septiembre de 2002 Vol. 26 No. 08

Luchan contra caso amañado
Movilizaciones campesinas refuerzan lucha contra represión por el gobierno

Por Martín Koppel y Romina Green

ASUNCIÓN, Paraguay-- "Esta es una victoria. Seguiré luchando contra las acusaciones falsas que se hacen contra mí y otros militantes del Movimiento Patria Libre. No vamos a dejarnos intimidar", afirmó Juan Arrom en rueda de prensa el 12 de julio.

Los defensores de las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores en Paraguay celebraron el fallo de una jueza que denegó una moción de los fiscales que pedían que Arrom, dirigente del Movimiento Patria Libre (MPL), fuera encarcelado mientras ellos buscaran enjuiciarlo bajo cargos falsos en relación al supuesto secuestro de María Edith Debernardi, miembro de una familia burguesa. Arrom, quien hace seis meses fue detenido y torturado por la policía, actualmente sigue libre bajo fianza.

La lucha para derrotar el caso fabricado contra Arrom y otros miembros y simpatizantes del MPL se ha convertido en un eje de la lucha para defender y ampliar el espacio político y los derechos democráticos. El tema toca una fibra sensible en este país debido al legado de 35 años de una dictadura apoyada por Washington y al actual ascenso de luchas de campesinos y trabajadores. Al acosar al MPL, el gobierno también pretende intimidar al movimiento campesino, cuya dirección incluye este partido de izquierda.

En una entrevista, Arrom explicó que el 17 de enero, él y Anuncio Martí, también militante del MPL, fueron secuestrados por policías vestidos de civil. Durante dos semanas los policías los torturaron, para que firmaran una falsa confesión de responsabilidad por el secuestro de Debernardi. Los interrogaron sobre las supuestas relaciones del MPL con grupos guerrilleros tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Túpac Amaru de Perú.

El 30 de enero, los familiares de Arrom recibieron información anónima sobre el paradero de los presos y, acompañados por la prensa, los descubrieron en una casa en las afueras de Asunción que era propiedad de un oficial de la policía. Cuando huyeron los policías, Arrom y Martí salieron de la casa, mostrando señales de tortura. Informaron que varios altos funcionarios del gobierno estaban implicados en el secuestro: que el ministro de justicia Silvio Ferreira y el ministro del interior Julio Fanego hasta les habían hablado por teléfono para presionarlos a que firmaran la confesión falsa. El caso ha estado en primera plana de la prensa.

El 1 de febrero, dos mil personas se manifestaron en esta ciudad para celebrar la libertad de los activistas políticos y exigir la renuncia de los ministros implicados así como del presidente Luis González Macchi. Bajo la presión pública, Ferreira y Fanego renunciaron.

Sin embargo, Arrom fue puesto bajo libertad condicional y los fiscales del gobierno anunciaron que intentarían formularle cargos de secuestro. En el intento más reciente de revocar su libertad bajo fianza y de encarcelarlo, los fiscales habían entablado una moción que alegaba que Arrom presentaba un "riesgo de fuga". Los defensores del dirigente del MPL movilizaron el apoyo público, y la jueza denegó la moción. Pero la policía ha continuado su presencia frente a su casa para tratar de intimidarlo a él y a sus partidarios.

Dos días después del secuestro de Arrom y Martí, la policía irrumpió en la casa de Víctor Colmán y Ana Samudio y los arrestó junto con Jorge Samudio, hermano de Ana. A los tres miembros o simpatizantes del MPL los acusaron de estar involucrados en el secuestro de Debernardi. Después de más de seis meses presos, los tres fueron excarcelados a fines de julio.

Entrevista a presa política

Los reporteros de Perspectiva Mundial visitaron a Ana Samudio en la cárcel de mujeres aquí el 15 de julio. Ella informó que un grupo de hasta 20 policías fuertemente armados, incluido el oficial Javier Cazal, habían irrumpido en su casa el 19 de enero. La sometieron a abusos verbales y físicos. Torturaron a su esposo y a su hermano, que estaba viviendo con ellos. La policía plantó 50 mil dólares en la casa y alegaron que se trataba de parte del dinero del rescate.

Samudio, simpatizante del MPL, dijo que las autoridades no habían ofrecido pruebas algunas para poder formularle cargos. Ella agregó que las circunstancias en torno al secuestro de Debernardi, liberada tras 64 días cuando su familia pagó una suma grande de rescate, fueron muy turbias; Debernardi ha cambiado repetidamente su versión.

