enero de 2003 Vol. 27 No. 1

Dentro de una prisión del INS
Informe exclusivo sobre condiciones en cárcel de la migra en Houston

Por Róger Calero

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE HOUSTON, Houston, Texas--El impacto de los ataques cada vez más brutales del gobierno norteamericano contra los derechos de los trabajadores se hace sentir entre los más de 500 trabajadores de diversas nacionalidades que se encuentran detenidos aquí. La mayoría de los detenidos enfrenta la amenaza de ser excluidos o deportados con mínimos derechos --si acaso-- de apelación o de tener representación jurídica.

El que escribe estas líneas se encuentra entre los detenidos en este sitio. Me arrestaron el 3 de diciembre en el Aeropuerto Intercontinental de Houston mientras regresaba a casa después de realizar una labor periodística para la revista Perspectiva Mundial y el semanario en inglés The Militant.

Cada noche se suman a nosotros decenas de trabajadores de diferentes nacionalidades, traídos por la policía federal de la Patrulla Fronteriza tras ser arrestados al tratar de cruzar la frontera. Y cada noche se llevan de los pabellones de la cárcel a muchos otros, para montarlos en un avión o autobús --esposados y en grilletes--y enviarlos a su país de origen o, en el caso de los nacidos en México, botarlos al otro lado de la frontera.

Ubicado a pocos minutos del Aeropuerto Intercontinental de Houston, el "Centro de Procesamiento de Houston", nombre oficial de la cárcel utilizada por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) es también el sitio adonde la policía de inmigración trae a los residentes legales detenidos en el aeropuerto cuando éstos llegan de otros países y el INS decide arrestarlos sobre la base de una sentencia penal anterior.

En estos primeros días que llevo encarcelado aquí, he tenido la oportunidad de conocer a varios trabajadores e informarme de sus historias. Muchas son parecidas a la mía.

Manuel García, 63, un carpintero oriundo de El Salvador que reside en este país desde 1974, fue arrestado hace cinco meses cuando regresaba de una visita a su familia en ese país.

El INS detuvo a García después que desembarcó de un vuelo de la aerolínea Continental en San Salvador. Le dijeron que la computadora indicaba que en su historial aparecía una condena por un delito menor que se remontaba a 1987. García había pasado por el mismo aeropuerto un año antes sin problema alguno. Ha sido residente legal desde 1986, cuando le fue otorgada la residencia por el gobierno federal.

"Estamos pagando dos veces por algo que hicimos en el pasado", dijo García. "Obtuvimos los documentos legales y ahora nos encarcelan".

Después de ser condenado bajo acusaciones de delito menor, García cumplió tres años de libertad condicional. Desde entonces, ha intentado limpiar su expediente para solicitar la ciudadanía estadounidense. Hace dos años, cuando solicitó una copia de su expediente penal, le dijeron que no lo podían encontrar porque había pasado mucho tiempo. Y un abogado hasta le cobró dos mil dólares para ayudarle a rectificar su expediente pero García no volvió a saber más nada de él.

García espera que su caso sea resuelto pronto. Está por cumplir el plazo de seis meses durante el cual el INS puede mantener a alguien preso antes de verse obligado a deportarlo o ponerlo en libertad a menos que presente una solicitud ante un juez federal para continuar la detención. Está ansioso de volver a su trabajo de carpintero en el estado de Utah, donde viven sus dos hijos.

Amenazan con huelga de hambre

Algunos trabajadores aquí informan que a mediados de noviembre unos 80 detenidos, en su mayoría salvadoreños, amenazaron con declarase en huelga de hambre porque las autoridades les habían negado una audiencia por varios meses. Muchos ya habían pasado mucho más de seis meses en el centro de detención. Algunos habían previsto ser deportados inmediatamente después de llegar a esta cárcel de inmigración porque habían cumplido una sentencia en una cárcel federal o estatal.

Al final no se llevó a cabo la huelga de hambre, pero frente a sus protestas el cónsul salvadoreño intercedió y les prometió que iban a ser excarcelados pronto. Desde entonces, los dirigentes de la protesta han sido trasladados a otras celdas con el fin de aislarlos.

Algunos de los detenidos llevan bastante más de seis meses encerrados, incluso uno que lleva más de dos años preso. Algunos han tenido que apelar su caso desde la cárcel porque se les denegó la libertad bajo fianza.

En la celdas donde yo me encuentro, hay trabajadores inmigrantes de Haití, Argelia, Nigeria, China, Cuba, Pakistán y Albania, además de México y Centroamérica.

El gobierno de Estados Unidos ha ampliado el número de delitos por los cuales un inmigrante puede ser deportado conforme a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, promulgada en 1996. Asimismo, el INS hizo que la ley se aplicara retroactivamente, afectando los casos que antecedieron la aprobación de la ley. Muchos de los que están presos aquí fueron declarados culpables por infracciones que varían desde conducir en estado de embriaguez y traspaso hasta delitos menores relacionados con las drogas.

El INS está deteniendo a residentes de Estados Unidos con un historial penal despreciando por completo el hecho que muchos se han hecho la vida en este país.

Una persona, recientemente traída a esta cárcel por el INS, había sido detenida al regresar a casa con su familia de Guatemala.

Un residente de Long Island, Nueva York, padre de dos hijos nacidos en Estados Unidos, afronta la deportación por un caso de desorden público 11 años antes.

En mi caso, el gobierno pretende utilizar una condena de 1988 cuando yo estaba en la secundaria en Los Angeles y fui acusado de vender marihuana a un policía encubierto, por lo cual me otorgaron libertad condicional.

Me arrestaron a mi regreso de Guadalajara, México, donde estaba cumpliendo una labor periodística para Perspectiva Mundial en una conferencia estudiantil internacional y en la Feria Internacional del Libro. Detenido en las oficinas del INS en el aeropuerto, me negaron el derecho de hablar con un abogado afirmando que se trataba de una detención administrativa, aunque los policías de inmigración me acababan de informar sobre mis derechos procesales, los llamados derechos "Miranda".

Viajaba con una carta de acreditación y credenciales como periodista con mi foto. Los policías confiscaron, entre otras cosas, mis herramientas de trabajo: la computadora portátil y la cámara digital de Perspectiva Mundial.

García, el carpintero, aludió a la ley de inmigración que se había usado contra él y otros, calificándola como una "trampa", porque era algo que muchos inmigrantes ignoraban.

"Todos los vuelos a nuestros países están llenos durante los días festivos, y muchos de ellos van a terminar en la cárcel", dijo García. "Hay que denunciar eso".