septiembre de 2002 Vol. 26 No. 08

¡No a las detenciones secretas!

Los gobernantes de Estados Unidos se están topando con resistencia a sus intentos de corroer los derechos de los trabajadores y las libertades constitucionales. Las batallas jurídicas que se desarrollan en varias cortes federales reflejan la oposición del pueblo trabajador a las medidas que ha tomado la administración Bush para encarcelar a ciudadanos sin cargos y negarles el derecho a un abogado.

Asimismo, el Departamento de Justicia está teniendo dificultades en lograr que las cortes aprueben automáticamente las detenciones secretas de 1 200 personas, centenares de las cuales posiblemente siguen presas.

El argumento presentado por el Departamento de Justicia ante los tribunales --de que las acciones del poder ejecutivo respecto a actos "en tiempos de guerra" no pueden ser revisadas por una corte-- se basa en precedentes que sentó la administración demócrata de William Clinton.

Fue Clinton el que preparó el camino para usar cortes secretas a fin de encarcelar a no ciudadanos en base a "pruebas secretas", de acuerdo a la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Eficaz, promulgada por Clinton en 1996. Durante los últimos años, Washington ha mantenido casi 25 personas --en su mayoría inmigrantes de países árabes y musulmanes-- bajo "detención preventiva" y sin derecho a fianza.

Otra ley promulgada por Clinton en 1996, la Ley de Reforma de Inmigración y Responsabilidad del inmigrante, le permite al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) arrestar y deportar a las personas que acusan de ser inmigrantes "ilegales" sin derecho a apelación o revisión por una corte. La administración aprovechó la situación que ella misma había creado al negarse por varios meses a devolver al niño cubano Elián González a su país, no sólo para justificar un asalto armado en Miami sino para establecer precedentes jurídicos que amplían los poderes del INS que están exentos de revisión por las cortes.

El gobierno mantiene detenido desde hace cuatro meses al ciudadano norteamericano José Padilla, un puertorriqueño que ha adoptado el nombre Abdullah-al-Muhajir. Aunque el fiscal general John Ashcroft lo acusó de "conspirar" para detonar una bomba radiológica, las autoridades no le han radicado cargos de ningún tipo y le han negado acceso a un abogado.

Hasta la fecha el Departamento de Justicia se ha negado a entregar los documentos sobre la clasificación de Yaser Esam Hamdi como "combatiente enemigo" al juez federal Robert Doumar. A él también le niega acceso a un abogado.

La campaña guerrerista en el exterior va acompañado de una guerra contra los derechos de los trabajadores dentro de Estados Unidos. Las órdenes de violar la constitución bajo el pretexto de la "seguridad nacional" se usarán contra los sindicatos, luchadores sociales y opositores de la política del gobierno.

Un ejemplo actual de este hecho es la intervención rompehuelga del gobierno federal --con el argumento de proteger la seguridad interna-- contra el sindicato de obreros portuarios ILWU, que está luchando por un contrato en la Costa del Pacífico.

Le incumbe al movimiento obrero sumarse a las protestas contra estos intentos del gobierno de pisotear la Carta de Derechos en nombre de la "seguridad nacional".

¡No a las detenciones y los juicios secretos! ¡Alto a la intervención del gobierno contra los obreros portuarios!