Los defensores de Arrom han lanzado una campaña internacional contra el caso fabricado y han ganado un amplio apoyo.

Derrotada ley 'antiterrorista'

Por otra parte, el régimen paraguayo ha intentado promulgar una ley "antiterrorista" que se usaría contra trabajadores, campesinos y otros luchadores sociales y políticos. César Báez, director de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, dijo a Perspectiva Mundial que el proyecto de ley "antiterrorista" se basó en la ley "USA-Patriot" adoptada por el gobierno norteamericano. Le daría al gobierno amplios poderes para arrestar a individuos bajo acusaciones vagas de "terrorismo", dando luz verde a la intercepción de teléfonos, al espionaje y a otras violaciones de los derechos fundamentales.

"El gobierno de Estados Unidos hizo una fuerte campaña pública a favor de esta ley", dijo Báez. "El asesor antiterrorista de la embajada norteamericana hasta se reunió con congresistas aquí y los presionó para que aprobaran la ley".

El Congreso retiró la medida antidemocrática en junio frente a grandes manifestaciones de campesinos en todo el país. Entrevistados por Perspectiva Mundial, varios miembros de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos --todos miembros del gobernante Partido Colorado o de otros partidos burgueses-- se quejaron de que muchas personas en Paraguay habían tenido una fuerte reacción "negativa" porque les recordaba la notoria Ley 209 de la dictadura de Stroessner, la cual permitía que el régimen detuviera arbitrariamente a individuos sin respetar la presunción de inocencia. Los congresistas dijeron que estaban a favor de una versión "mejorada" de la ley antiterrorista.

Campaña antimusulmana

Uno de los objetivos de la campaña "antiterrorista" ha sido el pueblo trabajador y la comunidad musulmana en la zona conocida como la Triple Frontera, donde colindan Paraguay, Brasil y Argentina. Esta región, que incluye la segunda ciudad de Paraguay, Ciudad del Este, así como su ciudad gemela Foz do Iguaçu, del lado brasileño, cuenta con una importante población árabe, mayormente de origen libanés. Hay varios centros culturales musulmanes, dos mezquitas y dos escuelas islámicas.

Durante una visita a Ciudad del Este, los corresponsales de Perspectiva Mundial conocieron tanto a activistas políticos como a residentes árabes quienes describieron la campaña de intimidación por parte del régimen paraguayo, apoyado por Washington.

Dos comerciantes paraguayo-libaneses en Ciudad del Este, quienes pidieron que se citara sus nombres, explicaron que la campaña antiárabe en esa zona se atizó primero tras el ataque dinamitero en 1994 contra un centro comunitario judío en Buenos Aires que dejó un saldo de más de 80 muertes. Los funcionarios del gobierno y otros acusaron inmediatamente a "integristas musulmanes", aunque desde entonces han sido arrestados varios policías ultraderechistas y antisemitas y no se ha probado nunca la "conexión islámica".

Hace unos años, señalaron los comerciantes, el gobierno creó una "secretaría antiterrorista" a instancias de Washington. Las autoridades empezaron a acusar a inmigrantes árabes de recaudar fondos para grupos vinculados a la organización Hezbolá de la resistencia libanesa, y persiguieron a Ahmed Barakat, un partidario abierto de Hezbolá. "Muchos comerciantes aquí tenían cajas verdes en sus tiendas para juntar donaciones para organizaciones caritativas islámicas, un esfuerzo dirigido por Barakat. Pero las autoridades nunca pudieron probar que Barakat estaba destinando los fondos para otros usos", dijo uno de los comerciantes.

Después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno norteamericano intensificó su campaña "antiterrorista" como pretexto para aumentar su intervención militar en todo el mundo, incluida Sudamérica. Presionado por Washington, el gobierno paraguayo llevó a cabo redadas policiales en Ciudad del Este y otros pueblos en la Triple Frontera, arrestando a 21 personas; tres permanecen presos bajo infracciones menores tales como visas vencidas o problemas de impuestos, dijeron a Perspectiva Mundial. La policía sigue acosando a residentes árabes, deteniéndolos en la calle o en sus autos.

