mayo de 2003 Vol. 27 No. 5

EE.UU. amenaza nuevas sanciones
Gobierno cubano responde a provocaciones promovidas por Washington

Por Argiris Malapanis

Funcionarios del gobierno norteamericano anunciaron el 17 de abril que Washington podría imponer nuevas sanciones contra Cuba, utilizando como justificación los recientes arrestos, juicios y sentencias contra 75 opositores de la Revolución Cubana.

Estas medidas representan un paso más en la escalada de ataques y provocaciones de Washington. Desde el verano pasado, el gobierno norteamericano ha usado su personal diplomático para canalizar fondos a individuos en esta nación caribeña con el fin de socavar la Revolución Cubana. Las acciones de Washington también han fomentado una serie de secuestros de aviones y embarcaciones de Cuba a Estados Unidos.

“Funcionarios de la administración declararon que están preparando un surtido de opciones para el presidente, y que aún no se ha tomado una decisión final”, informó un artículo del diario New York Times el 17 de abril. Según los funcionarios, que filtraron el anuncio al diario neoyorquino, “Las sanciones más severas entrañan la restricción o eliminación de las transferencias de dinero en efectivo, llamadas remesas, a amigos y familiares en la isla”.... También está siendo considerada la limitación del número de norteamericanos que viajan a Cuba mediante la cancelación de los vuelos chárter directos entre los dos países. Miles de viajeros, principalmente cubanoamericanos que viajan a visitar a sus familiares, utilizan todos los meses los vuelos chárter que salen de Miami, Nueva York y otras ciudades”.

El 17 de abril la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunida en Ginebra, aprobó una resolución promovida por Washington que le pide al gobierno de Cuba que permita la visita de una “relatora de derechos humanos” de la ONU a la isla para investigar e informar sobre el estado de los derechos humanos en ese país. La resolución -presentada por los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay, coauspiciada por Washington- fue parecida a la adoptada el año pasado. Esta se aprobó con 24 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones. A la misma vez, por un voto de 31 a 15, la comisión rechazó una enmienda -orquestada por Washington y presentada por el gobierno de Costa Rica- que manifestaba su “profunda preocupación” por la “detención, enjuiciamiento sumario y la rigurosa condena de numerosos miembros de la oposición política”, y exigía que Cuba los excarcelara de inmediato.

En una conferencia de prensa el 18 de abril, el ministro del exterior cubano Felipe Pérez Roque clasificó el fracaso de la enmienda como un triunfo para Cuba.

Pérez Roque también criticó una declaración emitida el 14 de abril por los cancilleres de la Unión Europea que condenaba los arrestos y las sentencias y advertía que las acciones cubanas podrían perjudicar las relaciones económicas con la UE. La principal fuente de comercio e inversión para Cuba son los países integrantes de la UE.

El canciller cubano dijo que su gobierno estaba considerando retirar su petición, presentada en enero, de incorporarse al Convenio de Cotonú, un pacto comercial patrocinado por la UE con sus antiguas colonias.

Por otra parte, Pérez Roque afirmó que su gobierno no permitiría la visita de ningún “relator de derechos humanos” de la ONU. El gobierno cubano criticó los cuatro gobiernos latinoamericanos que patrocinaron la resolución que planteó esa exigencia. En la reunión de Ginebra un funcionario cubano los describió como “repugnantes lacayos” de Washington.

En la segunda quincena de marzo, las autoridades cubanas arrestaron a 75 opositores de la Revolución Cubana. En la rueda de prensa del 9 de abril, Pérez Roque dijo que las primeras 32 personas fueron arrestadas el 18 de marzo tras haber participado en tres reuniones entre diciembre y marzo con miembros del personal diplomático estadounidense en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana o en la residencia de James Cason, jefe de la misión diplomática estadounidense en ese país.

Washington no ha tenido relaciones diplomáticas con Cuba desde que las rompió en enero de 1961 en respuesta al triunfo de la revolución en 1959. Esa revolución derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista y estableció un gobierno que defiende los intereses de los trabajadores y campesinos cubanos, no los de los capitalistas y latifundistas nacionales o de las familias gobernantes de Estados Unidos.

Pérez Roque declaró que los 75 fueron procesados por las autoridades cubanas por violaciones del Código Penal de Cuba y la Ley 88, conocida como la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.

