julio-agosto de 2002 Vol. 26 No. 07

Denuncian secuestros políticos
Campesinos se movilizan contra medidas de austeridad y ley 'antiterrorista'

Por Romina Green y Martín Koppel

La detención de varios militantes políticos en Paraguay ha suscitado una amplia campaña de protestas. Ante los reclamos a favor de su libertad, dos dirigentes del Movimiento Patria Libre (MPL), secuestrados y torturados por la policía, fueron puestos en libertad. Pero aún continúa la campaña para exigir la excarcelación de otros tres activistas.

La campaña contra las detenciones ha recibido mucha publicidad en este país sudamericano y hasta ha llevado a la renuncia de varios funcionarios del gobierno implicados en la represión. Se da en el contexto de una ola de protestas campesinas y obreras contra la política de austeridad decretada por el gobierno así como las medidas represivas impulsadas en nombre de "combatir el terrorismo".

Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes del MPL, una organización política que ha participado activamente en las recientes movilizaciones campesinas, fueron secuestrados por la policía el 17 de enero y encontrados 13 días después en las afueras de Asunción, la capital, en una casa del subcomisario de la policía Francisco Flores.

Víctor Colmán, Ana Samudio y Jorge Samudio fueron desaparecidos unos días después del secuestro de sus compañeros. Aún no se conoce su paradero.

Diversos partidos políticos y organizaciones de derechos humanos en Paraguay se han sumado a la campaña contra los secuestros, realizada bajo el lema "Contra el terrorismo del estado".

Arrom y Martí fueron hallados por familiares y partidarios de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, acompañados por periodistas. Los dos salieron de la residencia del oficial policiaco con moretones en el cuerpo. Explicaron que los policías que los habían detenido trataron de obligarlos a firmar un documento declarando falsamente que ellos eran responsables del secuestro de María Edith de Debernardi, esposa de un empresario. Debernardi fue puesta en libertad unos días más tarde a cambio de un rescate de un millón de dólares.

"Los captores mostraban mucho interés en nuestras actividades políticas y las personas con las que trabajábamos," dijo Martí en una entrevista con el diario Ultima Hora. "Al parecer buscaban establecer relaciones para justificar un argumento prehecho para incriminar a la organización". Explicó que preguntaron "sobre nuestros vínculos con [el movimiento guerrillero colombiano de] las FARC y el movimiento Túpac Amaru" en Perú.

Implican a altos funcionarios

Arrom y Martí dijeron que Silvio Ferreira, ministro de justicia y trabajo; Julio César Fanego, ministro del interior; Oscar Germán Latorre, fiscal general del estado; Blas Chamorro, comandante de la policía; y el oficial policiaco Roberto González Cuquejo, jefe de investigación de delitos, estuvieron implicados en el secuestro: visitando a las víctimas, llamándolas por teléfono o supervisando el crimen.

El 1 de febrero, dos días después que Arrom y Martí fueran encontrados, 2 mil personas se concentraron frente a la Catedral Metropolitana para celebrar su libertad y exigir la renuncia del ministro del interior Julio César Fanego y del presidente Luis González Macchi. Fanego y el ministro de trabajo y justicia Ferreira se vieron obligados a renunciar. El congreso paraguayo anunció que iniciaría una investigación sobre la complicidad de los funcionarios nombrados por los dirigentes del MPL.

En la concentración algunos manifestantes llevaban pancartas con la consigna "Tortura nunca más!" Se referían a la dictadura sanguinaria del general Alfredo Stroessner, cuyo régimen, apoyado por el gobierno norteamericano, aterrorizó por 34 años al pueblo trabajador paraguayo, hasta 1989.

Durante los últimos años se ha manifestado el profundo sentimiento en Paraguay contra el retorno de los métodos dictatoriales. Ante la presión de las protestas populares, el presidente Juan Carlos Wasmosy ordenó el retiro del general Lino Oviedo, jefe de las fuerzas armadas. Oviedo se rebeló, amenazando con bombardear el congreso y la residencia presidencial, y entonces Wasmosy ofreció nombrarlo ministro de defensa. Esto provocó más protestas airadas de trabajadores y estudiantes, quienes salieron a la calle coreando, "Wasmosy y Oviedo: los dos al basurero". Luego Oviedo fue sentenciado a la cárcel por su intentona de 1996. El siguiente presidente lo excarceló y ahora vive en exilio en Brasil.

El secuestro de Arrom y Martí se produjo en momentos en que iban en ascenso las movilizaciones en el campo contra los efectos de la crisis económica, ahora agravada por las repercusiones del derrumbe económico de Argentina.

Masivas protestas campesinas

Durante varias semanas en mayo y junio, hubo masivas protestas contra los planes del gobierno de vender la compañía telefónica estatal COPACO y una nueva ley que autorizaba la venta de varias empresas estatales. Miles de campesinos, organizados en el Congreso Democrático del Pueblo y otras agrupaciones, se manifestaron, bloquearon carreteras, y marcharon hacia Asunción, apoyados por los sindicatos, los cuales anunciaron una huelga general. El gobierno respondió con represión policiaca, arrestando a cientos de manifestantes. Unos 400 policías abrieron fuego contra una caravana de 50 camiones que llevaban a 3 mil manifestantes campesinos a la capital; mataron al agricultor Calixto Cabral.

Ante las crecientes movilizaciones de masas, el presidente Macchi anunció la suspensión de la venta de COPACO y el congreso suspendió la ley de privatización. El gobierno también cumplió otras demandas de las protestas: anuló un impuesto de valor agregado a los productos agrícolas, retiró un proyecto de ley "antiterrorista" promovida por los capitalistas paraguayos y por Washington; y suspendió la privatización de la banca pública y las carreteras.