enero de 2003 Vol. 27 No. 1

A muchos inmigrantes les niegan derechos como a Calero

Por Paul Pederson

El intento del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de excluir al periodista Róger Calero cuando regresaba a Estados Unidos de una labor periodística en América Latina no es un caso aislado.

Calero, subdirector de Perspectiva Mundial y redactor del Militant, fue arrestado el 3 de diciembre en el aeropuerto internacional de Houston y detenido durante 10 días en una cárcel de inmigración en esa ciudad.

Miles de inmigrantes, incluyendo algunos de los que tienen tarjeta verde como Calero, se han visto privados de sus derechos. En la última década, el gobierno norteamericano ha aprobado una serie de leyes utilizadas para incrementar los ataques contra los derechos de las personas nacidas en el extranjero. Estos ataques han cobrado mayor ímpetu en el último año.

En 1996 el Congreso aprobó y la administración de Clinton promulgó varias medidas antiimigrantes. Una de ellas fue la llamada Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante. Esta amplió el número de delitos por los cuales una persona puede ser deportada, incluso infracciones menores tales como no pagar la entrada al subterráneo. Otra medida que merma los derechos de los nacidos en el extranjero fue la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Eficaz, también promulgada en 1996.

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante tenía un carácter retroactivo, es decir, el gobierno podía usarla como motivo para deportar a una persona hasta una infracción menor que se remontara muchos años atrás, antes de promulgarse la ley.

La ley de 1996 hizo peligrar el status legal de los inmigrantes que habían obtenido la residencia legal mediante la amnistía nacional de 1986 si figuraban antecedentes penales en su expediente. Si bien la migra ha efectuado redadas para deportar a trabajadores indocumentados, por lo general no ha perseguido en sus hogares o centros de trabajo a los residentes permanentes que se hallan en esta situación. Más bien, a los residentes legales les han creado problemas cuando salen el país y tratan de regresar, cuando comparecen ante el INS para pedir un cambio de status u otra razón, o si posteriormente son arrestados bajo cargos criminales.

Los siguientes son ejemplos de personas que el INS tacha de "criminales extranjeros".

Residente por 40 años

José Velásquez inmigró de Panamá hace más de 40 años, obtuvo la tarjeta verde en 1960, se casó, y tiene hijos y nietos que son ciudadanos de Estados Unidos. El y su esposa han manejado una tiendita de abarrotes en Filadelfia desde comienzos de los 80.

Hace 20 años, en una fiesta, un individuo se le acercó a Velásquez preguntándole quién podría venderle cocaína en la fiesta. Cuando Velásquez señaló a alguien que él creía podía atender su pedido, fue arrestado, acusado y sentenciado a cinco años de libertad condicional. En diciembre de 1998, cuando Velásquez regresaba a casa en Estados Unidos después de visitar a su madre, quien había tenido una operación de la cadera, el INS notó su antigua sentencia en su expediente, lo detuvo y comenzó el proceso de exclusión.

En Atlanta, Olufolake Olaleye ha sido residente permanente desde 1990 y tiene dos hijos que son ciudadanos norteamericanos. El INS pretende deportarla a Nigeria porque solicitó la ciudadanía teniendo una sentencia por robo menor en su expediente. En 1993 cuando quiso devolver unas ropas de bebé sin recibo la acusaron de robo de una mercadería por valor de $14.99. Por falta de un abogado, aceptó declararse culpable y le dieron una sentencia suspendida de un año de libertad condicional. En 1998 ella solicitó la ciudadanía. Le denegaron la solicitud y ordenaron su deportación.

Una familia en Florida adoptó a John Gaul de Tailandia a los cinco años. A los 19 lo acusaron de escribir cheques falsos y robar un auto. El recibió una sentencia de 20 meses y lo deportaron a Tailandia. Como se crió en Florida, no habla tailandés ni tiene contactos familiares en ese país.

Cuando los aspectos mas controvertidos de la ley de 1996 empezaron a provocar un debate público y oposición, la Corte Suprema la modificó mediante un fallo. Una de las disposiciones les otorgaba a los agentes del INS en el punto de entrada los poderes de deportar sumariamente a una persona --sin el derecho a un abogado o el derecho de apelar ante una corte-- si los policías simplemente "sospechaban" que sus documentos no eran válidos.

Otra disposición, conocida como "detención obligatoria", permitía el encarcelamiento por tiempo indefinido de los inmigrantes a quienes Washington quería deportar pero cuyo país de origen no los admitía de vuelta. Esta cláusula se modificó, exigiendo que fueron excarcelados al cabo de seis meses, a no ser que el gobierno presentara razones adicionales para mantenerlo preso.

Más policías, más poderes

La ley de inmigración también le permitió al gobierno triplicar el número de policías de inmigración. Hoy el SIN cuenta con 15 mil agentes que portan armas y están autorizados a hacer arrestos, con lo cual es la fuerza policiaca federal más grande del país.

La policía de inmigración también ha ampliado su red. Al adoptarse la Ley Patriota, que el presidente George Bush firmó en octubre de 2001, se aumentó al triple la patrulla fronteriza a lo largo de Canadá.

Basándose en leyes anteriores, la Ley Patriota, en nombre de perseguir a "terroristas extranjeros", también les otorga a los agentes del INS más poderes para interceptar líneas telefónicas, efectuar registros, utilizar nuevas tecnologías de "control" y detener sin cargos a los no ciudadanos tachados de "sospechosos de terrorismo" por hasta seis meses.

La policía fronteriza ahora realiza sus puntos de control no sólo cerca de la frontera con México, sino cerca de la frontera norte, en las carreteras estatales de Michigan, donde los agentes del INS paran los autos al azar y los registran bajo el pretexto de buscar a trabajadores indocumentados. El INS también ha incrementado sus redadas en los aeropuertos, arrestando a trabajadores que supuestamente violan reglamentos de "seguridad" a raíz de sus antecedentes penales.

Por otra parte, la Administración del Seguro Social ha enviado siete millones de cartas a 800 mil compañías, informando a los patrones que ciertos empleados tienen números de Seguro Social que no corresponden a los registros oficiales. Se calcula que unos 100 mil trabajadores han perdido sus trabajos debido a estas tácticas de intimidación.

El incremento de la policía fronteriza, las rejas de seguridad y los puntos de control han cobrado un saldo humano: un número récord de inmigrantes están muriendo al tratar de ingresar al país en los últimos años. Por lo menos dos mil personas han muerto desde 1994 al intentar ingresar a Estados Unidos.

Más inmigrantes en prisión

Con el aumento de arrestos por el INS, el número de personas encarceladas ha aumentando rápidamente y la construcción de prisiones de inmigración también.

Según el informe de 2001 de la organización Human Rights Watch, el número de inmigrantes detenidos por el INS subió de un promedio de 6 700 diarios en 1995 hasta un récord de 20 mil diarios en septiembre de 2000.

Hoy el INS mantiene nueve cárceles en el país. También alquila otras siete prisiones privadas. Y debido a la aglomeración de la población carcelaria, utiliza también cárceles del condado para mantener a miles que esperan ser deportados.

El "Centro de Procesamiento de Houston", donde encerraron a Róger Calero, es una de estas cárceles privadas. Es propiedad de la Corrections Corporation of America, que se jacta de ser "el sexto sistema penal más grande del país, después de Texas, California, el Buró Federal de Prisiones, Nueva York y Florida".