La Asamblea Nacional cubana adoptó esta ley en 1999 para contrarrestar los efectos de la mal llamada Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, también conocida como la ley Helms-Burton.

En marzo de 1996 la ley Helms-Burton fue aprobada por un voto bipartidista en las dos cámaras del congreso de Estados Unidos y firmada por el presidente demócrata William Clinton. La ley codificó todas las órdenes presidenciales pertinentes al embargo económico norteamericano contra Cuba y estipuló que las sanciones se mantuvieran en vigor hasta que se estableciera en Cuba un “gobierno de transición” aprobado por Washington.

La promulgación de esta ley significó un aumento notable de la guerra económica de Washington contra Cuba, así como una ofensiva comercial contra otras potencias imperialistas, especialmente en Europa y Canadá, los cuales han aumentado sus inversiones en Cuba.

Pérez Roque dijo que la fiscalía había presentado cargos contra los arrestados por violaciones al Artículo 91 del Código Penal, que estipula que “el que en interés de un estado extranjero ejecute un hecho con el objetivo de que sufra detrimento la independencia del estado cubano, o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad de 10 a 20 años, o muerte”.

Los fiscales también citaron violaciones de tres artículos de la Ley 88, dijo Pérez Roque. El primero de éstos estipula sentencias de cárcel para “el que busque información para ser utilizada en la aplicación de la ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminado a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el estado socialista y la independencia de Cuba”. Los otros dos artículos establecen sanciones contra “el que acumule, reproduzca, difunda material de carácter subversivo del gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias representantes, funcionarios o de cualquier entidad extranjera para apoyar los objetivos de la ley Helms-Burton,” o que “colabore por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros” para ayudar a Washington a alcanzar sus objetivos de la ley de la “Helms-Burton”.

Pérez Roque no detalló los cargos contra cada uno de los 75 individuos. El texto de su conferencia de prensa del 9 de abril, publicado como tabloide y difundido ampliamente en Cuba, es la principal explicación oficial hasta la fecha sobre estos casos.

Del 3 al 7 de abril se celebraron 29 juicios, en los cuales los 75 fueron declarados culpables, recibiendo sentencias que variaban entre 6 y 28 años de cárcel.

En la rueda de prensa Pérez Roque dijo que las vistas fueron orales y públicas, y que “han participado casi 3 mil personas en los juicios”, principalmente familiares de los acusados, además de testigos. La corte no abrió los juicios a la prensa, afirmó Pérez Roque.

Respondiendo a los acusaciones de los medios capitalistas de que lo juicios habían violado los derechos fundamentales de los acusados, Pérez Roque dijo que todos los acusados, así como sus abogados, tuvieron conocimiento de los cargos antes del juicio, todos tuvieron derecho a la representación jurídica y que 44 de los abogados defensores fueron designados por los acusados y sus familias; todos tienen el derecho de apelar sus condenas ante el Tribunal Supremo; y ninguno ha sido sometido al confinamiento solitario o la coacción.

El canciller cubano describió algunas de las pruebas presentadas en los tribunales.

Pérez Roque citó los casos de cinco de los acusados en los cuales se presentaron recibos y facturas para mostrar que éstos habían recibido fondos de diplomáticos norteamericanos o funcionarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en sumas que iban desde 30 dólares para Iván Hernández Carrillo, hasta más de 7 mil dólares para Oscar Espinoza Chepe.

Según un video de un juicio que se mostró en la rueda de prensa, uno de los acusados, Osvaldo Alfonso Valdés, miembro del grupo “Todos Unidos”, testificó, “Sabemos que los recursos que nos llegan para nuestras labores provienen de fondos que aprueba el gobierno de ese país. Recuerdo una ocasión, una entrevista con un funcionario de la USAID, en la propia oficina, en la cual este venía a comprobar si los recursos de la oficina llegaban a nuestras manos. En ese momento se analizó vías alternativas para que esos recursos llegaran a nuestro poder... pues significaría demostrar evidentemente que éramos sustentados por la Oficina de Intereses, cosa que negamos. Algunos propusieron que llegaran a través de representantes en el exterior, con vistas a no demostrar el vínculo directo entre el gobierno norteamericano y los opositores”.

Valdés dijo que Vicky Huddleston, antigua jefa de la Sección de Intereses de Estados Unidos, participó en esa reunión. Un video de su testimonio fue presentado a los reporteros en la conferencia de prensa del 9 de abril.

