febrero de 2002 Vol. 26 No. 02

Trabajadores resisten efectos de la crisis social capitalista

Irma Montiel

Trabajadores estatales, incluyendo sindicalistas militantes del Sindicato de Luz y Electricidad, llenan las calles de Córdoba, Argentina, el pasado Diciembre 20 para protestar el estado de sitio y demandar la resignación del entonces presidente Fernando de la Rúa; quien resignó ese mismo día en consecuencia de masivas explosiones populares en toda la nación. Condiciones de depresión y ataques a los estandares de vida de los trabajadores son más profundas en las provincias que en Buenos Aires, la capital, y continúan desatado protestas.

Por Martín Koppel y Christian Cornejo

NEUQUÉN, Argentina--Cientos de sindicalistas y otros trabajadores marcharon por las calles de esta ciudad sudoccidental el 7 de enero para oponerse a las medidas anunciadas por el nuevo gobierno del presidente Eduardo Duhalde en respuesta al derrumbe económico de Argentina. La devaluación del peso, al aumentar los precios de muchos artículos de primera necesidad, es un golpe devastador contra el nivel de vida de millones de trabajadores y agricultores en todas Argentina.

"Los negocios ya remarcaron en un 20 ó 30 por ciento el pan, la carne, el aceite, la sal, aun antes de la devaluación oficial", dijo José Romero, obrero de la fábrica de cerámica Zanón que formaba parte de una columna de 30 obreros de esa planta. "Con la devaluación se van a rebajar mucho nuestros sueldos".

Los casi 380 obreros de Zanón, miembros del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN), han estado ocupando la fábrica desde principios de octubre, resistiendo los planes patronales de despidos masivos. Han reactivado líneas de producción y están vendiendo el producto para pagar los salarios de los obreros mientras plantean que el estado tome control de la fábrica.

"En los hospitales faltan medicamentos y otros recursos materiales y humanos", explicó Norma Mendoza, miembro del sindicato de la salud, que está afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Dijo que los proveedores de productos farmacéuticos están reteniendo artículos importados para venderlos a precios más altos.

El 6 de enero, el congreso argentino aprobó una "ley de emergencia" que le otorgó poderes económicos especiales a Duhalde, quien dos días después de asumir la presidencia devaluó el peso, acabando con la política que vincula el peso al dólar estadounidense, política que se había mantenido por una década. El cambio oficial ahora se fija en 1.4 peso al dólar, o sea, una devaluación del 28.6 por ciento.

Hay dos tasas de cambio paralelas. La tasa oficial es para los negocios y el comercio; la mayoría de la gente cambia a una tasa flotante. El ministro de economía Jorge Remes Lenicov dijo que el gobierno mantendrá esta doble tasa por unos cuantos meses antes de dejar que el peso flote libremente en el mercado, lo cual significará nuevas devaluaciones y consecuencias desastrosas para el pueblo trabajador.

Mostrando una fingida preocupación por los trabajadores, el gobierno dictó una medida que prohibe por 90 días los despidos masivos "sin causa". En la marcha, muchos trabajadores descartaron ese anuncio, puesto que en muchos casos ellos ya están enfrascados en batallas contras despidos en masa. Por otra parte, señalaron, el gobierno no ha anulado el recorte del 13 por ciento que había decretado de la Rúa a las pensiones y los salarios de los empleados públicos.

Remes Lenicov anunció también que se aflojarían las restricciones al retiro de fondos de las cuentas bancarias: el límite aumentaría de mil pesos a 1 500 pesos por mes.

Partidos burgueses apoyan devaluación

Todos los partidos en el gobierno apoyaron la devaluación y las medidas relacionadas: el Partido Justicialista (peronista), el Partido Radical y otro partido burgués llamado Frepaso. Los peronistas controlan ambas cámaras del congreso; los radicales y Frepaso formaron el gobierno de coalición de Fernando de la Rúa, el cual se vino abajo el 20 de diciembre.

La nueva coalición de gobierno bajo Duhalde parece ser más estable por el momento, en parte gracias al apoyo de dos de las tres centrales obreras. Las dos alas de la Confederación General del Trabajo (CGT), políticamente atadas al peronismo, se han pronunciado a favor de las medidas económicas de Duhalde. Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros y de lo que aquí se conoce como la CGT "disidente", elogió a Duhalde por su "coraje" y afirmó que el gobierno había prometido revocar una serie de leyes de "reforma laboral" que atentan contra el salario social y los derechos sindicales de los trabajadores.

Una tercera organización sindical, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), criticó las medidas del gobierno. "La devaluación simplemente va a continuar el proceso de concentración de riquezas" a manos de unas pocas familias adineradas en Argentina, dijo en una entrevista Edgardo Depetri, secretario de organización de la CTA.

