marzo de 2003 Vol. 27 No. 3

FMI da prórroga a Argentina, obreros defienden salario social

Por Michael Italie

El Fondo Monetario Internacional anunció el 16 de enero que aceptó postergar los vencimientos de pagos de 6.7 mil millones de dólares que el gobierno de Argentina debía de pagar en los siete meses venideros. De dicha suma, mil millones debían haberse pagado al día siguiente. Con la prórroga de pagos -de un año para 3.8 mil millones de dólares y entre tres y cuatro años para otros 2.9 mil millones de dólares- la institución con sede en Washington buscó evitar un nuevo incumplimiento por parte de ese país sumido en crisis.

Mientras tanto, las acciones sindicales y las protestas callejeras ampliamente diseminadas en respuesta a la campaña de austeridad del gobierno continúan. Desde finales de 1999, cuando la economía entró en una aguda recesión económica -y bajo la supervisión del FMI- el gobierno ha reducido los gastos para programas sociales en un 30 por ciento, y los salarios y pensiones de los empleados estatales.

El día anterior a la firma del acuerdo, el ministro de economía argentino Roberto Lavagna había advertido al Banco Interamericano de Desarrollo que no había posibilidad de que el tesoro argentino cumpliera con sus pagos a menos que el FMI aceptara el acuerdo de prórroga. Como parte del convenio, Buenos Aires se vio obligada a desembolsar de sus reservas extranjeras 799 millones al Banco Mundial y 796 millones al Banco Interamericano de Desarrollo, al tiempo que reafirmó su compromiso con la campaña de austeridad contra el pueblo trabajador como vía para “resolver” la crisis.

Representantes del Grupo de los Siete, las más grandes potencias imperialistas -Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos- forzaron la aprobación del acuerdo del 15 de enero por encima de la oposición de los principales funcionarios del FMI, informó el diario londinense Financial Times. “Las consecuencias que el creciente atraso de Argentina representa para la evaluación crediticia del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo” han hecho cundir el pánico entre los gerentes del FMI, señaló el Times. Los gobiernos de Italia y España, agregó el artículo, “también parecen estar especialmente preocupados sobre el riesgo potencial que corren sus inversiones en Argentina”.

Los directores de la prensa capitalista acusaron a Buenos Aires de “chantaje” debido a sus declaraciones de que el incumplimiento era inevitable de no haber algún tipo de asistencia. Otros periódicos del gran capital, entre ellos el Washington Post, asumieron una postura similar.

No obstante este último episodio, la prensa capitalista ha aplaudido el modesto aumento en la actividad económica en Argentina. Aunque el producto interno bruto bajó cerca de un 12 por ciento en 2002, vio un repunte del 2 por ciento anual durante noviembre, según informó la revista financiera Business Week, que lo describió como “la primer alza, al compararse con el mismo periodo el año anterior, en 27 meses”.

En una economía que se mantiene atollada en crisis, es el pueblo trabajador quien más se ve afectado: cerca del 40 por ciento de la población en edad laboral activa está desempleada o subempleada, y cifras oficiales indican que más del 54 por ciento de sus 36 millones de habitantes viven actualmente bajo el nivel de pobreza. Aunque la inflación superó el 40 por ciento en 2002, el acuerdo exige a Argentina que durante el año en curso la restrinja al 35 por ciento.

Nada en el convenio recién firmado supone alivio alguno para la crisis que enfrentan los trabajadores. Es más, Buenos Aires también está comprometida a lograr un superávit interno de 2.1 por ciento a nivel nacional y de 0.4 por ciento a nivel de provincias, con lo que se pueden vaticinar más ataques contra el salario social. Cada uno de los compromisos asumidos por el gobierno será evaluado por FMI en marzo, mayo y julio. En caso que alguno no se cumpla, el acuerdo quedará sin efecto.

Menos de dos semanas después de firmado el convenio, el gobierno argentino una vez más ilustró el curso que intenta mantener. El 29 de enero, el presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto permitiendo el alza de entre el 7 y el 9 por ciento a las tarifas de gas y electricidad. El jefe del gabinete Alfredo Atanasof explicó que “el aumento surgió como demanda de las empresas que de otra forma hubieran tenido problemas en la prestación de servicios”.

Bajo el impacto del colapso económico y el peso de la deuda pública y externa, Argentina ya ha incumplido dos veces pagos de empréstitos con instituciones y empresas imperialistas.

En diciembre de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa incumplió en el pago de cien mil millones de dólares en bonos y préstamos. Por mandato del FMI, su administración había recortado salarios y pensiones de los trabajadores estatales, aumentado los impuestos, e impuesto un congelamiento parcial de los retiros bancarios. Esas medidas fueron enfrentadas con protestas masivas y con bloqueos de carreteras y acciones en las calles organizadas por trabajadores y campesinos. De la Rúa presentó su renuncia en medio de esas movilizaciones.

Once meses más tarde el entonces gobierno entrante de Duhalde declaró no poder pagar 800 millones de dólares de deuda al Banco Mundial.

En enero de 2002 Duhalde puso fin a la política con la que por una década se mantuvo la paridad cambiaria entre el dólar estadounidense y el peso argentino, precipitando la devaluación del peso en un 70 por ciento. Como consecuencia, el poder adquisitivo de los salarios de trabajadores y de los ahorros de jubilados, pequeños comerciantes y demás se derrumbó.

El pueblo trabajador argentino continúa combatiendo el impacto de un peso fuertemente devaluado, un creciente desempleo y de persistentes recortes gubernamentales a los programas sociales. A finales de enero, miles marcharon en Buenos Aires en una protesta de dos días para exigir más prestaciones para los desempleados así como aumentos salariales con miras a hacer frente al alza de precios y la defensa de otros programas sociales.

La marcha fue organizada por una coalición de fuerzas que incluye a trabajadores desempleados, jubilados y organizaciones comunitarias. Los manifestantes atravesaron los lujosos barrios de la capital para reivindicar sus demandas.

Al concluir el primer día, los manifestantes acamparon en el puente Saavedra, y a la mañana siguiente se dirigieron hacia la embajada de Venezuela, donde expresaron su solidaridad con el pueblo trabajador venezolano, que combatía la “huelga” que entonces libraban los patrones contra el gobierno de Hugo Chávez. Los manifestantes procedieron después a la embajada de Estados Unidos para denunciar los planes bélicos de Washington contra Iraq.