USAID es una de las instituciones que la ley Helms-Burton describe como responsable de canalizar ayuda económica y material a los llamados “activistas pro derechos humanos” y otros opositores del gobierno en Cuba. Según la agencia AP, la USAID ha entregado 20 millones de dólares a grupos basados en Estados Unidos que se dedican a derrocar al gobierno cubano.

También se presentó el testimonio de varios agentes de la Seguridad del Estado cubana, quienes habían infiltrado los grupos contrarrevolucionarios que colaboran con funcionarios estadounidenses. Se informó que varios de estos agentes se habían ganado suficiente confianza de los funcionarios estadounidenses que hasta habían recibido “pases abiertos” a la Sección de Intereses en La Habana, así como libre acceso a las computadoras y otros equipos de la sede diplomática estadounidense.

En la rueda de prensa se presentaron videos del testimonio de estos agentes. El agente Néstor Baguer dijo a la corte que él llegó a ser presidente de la llamada Asociación de Prensa Independiente. Otra agente, Odilia Collazo, llegó a ser presidente del Partido pro Derechos Humanos de Cuba. Collazo dijo que ella y otros miembros de este grupo recibieron instrucciones de funcionarios de la Sección de Intereses de Estados Unidos. Les pidieron que enviaran informes al Departamento de Estado norteamericano, a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch y a otras organizaciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba.

Refiriéndose a estas operaciones encubiertas, Pérez Roque dijo a los reporteros que James Cason y sus superiores en Washington deberían saber que “hemos dicho nada más una parte de lo que sabemos”.

Entre los grupos estadounidenses que canalizaron fondos a algunos de los acusados está el Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional, un grupo que recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos y cuyo propósito es “persuadir a los inversionistas extranjeros para que no inviertan en Cuba”, dijo Pérez Roque.

Además, dijo Pérez Roque, se presentaron pruebas de que varios de los acusados distribuyeron una publicación llamada Revista de Cuba impresa en las instalaciones de la Sección de Intereses en La Habana. Otros de los acusados, según afirmó el canciller cubano, distribuyeron la revista El Disidente, publicada en Puerto Rico con fondos de la USAID, enviada a Cuba a través de la valija diplomática de la Sección de Intereses de Estados Unidos y distribuida abiertamente por diplomáticos norteamericanos.

Pérez Roque también dijo que varios de los acusados brindaban información a Cubanet y a otros medios de difusión financiados por Washington que podían ser utilizados por la Casa Blanca para aplicar la ley Helms-Burton. De acuerdo a funcionarios cubanos, Cubanet es una publicación en la Internet que recibe unos 2 millones de dólares al año a través de la USAID y que apoya la política de Washington contra Cuba.

“Se ha multiplicado el uso de la valija diplomática de la Sección de Intereses de Estados Unidos para financiar, proveer de medios para ejercer su labor contrarrevolucionaria en Cuba a los grupos creados y financiados por el gobierno de Estados Unidos”, dijo Pérez Roque.

Acusó a James Cason, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos desde julio de 2002, de acciones más y más provocadoras. “Se le ha dado indicaciones a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana de convertirse, prácticamente, en el estado mayor y en el cuartel de la subversión interna en Cuba”, dijo el canciller cubano. El jefe de la sede diplomática norteamericana ha mantenido un perfil “nunca antes visto en el cuarto de siglo que han estado funcionando las Secciones de Intereses, en abierta violación de las leyes que rigen el comportamiento diplomático, en abierta injerencia en los asuntos internos de Cuba, con un tono y una actuación impropios, realmente, de un diplomático.” Esta conducta es consecuente con la “obsesión de los gobiernos de Estados Unidos de fabricar en Cuba una oposición”, declaró.

Estas recientes acciones, señaló el canciller, son la continuación de la incesante guerra económica de Washington así como su apoyo a grupos paramilitares que operan desde territorio norteamericano, atentados contra dirigentes del gobierno cubano y esfuerzos por aislar a Cuba política y económicamente por más de cuatro décadas. El pueblo y el gobierno de Cuba “libran todavía hoy una dura batalla por su derecho a la libre determinación, por su derecho a la independencia”, dijo.

Washington ha utilizado los arrestos y las condenas para intensificar su campaña contra Cuba. El secretario de estado norteamericano Colin Powell dijo el 15 de abril que las sentencias muestran que La Habana está “suprimiendo la oposición”, agregando que estas acciones deben “indignar a todos los dirigentes de este hemisferio, a todos los dirigentes de este mundo”.

