y desfiguraron un anuncio sobre un evento sobre la lucha palestina.

La petición señala que en 1986, después de una batalla de 15 años, el PST ganó un juicio contra el FBI y otras agencias policiacas que expuso la campaña de estas agencias de la policía política -denominada Programa de Contrainteligencia, Cointelpro- de acosar, espiar y desbaratar las actividades de los socialistas así como otras organizaciones sociales y políticas. La demanda del PST expuso que solo en los años 1960-76, el FBI acumuló 8 millones de expedientes sobre el PST, usando 1300 soplones y efectuando más de 200 allanamientos.

Al renovar la exención, la Comisión Electoral Federal coincidió con la recomendación de los abogados de la FEC al afirmar, “La historia de acoso por el gobierno continúa teniendo un efecto intimidatorio en la actualidad, que no es menos porque haya disminuido el acoso por el gobierno”.

Después de la audiencia de la FEC, Steve Clark, miembro del Comité Nacional del PST, fue entrevistado por la agencia de noticias AP. A la pregunta sobre los argumentos de ciertos comisionados de que el acoso del partido ha disminuido, Clark respondió: “Hoy día el gobierno está tanteando para tratar de echar atrás las conquistas políticas logradas por el pueblo trabajador en las luchas sociales de masas de los años 60 y 70”.

Clark destacó la Ley Patriota USA, que le otorga al FBI y a otras agencias policiacas más autoridad para interceptar llamadas telefónicas y realizar registros y cateos arbitrarios en hogares y negocios privados. Señaló que en muchas ciudades los gobiernos municipales, aprovechando las iniciativas del procurador general John Ashcroft, han empezado a resuscitar los “Escuadrones Rojos”. Los fiscales de varias ciudades han argumentado que para “combatir el terrorismo” la policía debe poder juntar información sobre grupos e individuos “sospechosos”, aún si sus actividades son legales.

“Por eso la victoria obtenida por el PST puede ser utilizada para defender la capacidad de los trabajadores, agricultores y otros de organizarse y llevar a cabo actividades políticas, ejerciendo sus derechos constitucionales”, dijo Clark.