Si bien ninguna de las centrales sindicales aboga por la anulación de la deuda externa argentina, que asciende a 141 mil millones de dólares, Depetri afirmó que a través de los pagos de intereses "hemos pagado la deuda muchas veces". La principal campaña actual de la CTA es a favor de un "seguro de empleo y formación" de 380 pesos por mes para los jefes de hogar desocupados, así como 60 pesos por mes para cada hijo dependiente. En Argentina no existe el seguro de desempleo para la mayoría de los trabajadores.

CAME, una organización de comerciantes y pequeños empresarios, convocó a "los consumidores, comerciantes, empresarios pymes [pequeños y medianos], profesionales y familias argentinas" a un "cacerolazo" en Buenos Aires el 7 de enero en apoyo a la política económica del gobierno. Luego canceló el acto, posiblemente por falta de apoyo.

El ministro de economía Remes Lenicov dijo que el gobierno propondría un nuevo presupuesto "austero". Informó que el gobierno tiene un déficit presupuestario de 11 mil millones de dólares, casi el doble de lo previsto anteriormente.

Los acreedores de Estados Unidos y otras potencias imperialistas han exigido que el gobierno argentino recorte drásticamente el presupuesto social, debilite los derechos sindicales y tome otras medidas que exprimirán aún más al pueblo trabajador. El ministro de economía dijo que viajaría a Washington ese mes para realizar conversaciones con funcionarios norteamericanos sobre la crisis de la deuda.

Un alto asesor económico del presidente norteamericano George Bush, Lawrence Lindsay, declaró el 6 de enero en el programa televisivo Fox News Sunday que Washington "ayudaría" al gobierno argentino únicamente después de que "sean hechas reformas políticas y Argentina sea viable en el largo plazo". Culpando a la nación sudamericana por el derretimiento económico capitalista aquí, Lindsay declaró: "Los problemas fundamentales de la Argentina tienen que ver con la manera como ellos han conducido las cosas. Si eres un gobierno provincial en Argentina, puedes gastar dinero y dejar que el gobierno federal pague la cuenta".

Una de las demandas imperialistas es la de recortar los fondos para las provincias deprimidas, que están agobiadas por niveles estratosféricos de desempleo, bajos salarios y condiciones ruinosas para los pequeños agricultores.

Duhalde asumió el mandato tras la renuncia de cuatro presidentes en menos de dos semanas, luego de un estallido de protestas de masas en todo el país que obligó a de la Rúa a dimitir. De la Rúa gobernó durante dos años de creciente depresión, en que el desempleo subió a más del 18 por ciento y el subempleo aún más. El régimen recortó salarios y pensiones, aumentó los impuestos y aplicó leyes que permiten que los patrones prolonguen las horas de trabajo y socaven los sindicatos. Más recientemente, impuso límites a los retiros bancarios. Sin embargo, aún con esas medidas brutales, el gobierno no pudo seguir pagando los intereses a la inmensa deuda externa a los acreedores imperialistas.

Durante el gobierno delarruísta, los sindicatos libraron ocho huelgas generales en protesta contra estas medidas económicas. La crisis se desbordó a mediados de diciembre. Trabajadores desocupados que reivindicaban empleos cortaron rutas en todo el país el 12 de diciembre. Al día siguiente un paro nacional paralizó el país. Durante la semana siguiente, multitudes grandes de trabajadores empobrecidos empezaron a irrumpir en supermercados exigiendo alimentos.

Las movilizaciones callejeras, que durante años habían sido más fuertes en las provincias, finalmente estallaron también en Buenos Aires. El 19 de diciembre, miles de personas se volcaron a las calles de la capital y se manifestaron frente a la casa de gobierno. También realizaron cacerolazos en barrios por todo el país. Era una mezcla de clases sociales y reivindicaciones. Los trabajadores se rebelaron contra el desempleo, el no pago de sus salarios, recortes de los programas sociales y la violencia policiaca. Muchas personas de clase media se movilizaron contra el "corralito" --el congelamiento parcial de las cuentas bancarias--, la creciente deuda personal y el miedo de terminar en las filas de la clase trabajadora a causa de la crisis.

De la Rúa echó a su odiado ministro de economía Domingo Cavallo, al tiempo que decretó un estado de sitio. Miles de personas colmaron la Plaza de Mayo, exigiendo indignadas la renuncia del presidente. Los ataques mortales de la policía antimotines, que dejaron un saldo de más de 30 muertes a nivel nacional, no sólo no intimidaron a los manifestantes sino que provocaron más ira. De la Rúa dimitió el 20 de diciembre, abandonando la residencia presidencial en helicóptero.

Obreros ocupan planta EMFER

Hoy día, si bien Duhalde ha avanzado en sus intentos de consolidar un nuevo gobierno que pueda restaurar la estabilidad para los capitalistas tanto nacionales como extranjeros, también siguen estallando luchas de trabajadores y agricultores en todo el país. La caída de De la Rúa les ha infundido confianza a muchos trabajadores en su propia fuerza y capacidad.