Inmediatamente después de darse a conocer las condenas de los 75, un vocero del Departamento de Estado, Philip Reecker, declaró, “Estados Unidos llama a la comunidad internacional a unirse a nosotros para condenar esta represión y demandar la liberación de estos prisioneros cubanos de conciencia”.

En respuesta, Roque dijo a la prensa el 9 de abril, “El señor Reecker debería saber que la comunidad internacional realmente está espantada... por los más de 600 presos que todavía están en la Base Naval de Guantánamo, en un limbo jurídico, tratados como no personas y pendientes de una decisión para presentarse en tribunales militares secretos norteamericanos; que podrían incluir el no acceso de la defensa y los acusados a los papeles de la acusación por ser declarada información secreta”.

“Algunos gobiernos y figuras internacionales han expresado su preocupación pública acerca de estos juicios”, dijo Carlos Fernández de Cossío, embajador cubano a Canadá, en una carta publicada en el diario en inglés Globe and Mail de Toronto, en respuesta a un editorial de la edición del 8 de abril de este diario (las citas han sido retraducidas al español).

“En cambio, expresan silencio en público con respecto a la nación más poderosa de la tierra”, dijo Fernández de Cossío. “No se ha tomado acción semejante ante los abusos de los afganos, árabes y ciudadanos de distintos países detenidos en la base de Guantánamo. No se ha realizado, ni puede realizarse, ningún juicio militar secreto como los que se han establecido en Estados Unidos”.

El embajador dijo que “los 75 individuos cubanos y sus abogados han tenido pleno acceso a la información utilizada contra ellos por la fiscalía, en contraste con los cinco cubanos condenados a sentencias abusivas en Estados Unidos quienes todavía están esperando para leer el 50 por ciento de la documentación usada para incriminarlos, ya que fueron declarados secretos”.

El se refería a los cinco revolucionarios cubanos sentenciados en 2001 en una corte federal en Miami bajo varios cargos, entre otros, no inscribirse como agente extranjero, conspiración para realizar espionaje para La Habana y, en un caso, conspiración para cometer homicidio. Los cinco patriotas cubanos recibieron sentencias carcelarias que van de 15 años a doble cadena perpetua.

Desde el 28 de febrero hasta fines de marzo fueron puestos en confinamiento solitario, por una orden del procurador general de Estados Unidos que alegaba que sus contactos con muchas personas a través de visitas y correo presentaban una probable amenaza a la “seguridad nacional” de Washington. Les revocaron sus derechos de visita y les quitaron su material impreso. Gerardo Hernández, uno de los cinco, fue confinado a “La Caja” -un hueco dentro “del hueco”- una celda donde solo podía dar tres pasos y las luces estaban encendidas las 24 horas. Los guardias le quitaron la ropas y le dieron solamente su ropa interior y una camisa para vestir.

Los cinco fueron sacados del hueco el 2 de abril, cuando Washington se aprestaba a intensificar su campaña contra Cuba en torno a los arrestos de los 75. Sin embargo, hasta la fecha sus derechos de visita siguen restringidos a familiares, funcionarios consulares cubanos y abogados defensores.

En una entrevista telefónica, Rogelio Polanco, director de Juventud Rebelde, dijo que los medios noticiosos del mundo capitalista han puesto los arrestos y juicios de los 75 en la misma categoría con las ejecuciones de tres secuestradores armados “para crear confusión y dar la impresión falsa de que los “disidentes” están recibiendo la pena de muerte en Cuba.

“Este es un caso diferente”, dijo Polanco. “Estas personas cometieron un acto de piratería”.

Polanco se refería al intento del 2 de abril de 10 cubanos que secuestraron una lancha en el puerto de La Habana, armados con cuchillos y pistolas en un fallido intento de llegar a Florida. Los secuestradores llevaron la lancha a 30 millas de la costa cubana, donde se les acabó el combustible. Exigieron otra lancha, amenazando con empezar a tirar a la borda a algunos de los 34 pasajeros y tripulantes si no se cumplía su demanda. Los guardacostas cubanos notificaron a sus homólogos en Estados Unidos, quienes dijeron que no iban a tomar acción. Naves guardacostas cubanas se mantuvieron cerca de la lancha y finalmente convencieron a los secuestradores de regresar a La Habana para reabastecerse de combustible. En el puerto, agentes de seguridad cubana tomaron la lancha y arrestaron a los secuestradores después que los pasajeros comenzaron a saltar al agua.

