mayo de 2003 Vol. 27 No. 5

Gobierno argentino se suma a campaña imperialista contra Irán

Por Martín Koppel

El gobierno de Irán ha rechazado rotundamente las acusaciones de un juez argentino de que funcionarios iraníes estuvieron involucrados en la explosión de un coche-bomba en 1994 que dejó 85 muertos y más de 200 heridos en un centro cultural judío en Buenos Aires. El juez federal Juan José Galeano, principal investigador en el caso, presentó cargos contra cuatro funcionarios iraníes el 9 de marzo y le pidió a Interpol que los arrestara.

“Según hemos afirmado antes, Irán no tuvo participación en el incidente en Argentina, y no se han presentado pruebas que impliquen a Irán”, dijo por radio Hamid Reza Asefi, un vocero de la cancillería iraní. Teherán protestó retirando un alto emisario de Argentina.

Las renovadas acusaciones contra Irán ocurren en momentos cuando Washington intensifica su campaña anti-iraní y sigue ampliando su presencia militar por toda Sudamérica bajo la bandera de “combatir el terrorismo”.

El caso, carente de pruebas contra Irán -la supuesta conexión internacional- se ha caracterizado por sobornos, la desaparición de pruebas y testigos, y otros intentos de encubrimiento por funcionarios y policías argentinos. Algunos de los familiares de las víctimas han acusado a la policía -incluida la provincial, la federal y la secreta, conocida por sus siglas, SIDE- de ser la “conexión local” en el ataque.

Varios oficiales de la policía han sido arrestados e implicados en proporcionar la camioneta Renault que se usó en el mortífero ataque. Sin embargo, en nueve años no se ha arrestado a una sola persona por el crimen en sí, a pesar de los cientos de policías asignados a la investigación y el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

El 18 de julio de 1994, un estallido potente demolió el edificio de siete pisos de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Dos años antes había estallado un coche-bomba frente a la embajada israelí, dejando un saldo de 29 muertos y 200 heridos.

Funcionarios de los gobiernos norteamericano e israelí, junto con dirigentes de organizaciones que dicen hablar a nombre de la numerosa comunidad judía de Argentina, han culpado por ambos ataques al gobierno iraní y a la organización de resistencia libanesa Hezbolá. No obstante, existen hechos que señalan la participación de oficiales policiales y militares, entre ellos elementos ultraderechistas.

En agosto de 1994, poco después de ser designado para el caso, el juez Galeano nombró como sospechosos a tres empleados de la embajada iraní y un ex diplomático iraní. El gobierno en Teherán rechazó las acusaciones. Buenos Aires, atizado por Washington, estaba al borde de una ruptura de relaciones con Teherán hasta que la Corte Suprema de Argentina descartó las órdenes de arresto contra los cuatro, aduciendo una falta de pruebas.

Tras una serie de arrestos iniciales, las autoridad hallaron un individuo que tenía un vínculo directo al ataque: Carlos Telleldín, un vendedor de autos usados que fue acusado de vender la camioneta y adaptarla para servir de coche-bomba. Al confesar sus estrechos lazos con la policía de la provincia de Buenos Aires, afirmó que a cambio de dinero, la policía no interfería con sus negocio de autos robados. Telleldín es hijo de un oficial policial retirado que durante la dictadura militar apoyada por Washington dirigió un centro clandestino de tortura.

En 1996, tres altos oficiales de la policía y un policía jubilado, quienes mantenían una red de protección de ladrones de autos, fueron acusados de ser cómplices en el ataque. Uno de los cuatro, Juan José Ribelli, había recibido 2.5 millones de dólares la semana antes de que la AMIA fuese volada. Todos los detalles sobre la orden al policía de ir al ministerio fueron omitidos de los expedientes policiacos sobre estos hechos.

Fueron robadas pruebas de la oficina de Galeano, incluido un video de una reunión entre el juez federal y Telleldín, en el cual parece que Galeano está sobornando a Telledín para implicar a un grupo de policías provinciales. La ex ministra del interior Nilda Garré informó que 66 casetes de escuchas telefónicas habían desaparecido de las oficinas de la policía federal y la SIDE, y que registros de la policía habían sido alterados. Acusó a la SIDE, la policía federal y a otras agencias estatales de un encubrimiento.

