marzo de 2003 Vol. 27 No. 3

Suspenden deportaciones de somalíes
Presos en Nueva Jersey libran huelga de hambre para exigir excarcelación

Por Martín Koppel

Cuatro residentes de Seattle de origen somalí celebraron el 14 de enero cuando un juez federal detuvo su deportación y la de todos los somalíes en Estados Unidos. El caso ocurre en medio de una serie de luchas provocadas por detenciones masivas y otros intentos de intimidación de inmi­grantes, tanto de Somalia como de otros países del Medio Oriente, de Africa oriental y de Asia del sur.

El fallo hizo permanente una orden preliminar emitida en diciembre por la jueza Marsha Pechman contra el gobierno federal, impidiendo que el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) deportara a cualquier persona a Somalia, nación que actualmente no tiene ni gobierno central ni procedimientos para aceptar ciudadanos que regresan al país. La decisión judicial impide la deportación de 2747 somalíes que Washington pretende excluir del país. Actualmente, 41 se encuentran detenidos por el INS.

Desde que aumentó el acoso contra los somalíes y otros inmigrantes a partir de septiembre de 2001 -bajo el pretexto de “combatir el terrorismo”- el INS ha recurrido a cargos menores para efectuar las redadas. Entre 1997 y 2002 la migra deportó a 196 personas a Somalia, abandonándolas en el país sin preocuparse por lo que les sucede al llegar. Algunos de los deportados han pasado la mayoría de la vida en Estados Unidos y no tienen ni familiares ni conocidos en Somalia.

Mahamed Accord, presidente de Servicios Sociales Somalíes en Seattle, dijo que el fallo le alegraba, “pero esto no es más que la punta del iceberg”. Dijo que “detienen a la gente por ocho meses y violan sus propias leyes. Hay que obligarlos a rendir cuentas”.

En los últimos meses, las autoridades federales han efectuado redadas en las comunidades somalíes de Seattle y otras ciudades, cerrando agencias de remesas en nombre de combatir el “lavado de dinero terrorista”. Muchas familias en Somalia y otros países dependen de las remesas que les mandan familiares en Estados Unidos.

Por otro lado, el gobierno federal desestimó cargos de “lavado de dinero” contra seis residentes de origen yemení en la zona de Detroit. Los seis, acusados de enviar dinero a su país natal, Yemen, fueron arrestados el 18 de diciembre en una redada de hogares y negocios, acción que recibió mucha publicidad, en medio de insinuaciones vagas de que se trataba de casos de “financiamiento del terrorismo”. La Ley USA Patriota, promulgada en octubre de 2001 cuando Washington incrementó su campaña bélica, estipula que las agencias de remesas deben inscribirse ante el Departamento del Tesoro federal.

Policías municipales y federales efectuaron redadas en varias ciudades del país, confiscando archivos, computadoras y cientos de miles de dólares de cuentas bancarias. Pero el fiscal federal Robert Cares tuvo que reconocer que los seis hombres no formaban parte de ningún “complot terrorista”. Para justificar los arrestos, los agentes de aduanas habían alegado que la práctica de hawala era una manera de ocultar el lavado de dinero. Hawala es una forma de canje de fondos que es tradicional en el Medio Oriente. Basada en confianza mutua, no crea documentación bancaria y los fondos no cruzan fronteras.

Mientras tanto, cinco hombres realizaron una huelga de hambre en Paterson, Nueva Jersey, en la cárcel del condado de Passaic, para protestar contra su prolongada detención por el INS.

Farouk Abdel-Muhti, Saleh Hamza, Ali Akhbar, Caco Kirob y Mohammed Seif iniciaron la protesta el 14 de enero. Han estado presos por varios meses sin cargos. Los cinco son nacidos en Palestina, Líbano, Pakistán, Mali y Egipto, respectivamente. Son algunos de los cientos de inmigran­tes arrestados durante las redadas policiacas luego del 11 de septiembre.

“Exigimos que seamos excarcelados inmediatamente. No hemos sido acusados de nada”, dijeron los seis en una declaración emitida desde la cárcel. También exigen la libertad de todos los detenidos sin cargos y de todos los detenidos que ya han cumplido sus condenas. Asimismo, reclaman mejores condiciones en la cárcel, que actualmente son infrahumanas.

Abdel-Muhti, un palestino de 55 años, ha estado preso sin cargos desde abril de 2002. Inmediatamente antes de su arresto colaboraba en programas de la radioemisora WBAI en Nueva York sobre la lucha de los pales­tinos en los territorios ocupados.

Desde mediados de diciembre, miles de residentes temporales han tenido que presentarse ante el INS para “inscribirse”, es decir, someterse a que les tomen las huellas digitales, los fotografíen y los interroguen. El gobierno federal exige este registro únicamente a los hombres mayores de 16 provenientes de 25 países, principalmente del Medio Oriente y Asia del Sur. El arresto de más de 400 personas que habían comparecido ante el INS en Los Angeles para cumplir con la ley provocó airadas protestas callejeras en esa y otras ciudades.

La campaña “antiterrorista” no sólo afecta a inmigrantes. Por lo menos dos ciudadanos de Estados Unidos se encuentran detenidos, sin cargos y privados de sus derechos constitucionales. Yasser Hamdi, nacido en Luisiana, fue detenido en Afganistán en noviembre de 2001 durante la invasión norteamericana de ese país. Fue llevado al campo de concentración norteamericano en la base naval yanqui en Guantánamo, Cuba, y puesto en una jaula de hierro. Cientos de personas más fueron sometidas al mismo atropello.

Cuando explicó que él era ciudadano estadounidense, fue trasladado a la prisión militar de Norfolk, Virginia. Las autoridades norteamericanas lo han mantenido bajo confinamiento solitario desde abril. Le han negado acceso a un abogado y pretenden detenerlo por tiempo indefinido, al catalogarlo como “combatiente enemigo”. En enero, una corte federal de apelaciones dio su aprobación a la detención de Hamdi.

En un caso similar, el 9 de enero la administración de Bush le pidió al juez federal Michael Mukasey en Nueva York que anulara su propia decisión de permitir que José Padilla, un ciudadano norteamericano, consulte con sus abogados. Padilla fue arrestado en Chicago en mayo pasado, acusado de una conspiración para construir una bomba radiactiva, y está recluido en una prisión naval en Charleston, Carolina del Sur sin acceso a sus abogados. Los abogados del gobierno argumentaron que Padilla no debe ver a sus abogados porque esto desbarataría los intensos interrogatorios a los que han sometido a Padilla durante los últimos ocho meses.