Una de estas luchas es la de los trabajadores de EMFER, un taller de reparación de vagones en San Martín, en las afueras de la capital. La planta, que antes era propiedad estatal, es subsidiaria de Trenes de Buenos Aires, una línea ferroviaria que se vendió en 1993 como parte de la privatización de los ferrocarriles argentinos bajo el gobierno de Menem. Hace unas semanas, 173 de los 320 obreros de la planta fueron cesanteados, y los demás encaran la posibilidad del cierre de la planta. En respuesta, 150 trabajadores, miembros de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), han ocupado la planta desde el 12 de diciembre.

"Hemos cortado la ruta General Paz, la estación de tren Miguelete y la venta de boletos en la estación central de TBA", dijo Darío Carballo a la entrada de la planta. "Nos turnamos cada dos o tres días, así que siempre hay por lo menos 40 obreros en la planta las 24 horas".

"Hemos ganado mucho apoyo de otros obreros, a pesar de la policía que siempre está ahí tratando de intimidar", dijo Alejandra Gorosito, de 31 años. Mientras hablaba Gorosito, visitaban dos miembros del sindicato de la alimentación de la vecina fábrica de Pepsi-Cola para expresar su solidaridad. Estos obreros comentaron que la solidaridad con esta lucha era importante porque ellos y los trabajadores de muchas otras fábricas enfrentan también la amenaza de despidos y cierres.

Los trabajadores explicaron que esta lucha ha pasado por la revitalización de su comisión interna, un comité electo de fábrica que existe en muchas fábricas en Argentina como estructura paralela a la estructura sindical normal, la cual por lo general está bloqueada por la burocracia sindical y su política de conciliación de clases.

Rafael Artíguez, de 34 años, delegado a la comisión interna, dijo, "Los obreros industriales todavía no han participado a través de sus sindicatos en las grandes movilizaciones contra el gobierno, pero todo lo que ha pasado últimamente ha tenido un impacto importante en mucha gente", desde los últimos siete años de protestas de los desocupados hasta las movilizaciones recientes que obligaron a de la Rúa a renunciar.

Régimen de Duhalde

El congreso argentino nombró como presidente a Duhalde en momentos en que los políticos de todos los partidos estaban más y más desprestigiados entre los trabajadores y otras capas sociales devastadas por la crisis. Duhalde es dirigente del ala del Partido Justicialista que recurre a la demagogia peronista más tradicional, alegando representar a los trabajadores y oprimidos, en contraste con el ala representada por Saúl Menem, quien cuando fue presidente se alineó estrechamente con el imperialismo norteamericano e impulsó una fuerte aceleración de los ataques contra los empleos y el salario social del pueblo trabajador.

Su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, a quien inicialmente se le encargaron los programas sociales del gobierno, cultiva una imagen a la Eva Perón, haciéndose la preocupada por la situación de los "pobres". A través del aparato peronista, ella ha promovido una red de dirigentes en cada barrio y manzana, mujeres conocidas como "manzaneras", quienes entregan comida, empleos y favores políticos, y quienes espían a los activistas políticos.

Duhalde nombró un gabinete bipartidista, incluidas figuras empresariales conocidas tales como el jefe de la Unión Industrial Argentina. Persigue una política de buscar relaciones más estrechas con potencias imperialistas europeas como contrapeso a Washington para lograr un cierto margen de acción, una posición que un ministro de Duhalde denominó "poligamia" en contraste con el notorio comentario de un ministro de Menem de que buscaba "relaciones carnales" con Washington.

Entre otras medidas el gobierno de Duhalde también impuso un impuesto del 25 por ciento a las exportaciones petroleras, lo cual afecta sobre todo a la empresa española Repsol-YPF, que obtiene el 45 por ciento de sus ingresos de los yacimientos de petróleo y gas natural en Argentina. Un vocero de la compañía calificó el impuesto de "saqueo".

Duhalde rehusó reunirse con una delegación de banqueros españoles y declaró que no iba a "ceder" a las presiones. Repitió su condena del programa económico de sus predecesores, que tenía el apoyo del Fondo Monetario Internacional.

Los peronistas han recurrido tradicionalmente a esta demagogia, presentando a una u otra potencia imperialista como el problema para desviar la ira y las movilizaciones de los trabajadores contra el gobierno, sin librar tampoco una lucha contra la opresión imperialista.

De hecho, Duhalde inmediatamente empezó a retroceder ante las presiones. Afirmó que los fondos derivados de los impuestos a las exportaciones se usarían para indemnizar a los bancos. También indicó que pediría un nuevo préstamo de 20 mil millones de dólares al FMI o al Banco Mundial.

La devaluación y demás medidas económicas ya muestran que el gobierno de Duhalde continuará la política fundamental de Menem y de Fernando de la Rúa, al tratar de resolver la crisis económica a expensas del pueblo trabajador, política que sigue provocando resistencia entre los trabajadores y agricultores.n