noviembre de 2002 Vol. 26 No. 10

Portuarios: no a intervención estatal
Bush cita 'seguridad nacional' al usar ley antisindical Taft-Harley contra obreros

Por Bernie Senter

OAKLAND, California-El presidente George Bush ha invocado la ley antisindical Taft-Hartley como despliegue de fuerza en apoyo a los patrones y contra los 10 500 trabajadores portuarios en la Costa del Pacífico que luchan por un contrato.

El gobierno federal aprovechó un cierre patronal, que había paralizado por 10 días los puertos del Pacífico, para obtener la orden judicial. Los estibadores, miembros del sindicato portuario ILWU, levantaron sus líneas de piquetes el 9 de octubre y regresaron a trabajar sin un contrato.

Cientos de obreros airados protestaron ese día en el puerto de Los Angeles para denunciar la intervención del gobierno federal en su lucha. "¿Qué queremos? ¡Un contrato! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!" corearon los sindicalistas antes de regresar a sus puestos.

Bush justificó el uso de la medida rompehuelgas diciendo que "el paro también hace peligrar nuestra defensa nacional... Puesto que el funcionamiento de los puertos occidentales es vital para nuestra economía y nuestro ejercito, he determinado que la actual situación pone en riesgo nuestra seguridad y salubridad nacional".

Bajo la Taft-Hartley, el gobierno puede imponer un plazo de 80 días de "enfriamiento" que prohíbe que el sindicato lleve a cabo acciones laborales o huelgas y ordena que todas las negociaciones se efectúen a través de un mediador del gobierno. El decreto estará vigente durante la temporada alta de cabotaje.

Lo que alimenta el conflicto laboral es la campaña patronal para recortar puestos de trabajo y socavar la seguridad ocupacional de los miembros del sindicato portuario. La Asociación Marítima del Pacífico (PMA), que representa a los patrones de las compañías de carga y estiba, insiste en acelerar el uso de computadoras, escaneadores, cámaras y otras tecnologías que terminarían eliminando centenares de puestos sindicalizados de oficinista. Los patrones ya han desplazado trabajos de oficinista a contratistas en Utah y Arizona. El sindicato está luchando para cubrir a algunos de estos empleos que se han enviado a contratistas, así como establecer niveles mínimos de personal oficinista.

Apoyada por el gobierno federal, la PMA también quiere acabar con el contrato único a nivel de industria, lo cual debilitaría mucho la capacidad del sindicato de defender sus intereses. La asociación quiere eliminar la sala de contratación controlada por el sindicato y ponerlo bajo el control de la patronal.

La aceleración del ritmo de trabajo y los recortes en las medidas de protección ocupacional han cobrado la muerte de siete trabajadores portuarios en lo que va del año, cinco de ellos miembros del ILWU. Seis de las 14 muertes en los muelles en la ultima década ocurrieron este año.

Cierre patronal

El ILWU ha intentado negociar un contrato desde que venció el 1 de julio. La PMA cerró el 29 de septiembre los 29 puertos de la Costa del Pacífico, acusando a los trabajadores de tortuguismo. Si bien el sindicato aceptó una propuesta del gobierno de prolongar el contrato por 30 días, ésta fue rechazada por la PMA. "Desde el principio ellos querían usar la ley Taft-Hartley contra el sindicato", dijo el vocero del sindicato Steve Stallone. "Durante todo este tiempo querían que el gobierno interviniera y les resolviera el problema".

El presidente de la PMA alabó la decisión de Bush. "Creo que tomó en cuenta los mejores intereses del país, de la economía y de nuestra seguridad nacional", dijo.

La orden del juez de regresar a trabajar estipula que los miembros del sindicato deben reiniciar sus labores "a ritmo normal". La PMA está argumentando que el ILWU es culpable de tortuguismo y que, bajo la ley Taft-Hartley la corte debe sancionar al sindicato.

Frente a las amenazas de los patrones portuarios y la orden del gobierno, el ILWU está asegurándose de "trabajar bajo condiciones seguras," dijo el presidente del sindicato James Spinosa. "Y si eso lo consideran frenar el trabajo, que así sea".

