noviembre de 2002 Vol. 26 No. 10

Régimen arrecia contra derechos
Washington apoya medidas represivas de Uribe, aumenta su intervención

Por Róger Calero

Apenas unas semanas de asumir la presidencia de Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe firmó un decreto que le autoriza a las fuerzas armadas realizar detenciones y registros sin orden judicial, y que amplía los poderes de espiar e interceptar comunicaciones electrónicas. El mismo día, el 10 de septiembre, Uribe también obtuvo nuevos poderes para crear "zonas especiales" bajo control militar.

Estas y otras medidas, presentadas como estrategia para combatir a la guerrilla, cuentan con el apoyo del gobierno estadounidense. Washington está vertiendo fondos militares y equipos en el país, así como asesores militares, bajo el llamado Plan Colombia, aprobado por el Congreso estadounidense en el 2000.

Sin embargo, la popularidad del nuevo presidente no está asegurada entre el pueblo trabajador. El 16 de septiembre se realizó un paro nacional de 24 horas en protesta a los efectos de la crisis económica y las medidas de austeridad del gobierno.

El decreto del 10 de septiembre le permite al alto mando militar imponer toques de queda en las nuevas zonas de "rehabilitación y consolidación". También le permite a las autoridades locales incautar viviendas y vehículos "para resolver una situación que pueda poner en riesgo a una comunidad." Colombia se encuentra bajo un estado de emergencia decretado cuatro días después que Uribe asumiera su cargo el 7 de agosto.

Para aumentar el financiamiento de las fuerza armadas, Uribe impuso un impuesto de 1.2 por ciento a los que tengan efectivos de 60 mil dólares o más. Los 800 millones de dólares que se recolectarían, dijo el ministro del interior Fernando Londoño, serían destinados a entrenar y equipar a 40 mil nuevas tropas para principios del año. Las fuerzas armadas cuentan con 200 mil soldados.

El gobierno en Bogotá además dice que les dará armas a 15 mil campesinos para que ayuden al ejército en la guerra civil en el campo.

Las autoridades están empezando a aplicar una propuesta de Uribe de reclutar un millón de personas a una red de soplones. Su promesa de impulsar con "puño de hierro" la "lucha contra el terrorismo" dominó su campaña electoral.

Washington declara su apoyo

La embajadora estadounidense, Anne Patterson declaró la confianza de Washington en el nuevo gobierno durante un foro en una universidad de Bogotá. Afirmó que las nuevas medidas no pondrán en peligro los derechos humanos. Dos días antes, Washington había autorizado 42 millones de dólares en ayuda militar a Colombia. La ayuda se otorgó después que el Departamento de Estado norteamericano "certificara" al ejército colombiano, librándolo de acusaciones de una serie de violaciones de derechos humanos asociadas con las fuerzas derechistas paramilitares que están vinculadas al régimen.

En los últimos dos años Washington ha utilizado la guerra civil y el narcotráfico en Colombia como pretexto para un notable aumento en su intervención militar en la región andina. Bajo los gobiernos de Uribe y de Andrés Pastrana, Washington le ha entregado a Colombia 2 mil millones de dólares en ayuda y entrenamiento militar. Colombia es el tercer país en cuanto a ayuda militar estadounidense, después de Israel y Egipto.

A principios del año el Congreso estadounidense cambió su posición oficial de exigir que el gobierno colombiano limitara el uso de los fondos norteamericanos a "combatir el narcotráfico". Ahora le permite usar helicópteros artillados y de transporte así como otros equipos bélicos proporcionados por Washington en su lucha contra las fuerzas rebeldes de oposición.

Uribe pidió más ayuda militar durante su visita a Washington a fines de septiembre. También le pidió a la Casa Blanca que interviniera ante el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano para obtener préstamos a fin de paliar la crisis presupuestaria en Colombia.

La guerra civil en Colombia ha durado casi 40 años, costando cerca de 34 mil muertes. Hasta ahora las fuerzas armadas y las unidades paramilitares derechistas no han podido asestarle golpes mortales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero más pequeño, a pesar de la brutalidad del régimen y el generoso apoyo que recibe de Washington. Las FARC no han sido expulsadas de las zonas que mantienen bajo su control.

En los últimos meses, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos paramilitares financiados principalmente por ricos terratenientes, han ampliado sus tácticas de terror, masacrando a miles de líderes campesinos, sindicalistas y partidarios de las FARC.

El 24 de septiembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la extradición de tres dirigentes de las AUC, incluido su máximo jefe Carlos Castaño, bajo cargos de narcotráfico. El ministro del interior colombiano Londoño aseguró a funcionarios estadounidenses que se le daría prioridad. Washington tiene una larga historia de usar los pedidos de extradición contra ciudadanos de otros países como justificación para intervenciones militares, como sucedió con la invasión de Panamá y el secuestro de Manuel Noriega en 1989 bajo cargos de narcotráfico.

Resistencia obrera

Algunos dirigentes sindicales y campesinos han denunciado los nuevos ataques contra los derechos del pueblo trabajador. El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Miguel Caro, dijo que el decreto pretende promover una "verdadera cacería de brujas".

Unos 700 mil trabajadores estatales, afiliados a las principales centrales sindicales, realizaron una huelga de 24 horas contra las nuevas medidas de austeridad del gobierno. La huelga afectó a la industria petrolera, el servicio telefónico, las escuelas, los aeropuertos y los hospitales.

El gobierno desplegó tropas y la policía por todo el país para impedir que decenas de miles de campesinos se unieran a las movilizaciones en las principales ciudades durante el paro nacional.