A fines de junio el gobierno brasileño arrestó a Barakat a pedido del gobierno paraguayo, pero lo soltó por falta de pruebas. Washington ha exigido su extradición, pero no tiene tratado de extradición con Brasil, dijeron los comerciantes.

Crece presencia militar EE.UU.

Miembros del sindicato de trabajadores municipales en Ciudad del Este informaron que la campaña antiterrorista también se ha usado como pretexto para que el gobierno reprima a sindicalistas y a trabajadores que intentan sindicalizarse.

Los sindicalistas dijeron que Washington ha aumentado su presencia militar en Paraguay. El Pentágono ha establecido una base militar no oficial cerca de Concepción, una ciudad de la Triple Frontera, so pretexto de ayudar a los campesinos a construir centros de salud y otras instalaciones.

El general Gary Speer, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, hizo una visita muy publicitada a Paraguay a mediados de julio. Se reunió con el presidente paraguayo González Macchi y supervisó una "operación conjunta de rescate de rehenes" por parte de un "pelotón antiterrorista" de soldados paraguayos.

Durante una visita al pueblo rural de Caaguazú, un grupo de campesinos describieron las olas de protestas en mayo y junio que echaron atrás el proyecto de ley antiterrorista y varias medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional.

"Sabíamos que la ley antiterrorista se usaría contra dirigentes campesinos y sindicales", dijo Diosnel Aguilera, dirigente de un asentamiento campesino cerca de Caaguazú. "Nos recordaba la represión de la dictadura stronista, que imponía el terror en el campo con su sistema de pyragüé", que significa "pies con pelo" en guaraní y se refiere a soplones.

Las manifestaciones campesinas fueron las protestas políticas más grandes en muchos años en Paraguay. Caaguazú fue uno de los centros de estas protestas. Nimio Méndez, uno de los dirigentes locales de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), una de las dos principales organizaciones campesinas, dijo, "Cerramos la ruta por más de un mes. Todos los días había entre 3 mil y 11 mil campesinos bloqueando la ruta".

Osmar Martínez, otro dirigente de la MCNOC, explicó que además de oponerse a la ley antiterrorista, los campesinos protestaron contra un impuesto de valor agregado a los productos agropecuarios y contra leyes que permitirían la venta de las compañías estatales de telecomunicaciones, ferrocarriles y agua y alcantarillado así como la banca estatal.

Los campesinos marcharon hacia Asunción, enfrentándose a la represión policial y militar. En el pueblo cercano de Londres, la policía asesinó a un campesino. Tras semanas de sostenidas protestas campesinas, combinadas con la amenaza de una huelga general por los sindicatos, el gobierno cedió y suspendió las medidas de privatización, revocó el impuesto y retiró la ley antiterrorista.

El factor fundamental que alimenta el auge de protestas campesinas es la creciente crisis agraria. Si bien Paraguay ha sufrido históricamente de una falta de población, el desarrollo capitalista y la crisis económica en las últimas décadas han hecho que decenas de miles de campesinos y trabajadores se concentren en las fértiles zonas del este. Ante la creciente escasez de tierra, muchos campesinos han ocupado terrenos ociosos con propietarios ausentistas. Diosnel Aguilera explicó que 35 familias que vivían en condiciones atestadas cerca de Caaguazú habían cruzado la carretera en 1999 para ocupar tierra que pertenecía a un propietario alemán ausentista. Ahora están luchando por legalizar su asentamiento, que se llama Koe-ti, o "amanecer" en guaraní, el idioma principal de muchos de los campesinos mestizos de Paraguay.

La creciente combatividad de los pequeños productores y trabajadores es una señal de los cambios sociales y políticos que se han producido en Paraguay desde el fin de la dictadura de Stroessner, quien gobernó el país con mano de hierro de 1954 a 1989. La anterior ola de luchas campesinas, dirigidas por las Ligas Agrarias vinculadas a la iglesia católica, fue aplastada en los años 70. Muchos de los campesinos que dirigen el asentamiento Ko-eti tienen menos de 30 años, y no están cicatrizados por las derrotas anteriores.

Las exitosas movilizaciones campesinas han contribuido a ampliar el espacio político del que dispone el pueblo trabajador. Por lo tanto, las batallas por los derechos democráticos, tales como la campaña para derrotar el caso fabricado contra Arrom y otros miembros del MPL, se encuentran en una situación más favorable.