Los 10 individuos fueron acusados bajo la Ley contra Actos de Terrorismo, aprobada en diciembre del 2001, por haber “graves actos de terrorismo”. Fueron enjuiciados y sentenciados el 8 de abril. Tres de ellos fueron sentenciados a la pena capital y, después que el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado refirmaran las sentencias, fueron ejecutados tres días después. Cuatro hombres de este grupo fueron condenados a cadena perpetua, y tres mujeres recibieron sentencia de un año a tres años de cárcel.

Este fue el más reciente de una serie de tales incidentes. “En los últimos siete meses”, declaró Pérez Roque el 9 de abril, “ha habido siete secuestros de naves aéreas y embarcaciones cubanas propiciados... por la aplicación indiscriminada de la Ley de Ajuste Cubano, de la práctica de recibir allí a gente que emplea actos terroristas, violencia para llegar allá”.

La Ley de Ajuste Cubano de 1966 fomenta las salidas de Cuba hacia Estados Unidos al otorgar asilo casi automáticamente a todo cubano que llegue a las costas de Florida sin importar los delitos que haya cometido al hacerlo.

Washington se ha negado a tomar medidas algunas para desalentar estos incidentes. De acuerdo a funcionarios cubanos, los que cometieron cuatro de estos secuestros el año pasado todavía están en las calles de Miami. El 19 y el 31 de marzo ocurrieron secuestros de aviones, aterrizando los secuestradores en Florida. Y el 2 de abril fue secuestrada la embarcación.

Esa misma noche, James Cason, en un acto inusual, emitió una declaración transmitida por la televisión cubana advirtiendo a los cubanos que Washington no otorgaría inmunidad a futuros secuestradores. “Tales actos son violaciones extremadamente graves de las leyes internacionales y de las de Estados Unidos” dijo Cason en su mensaje, de acuerdo al Miami Herald del 3 de abril. Su mensaje fue leído por un presentador del noticiero de la tarde. “Todo individuo de cualquier nacionalidad, incluidos cubanos, que secuestren una aeronave o un barco a Estados Unidos será enjuiciado con toda la fuerza de la ley del sistema jurídico de Estados Unidos. El individuo sentenciado por tales delitos puede cumplir largas sentencias en penitenciarías federales. Una vez sentenciado por uno de estos delitos el individuos, incluido un cubano, sería permanentemente inelegible para la residencia permanente legal en Estados Unidos”.

El 10 de abril, un juez federal norteamericano puso en libertad bajo fianza a los secuestradores de dos aviones, según informó la agencia mexicana Notimex. El mismo día las autoridades cubanas frustraron un intento de secuestro de otro avión en el aeropuerto de la Isla de la Juventud. Subrayando estos eventos, el diario cubano Granma dijo en un editorial publicado el 11 de abril que estos constituían “una prueba más de la absoluta veracidad de las denuncias y acusaciones cubanas” de que Washington fomenta los secuestros al negarse a enjuiciar a los culpables.

Los funcionarios cubanos han señalado incidentes anteriores en la ultima década, incluida una serie de secuestros en 1994, cuando un oficial de la policía y un teniente de la marina fueron asesinados en ataques armados por secuestradores.

Hablando con la prensa el 18 de abril, Pérez Roque dijo que el uso de la pena de muerte contra los tres secuestradores de la embarcación fue un “recurso excepcional” para encarar una crisis que se estaba creando, provocada por la conducta del gobierno norteamericano, el cual incumple los acuerdos migratorios entre los dos gobiernos.

En un acuerdo suscrito por los dos gobiernos en 1994, Washington acordó otorgar 20 mil visas anualmente a cubanos que soliciten emigrar a Estados Unidos. Aunque las peticiones han excedido esta cifra cada año, el gobierno de Estados Unidos ha incumplido esta cuota por márgenes considerables. En 2002, la Sección de Intereses otorgó 18 mil de estas visas, dijo Pérez Roque. En los primeros cinco meses del año en curso, que en el acuerdo inmigratorio comienza el 1 de octubre, Washington ha otorgado 505 visas, dijo. Esto contrasta con las 11 mil visas entregadas en 2000, unas 8 300 en 2001 y un poco más de 7 mil el año pasado durante el mismo periodo de cinco meses. Esto representa “un plan deliberado para que se desesperen los que quieren emigrar, para que no tengan otra alternativa que la emigración ilegal”, declaró.