"Estamos en una batalla", dijo Pamela Rómez durante su turno en la línea de piquetes en el puerto de Oakland. Rómez es una trabajadora portuaria, igual que su padre, quien murió en un accidente con una grúa en los muelles.

Rich Alvis, un trabajador portuario por 36 años, fue uno de los últimos en irse de la línea de piquetes. "Antes estábamos en 15 lugares diferentes", dijo. "Ahora, desde el cierre patronal, todos estamos juntos. Los patrones nos juntaron como una unión que piensa de igual manera. Lo bueno que saldrá de esto es que todos estaremos unificados".

Demanda patronal por Taft-Hartley

Un número importante de políticos burgueses y grupos que representan a los grandes capitalistas pidieron que el presidente invocara la ley Taft-Hartley. La senadora demócrata Dianne Feinstein de California pidió que el presidente Bush impusiera la ley diciendo, "Con nuestra nación en dificultades económicas y al borde de la guerra, no podemos permitir que esta disputa dañe más nuestra economía." "Abajo Feinstein" fue uno de las consignas más populares en un mitin de 300 personas en apoyo los trabajadores portuarios en el puerto de Oakland el 5 de octubre.

Los gobernadores demócratas de California, Oregon y Washington emitieron una declaración pidiendo un fin rápido a la disputa laboral, diciendo que perjudicaba a los agricultores, dueños de fábricas, comerciantes y camioneros.

Durante el cierre patronal, los funcionarios sindicales acordaron que los trabajadores manejarían cargamentos militares y envíos con destino a Alaska y Hawai, dos estados que dependen de importaciones oceánicas.

El impacto económico del cierre patronal ya estaba creciendo antes del 8 de octubre. La planta ensambladora de autos NUMMI en Fremont, California, administrada conjuntamente por General Motors y Toyota, cesó de producir el 2 de octubre. La planta ociosa, la cual emplea a 5 500 trabajadores, depende de inventarios de entregas basados en el sistema "justo a tiempo", incluidos los motores y transmisiones importadas. El Local 2244 del sindicato automotriz UAW en la planta ofreció su solidaridad a los trabajadores portuarios, como también lo hicieron el sindicato de camioneros Teamsters y otros.

Eric Cox, un chofer de camiones en los muelles, dijo, "Los patrones no sólo están tratando de crear divisiones entre los camioneros y al ILWU, sino también entre los camioneros con y sin sindicatos. Nosotros transportamos rollos de aluminio a la planta NUMMI. Los trabajadores en NUMMI con quien conversé dijeron, "Apoyamos al ILWU en un 100 por ciento. Si nosotros nos vamos en huelga, queremos su apoyo".

Ganan solidaridad internacional

Los estibadores japoneses y australianos emitieron declaraciones de apoyo al ILWU. "Kenji Yasuda, secretario de Zenkoku-kowan, el sindicato de trabajadores portuarios japonés, dijo, "Los dueños de barcos que han atacado al ILWU son las mismas compañías que enfrenta Zenkoku-kowan. Reconocemos que la lucha del ILWU y los ataques contra ellos nos afectan a nosotros y lucharemos en solidaridad con los estibadores y marineros de todo el mundo".

La última vez que se usó la Ley Taft-Hartley fue en 1978, bajo el presidente James Carter, contra la huelga de 110 días del sindicato minero UMWA. Los mineros desafiaron la orden del juez y continuaron su huelga hasta que ganaron un contrato, pese a las amenazas de Carter. El gobierno federal también utilizó la medida en 1971 contra los trabajadores portuarios en la Costa del Pacífico, quienes habían estado en huelga por tres meses. Desde entonces el tonelaje manejado por los puertos de la Costa del Pacífico es cuatro veces más grande, con la introducción de contenedores de carga y el aumento del comercio mundial. El número de trabajadores portuarios en la Costa del Pacífico ha bajado de 100 mil -en los años 50- hasta la cifra actual de 10 500.