marzo de 2003 Vol. 27 No. 3

Illinois: indultos atraen atención

Por Pattie Thompsom

CHICAGO-El gobernador saliente de Illinois George Ryan anunció el 11 de enero que perdonaba las vidas de los 167 condenados a muerte en el estado.

El político republicano habló ante un grupo que incluía a ex condenados a muerte exonerados tras demostrarse que sus condenas eran viciadas, y a otros que luchan contra la pena capital. A la vez instó a los legisladores estatales a que decretaran reformas que permitieran rehabilitar la pena de muerte.

Al explicar su decisión, Ryan abordó tópicos en torno a los cuales muchos de los presentes se habían venido organizando al hacer frente a legisladores, policías y jueces. Ryan se refirió a sentencias injustas que resultaban en penas capitales, representación legal inadecuada para personas acusadas de asesinato, y al hecho que la lista de los condenados a muerte la componen de forma desproporcionada negros jóvenes.

El día anterior Ryan había emitido un indulto absoluto para cuatro prisioneros condenados a muerte. Señaló que las sentencias de Aaron Patterson, Madison Hobley, LeRoy Orange y Stanley Howard, en esencia habían dependido de confesiones logradas mediante la tortura, bajo la supervisión del entonces comandante de la policía de Chicago Jon Burge. El procurador estatal por el condado de Cook, Richard Devine, anunció que tendrá que evaluar la cuestión antes de dar los cuatro casos por concluidos o de reanudar las investigaciones.

En su discurso del 11 de enero, Ryan dijo que la derogación de una condena de muerte tras otra, demostraba que “el proceso de la pena de muerte está plagado de fallas. Entre muchos otros, citó el caso de Anthony Porter, quien vio derogados su veredicto condenatorio y su sentencia de muerte gracias a los esfuerzos del Centro sobre Condenas Ilegales de la Universidad de Northwestern, cuyos miembros han jugado un papel importante en exponer también otros casos.

Después del caso de Porter, dijo, una investigación realizada por el diario Chicago Tribune documentó “las fallas sistemáticas de nuestro sistema de pena capital. La mitad de los cerca de 300 casos de pena capital en Illinois habían sido remitidos a cambio de nuevos juicios o nuevas sentencias”.

“Más de dos tercios de los condenados a muerte en Illinois eran afro-americanos”, dijo el gobernador. De los más de 160 condenados a muerte en Illinois, agregó, “35 eran acusados afro-americanos que habían sido declarados culpables o condenados a morir por jurados [compuestos sólo por] blancos”.

La controversia sobre este y otros atropellos -como fiscales sin escrupúlos o la práctica de asignar abogados incompetentes como defensores de acusados de crímenes capitales- persuadió a Ryan de que el fuerte apoyo que él había expresado por la pena capital otrora en su carrera política ya no era defendible.

En enero de 2000, cuando Ryan declaró una moratoria a las ejecuciones en el estado, señaló que entre los años 1978 y 2000, 12 personas habían sido ejecutadas y 13 exoneradas de crímenes por los que habían sido condenados. Los exonerados habían permanecido en la lista de los condenados a pena de muerte un promedio de 12 años, mientras se abrían paso peleando a través de múltiples apelaciones o nuevos juicios para establecer su inocencia.

Ryan manifestó su frustración por el hecho que la legislatura estatal no hubiera promulgado reformas pedidas por su comisión sobre el tema. “Una de las pocas decepciones de mi carrera legislativa es que la Asamblea General no supo trabajar conmigo para reformar nuestro sistema plagado de fallas”, dijo.

Su paquete de reformas, sostuvo Ryan, pondría restricciones al uso de soplones en las cárceles, crearía un panel a nivel estatal para determinar la elegibilidad de casos para la pena capital, y reduciría la cantidad de crímenes castigables con la pena de muerte. “Estas reformas . . . habrían reducido de forma dramática las posibilidades de error”.

“No sé porque los legisladores no pudieron atender los crecientes llamados de reformas”, dijo. En los dos días que emitió sus indultos y conmutaciones, los partidarios de reformar el sistema de pena capital del estado de Illinois aumentaron su presencia en la televisión, radio y periódicos hablando sobre la necesidad de tomar medidas en la próxima sesión legislativa.

El gobernador también señaló las condiciones inhumanas y agobiantes que hombres y mujeres han de enfrentar en las cárceles estatales. Un prisionero incluso le había pedido que no conmutara su sentencia, dijo, prefiriendo morir a tener que enfrentar largos años de encierro.

Los pronunciamientos de Ryan sobre el tema no han sido emitidos en un vacío. Muchas protestas y actos públicos por todo el estado han involucrado a números crecientes de condenados a muerte que han sido exonerados, familias de prisioneros, grupos eclesiásticos y universitarios, organizaciones pro derechos civiles, organizaciones de profesionales en leyes y partidos políticos.

En la protesta “Hombres muertos que caminan”, realizada a mediados de diciembre, participaron hombres de todo el país a quienes les habían conmutado sus condenas. Acompañados de sendas personalidades, cada uno caminó una milla del trayecto de 37 millas, yendo desde el Centro Correccional de Statesville cerca de Joliet -el sitio de ejecuciones en Illi­nois- hasta la oficina del gobernador Ryan en el centro de esta ciudad.

La poderosa protesta de los hombres previamente condenados fue una de diversas acciones organizadas a fines de año por miembros del Centro de Condenas Ilegales. Treinta y nueve ex condenados a muerte viajaron a Illinois para instar a Ryan a que ejerciera su prerrogativa como gobernador saliente y vaciara los pabellones de la muerte.

Prisioneros exonerados y las familias de presos condenados a muerte también han jugado un papel prominente en previas protestas sobre el tema. Al ser liberados, muchos ex condenados a muerte se han unido a campañas para ganar la libertad de otros y por la abolición de la pena capital. Estos esfuerzos cobraron impulso el año pasado conforme la legislatura estatal consideró sin llegar a aprobar ninguna de las reformas recomendadas por la comisión del gobernador.

Por ejemplo, tras ser liberado el día anterior del Centro Correccional de Pontiac, Aaron Patterson -uno de los exonerados por Ryan el 10 de enero- dijo al Chicago Tribune, “hay más gente inocente encerrada allí”. Aunque recibió un indulto absoluto por el crimen por el cual pasó 12 años en el pabellón de la muerte, la autoridades penitenciarias informaron a Patter­son que estará bajo “libertad supervisada por tres años” y que incluso podría estar bajo vigilancia domiciliaria.

En octubre familiares de prisioneros y de víctimas de asesinatos comparecieron ante una serie de vistas de una Junta Evaluadora de Prisioneros, nombrada por el gobernador, para hacer recomendaciones sobre el otorgamiento de clemencias. La junta recomendó las conmutaciones, declarando que “el problema es si un sistema que estaba tan plagado de problemas como el de la pena capital de Illinois puede crear el nivel de confianza necesario antes de que matemos a otro ser humano”.

Las acciones de Ryan no han sido acogidas en todas partes.

El gobernador electo Rod Blagojevich, un demócrata, caracterizó la decisión de Ryan como “un gran error”. Indicó que respalda la pena de muerte en “casos claros y extremos”. Dijo también que mantendrá la moratoria “hasta que se sienta cómodo de que el sistema ha sido reconstruido”.

En Estados Unidos hay resoluciones de moratoria afectan a por lo menos 19 estados y 24 municipalidades.