Ante la escalada de la campaña norteamericana contra Cuba, muchos liberales que critican la política exterior de la Casa Blanca se han sumado al coro de denuncias estridentes contra Cuba entre círculos burgueses. El congresista demócrata Charles Rangel, uno de los dirigentes del Grupo de Trabajo sobre Cuba en el Congreso norteamericano, quien abogaba por un “dialogo” entre los gobiernos de Estados Unidos y el cubano, dijo al New York Times, “Esto pone fin a esa discusión”.

“Ellos saben cómo apoyar a sus enemigos y deshacerse de sus amigos”, dijo airado.

Algunas fuerzas que se consideran radicales o socialistas han hecho eco de la propaganda de Washington. Por ejemplo, partidarios de los Socialistas Democráticos de América están circulando una carta abierta por la Internet que en nombre de la “izquierda democrática” declara, “En solidaridad con el pueblo de Cuba, condenamos la actual represión por el estado cubano contra pensadores y escritores independientes, activistas por los derechos humanos y demócratas”. La declaración afirma que el gobierno cubano es “una dictadura más”. Entre los firmantes se encuentran conocidos socialdemócratas como Stanley Aronowitz, Bogdan Denitch y Leo Casey. Otra declaración semejante está firmada por Chomsky, Aronowitz y otras figuras de la “izquierda”.

José Saramago, miembro del Partido Comunista portugués y premio Nóbel de literatura, rompió en público con el gobierno cubano en una declaración publicada en el diario madrileño El País el 14 de abril. “Hasta aquí he llegado”, escribió. “Cuba no ha ganado ninguna heroica batalla fusilando a estos tres hombres, pero sí ha perdido mi confianza, ha dañado mis esperanzas, ha defraudado mis ilusiones”.

En respuesta a Saramago, el conocido escritor uruguayo Mario Benedetti dijo que ahora no el momento “para borrarse totalmente del apoyo a Cuba”.

En una entrevista publicada en el periódico uruguayo La República, Benedetti expresó su oposición a la pena de muerte y criticó la ejecuciones en Cuba. Al mismo tiempo, indicó que había que dirigir el fuego principalmente contra Washington por su invasión a Iraq y el elevado número de ejecuciones en Estados Unidos. Aludiendo al papel servil del gobierno uruguayo en Ginebra, dijo, “Que gobernantes que han apoyado a Estados Unidos en su invasión asesina a Irak, que ahora se golpeen el pecho democrático, indignados porque en Cuba se haya ejecutado a tres secuestradores, resulta de una hipocresía asquerosa”.

En La Habana, 27 destacados escritores y artistas firmaron una carta abierta titulada “Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos”. Responden a “amigos que de buena fe puedan estar confundidos al sumarse a las condenas de los recientes juicios. “Para defenderse, Cuba se ha visto obligada a tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba”. Firman el mensaje, entre otros, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar, Senel Paz, Silvio Rodríguez, Humberto Solás y Carlos Martí.

Otro conocido escritor cubano, César López, se unió al debate. “Se puede estar contra la pena de muerte. Yo lo estoy. Se puede discutir respecto a lo pertinente de las condenas que legalmente se han aplicado”, dijo, citado por El País. “Yo lo discuto”.

Pero, recalcó, “olvidar la realidad, el peligro, el ataque constante a Cuba y a su gente, manifiesto en todos estos años, y exacerbado en las últimas semanas, no parece del todo honesto”. Los sucesos en el mundo exigen no una condena a Cuba sino “la acción clara contra la guerra y el peligro que ya nos envuelve a todos. Cuba incluida”.

“No se trata de derechos humanos, de libertad o de libertad de expresión”, dijo el embajador cubano en Canadá, Carlos Fernández de Cossío, en su carta al Globe and Mail. “Al gobierno que ha apoyado a algunos de los regímenes más brutales del siglo XX”, continuó, “que lleva a cabo una guerra criminal con ambiciones económicas y geopolíticas, que posee los mayores arsenales de armas nucleares, químicas y biológicas, no se le puede ni se le debe permitir que piense que la integridad y soberanía de Cuba están a la venta”.