En diciembre de 1995, varios oficiales del ejército fueron arrestados en relación al caso AMIA. Uno de ellos, el sargento Jorge Pacífico, quien había sido ubicado cerca del lugar del crimen, es dirigente de MODIN, un partido de corte fascista y virulentamente antisemita dirigido por el ex teniente Aldo Rico y otros militares ultraderechistas que libraron rebeliones militares contra el gobierno en los años 80. Se hallaron grandes cantidades de municiones, armas y explosivos en las casas de varios de estos oficiales, a quienes se acusó de robar armas del ejército para venderlas a delincuentes. En el 2001, un tribunal federal declaró culpables a tres de los oficiales por cargos menores de tenencia de armas ilegales.

En 1998, las autoridades argentinas alegaron tener pruebas de la participación de Teherán en el caso AMIA y expulsaron a siete funcionarios de la embajada de Irán cuando un desertor del gobierno iraní, el ex funcionario de inteligencia Abdolghassem Mesbahi afirmó que Mohsen Rabbani, agregado cultural de Irán en Argentina, había ayudado a planificar el ataque dinamitero. Alegó que Rabbani obtuvo ayuda de policías argentinos y agentes iraníes quienes supuestamente habían ingresado a Argentina por la ciudad paraguaya de Ciudad del Este en la zona de la Triple Frontera, donde existe una numerosa comunidad de inmigrantes libaneses.

Mesbahi hasta afirmó que dos altos dirigentes iraníes, el entonces presidente Hashemi Rafsanjani y el ayatolá Alí Jamenei, dieron personalmente la orden, organizaron y financiaron el ataque contra el centro cultural, y que fueron los autores intelectuales del ataque en 1992.

Los actuales cargos contra cuatro funcionarios iraníes hacen eco de las acusaciones de Mesbahi. Los cuatro son: Rabbani; el ex ministro de seguridad e inteligencia Alí Fallahian; Alí Balesh Abadi, un enviado diplomático; y el ex ministro de educación Alí Akbar Parvaresh. Asimismo, Mesbahi acusó al ex presidente argentino Carlos Menem de aceptar un soborno de 10 millones de dólares de Irán para encubrir a los autores del crimen.

Encima del torbellino de acusaciones y contraacusaciones, algunos funcionarios y comentadores de la prensa afirman que los culpables son el régimen de Siria y los supuestos vínculos financieros de Menem con él. Telleldín alega que en 1995 Menem le ofreció 2 millones de dólares si culpaba a un grupo de inmigrantes libaneses en Paraguay quienes se encontraban detenidos por el ataque de la AMIA. En Argentina existe una importante comunidad siriolibanesa, entre la cual se encuentra la familia de Menem.

El gobierno norteamericano ha usado el caso AMIA para alimentar su propaganda contra Teherán, acusando a ese gobierno de “terrorista” y uno de los puntos en el “eje del mal”. Esta campaña contra Irán se ha intensificado al desatarse la guerra dirigida por Washington contra Iraq. Gran parte de esta campaña se ha enfocado en la Triple Frontera. En la prensa capitalista han aparecido artículos que presentan la zona, que incluye Ciudad del Este, como base de Hezbolá y Al Qaeda.

Con el apoyo de Washington, el gobierno paraguayo ha librado una campaña “antiterrorista” dirigida hacia la comunidad árabe en la Triple Frontera. Por ejemplo, ha acosado a Ahmed Barakat, un comerciante y partidario de Hezbolá que recauda fondos para organizaciones sociales islámicas. Acusan a Barakat de usar este dinero para financiar el “terrorismo” en el Medio Oriente, pero no han logrado probar sus cargos de desfalco de fondos. Después del 11 de septiembre del 2001, el gobierno realizó redadas policiacas y arrestó a 21 árabes paraguayos, principalmente bajo cargos menores como visas vencidas.

Bajo el pretexto de esta cruzada “antiterrorista”, Washington ha ido ampliando su presencia militar en la Triple Frontera, incluida una instalación militar no oficial cerca de la ciudad de Concepción. En una entrevista en julio de 2002, sindicalistas y dirigentes campesinos explicaron a Perspectiva Mundial que el verdadero objetivo son las crecientes protestas sociales en Paraguay, el norte de Argentina y Brasil en respuesta al desastre económico que afecta a los trabajadores y agricultores de toda la región.

Durante varios años, los familiares de las víctimas del ataque a la AMIA han realizado protestas por la negativa de las autoridad argentinas de realizar una investigación seria. El pasado 18 de julio, en el octavo aniversario del caso, varios miles de personas se concentraron ahí y condenaron a los funcionarios del gobierno por lo que un orador denominó “desvíos, encubrimientos y mentiras”.

En una segunda protesta, convocada por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, hubo oradores de las Madres de la Plaza de Mayo y de organizaciones de desempleados. La principal consigna del evento fue “El estado argentino es la conexión local del atentado a la AMIA”.