enero de 2002 Vol. 26 No. 01

Atentan contra derechos obreros
Inmigrantes son primer blanco de ofensiva de los gobernantes norteamericanos

Por Maurice Williams

La administración de Bush está enfrentando críticas por parte de funcionarios demócratas y republicanos a raíz de sus ataques contra los derechos de los trabajadores. Personalidades liberales y conservadoras en los círculos gobernantes están cuestionando las medidas unilaterales tomadas por la Casa Blanca, las cuales han tenido un impacto dramático sobre los derechos de quienes viven en Estados Unidos.

El fiscal general de Estados Unidos John Ashcroft fue convocado a comparecer ante la Comisión Judicial del Senado para que explicara la detención de más de 1200 inmigrantes; las entrevistas a 5 mil hombres, en su mayoría de ascendencia del Medio Oriente; y las medidas encaminadas a establecer tribunales militares contra quienes no son ciudadanos estadounidenses. El senador Patrick Leahy, presidente de la Comisión Judicial, y crítico persistente de Ashcroft, comentó en un programa de televisión de la NBC el 26 de noviembre que esos pasos, junto a la nueva política que permite que agentes gubernamentales escuchen secretamente las conversaciones entre los reclusos y sus abogados, no "cuentan con mi apoyo".

Bajo esas presiones crecientes Aschroft divulgó el 27 de noviembre los nombres de 93 personas a quienes se acusa de crímenes federales en conexión a la investigación gubernamental de los ataques del 11 de septiembre.

'Un arma peligrosa'

A muchos de los 93 detenidos, cuyos nombres fueron publicados en el New York Times, se les acusa de delitos menores, como supuestamente haber dado "declaraciones fraudulentas". A tres hombres a quienes les formularon cargos en Nueva Jersey, los acusaron de "conspirar para comprar, recibir y poseer cajas de cereal robadas por valor de 43 270 dólares". Salam Ibrahim el Zaatari, de 21 años de edad, un pintor de origen libanés que llevaba una navaja que emplea en su trabajo, enfrenta cargos por "portar un arma peligrosa en un avión". El Zaatari ha estado preso desde el 28 de octubre.

Aschroft dijo que una orden judicial había sellado los nombres de 11 personas, y alegó que algunos son miembros de Al Qaeda, cargo que le permitiría a Bush llevarlos ante un tribunal militar. Aschroft no ofreció la más mínima prueba para respaldar su aseveración.

El fiscal general también facilitó una relación de 548 personas que permanecen bajo custodia por todo Estados Unidos bajo cargos de inmigración.

El 11 de diciembre instruyeron de cargos a la primera persona, Zacarias Moussaoui, un ciudadano francés de ascendencia marroquí, acusándolo de "conspirar con Osama bin Laden y al-Qaeda para asesinar a miles de personas inocentes en Nueva York, Virginia y Pennsylvania el 11 de septiembre". Por cuatro de los seis cargos que le presentaron se puede imponer la pena capital.

El que Aschroft divulgara por fin los nombres no logró apaciguar a algunos de sus críticos, entre ellos el senador Russell Feingold, otro miembro de la Comisión Judicial, quien recalcó, "Continúo hondamente perturbado por la negativa [del Departamento de Justicia] de entregar la lista completa de todos los que han sido detenidos y por qué".

Denuncian arrestos arbitrarios

"Es irónico que el gobierno se preocupe ahora por los derechos cuando ya ha arrestado y encarcelado a cientos de personas sin dar al público estadounidense prueba alguna de que a los detenidos se les está tratando de manera justa y acorde al amparo que ofrecen la Constitución y la Carta de Derechos", dijo Lucas Guttentag, director del proyecto de derechos de inmigración de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles (ACLU). "Hay un grupo numeroso de personas a quienes se ha mantenido anónimas a tal punto que ni sus familias ni sus abogados conocen su paradero o si se les ha acusado de algún crimen".

También salió a la luz que el Departamento de Justicia ha redactado de nuevo las reglas federales a fin de ampliar los poderes gubernamentales para detener a no ciudadanos aun cuando un juez de inmigración haya ordenado que se les ponga en libertad. Según regulación que Aschroft emitió el 26 de octubre para el servicio de inmigración (INS), las nuevas leyes autorizan al fiscal general a detener a cualquier persona que no sea ciudadano de quien el fiscal tenga "suficiente razón para creer" que "esté involucrado en cualquier actividad que amenace la seguridad nacional de Estados Unidos".

La ACLU ha anunciado que tiene planes de retar el reglamento en los tribunales como una violación del derecho constitucional de quienes no son ciudadanos a ser procesados según la ley. "Con este cambio de reglas, el gobierno puede meter preso a alguien con pocas o incluso sin pruebas y tirar la llave hasta que decidan dejarlo ir", dijo David Leopold, un abogado de inmigración en Cleveland, Ohio.

El ataque de Washington contra las libertades civiles se está topando con otros obstáculos inesperados. Hay departamentos de policía en varias ciudades de Estados Unidos que se muestran vacilantes ante la petición del Departamento de Justicia de que ayuden a interrogar a los 5 mil hombres del Medio Oriente, dando muestras de preocupación por posibles demandas por recurrir al uso de perfiles y discriminación raciales.

En Portland, Oregon, el jefe de policía suplente Andrew Kirkland dijo que los policías locales no van a ayudar a las autoridades federales con los interrogatorios porque violan un estatuto aprobado en Oregon en 1987, que prohibe que los policías interroguen a inmigrantes cuando no haya pruebas de que están vinculados con algún crimen.

Primer juicio en tribunales militares

El 13 de noviembre Bush firmó una orden militar con que se establecen tribunales militares en base a "la autoridad que se me confiere como presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos". Al defender la medida, luego de una reunión del gabinete el 18 de noviembre, dijo, "Les recuerdo a aquellos que no entienden la decisión que he tomado, que Franklin Roosevelt tomó la misma decisión en la Segunda Guerra Mundial". Durante esa guerra Roosevelt ordenó que ocho alemanes que habían entrado al país fueran enjuiciados por un tribunal militar dentro de las oficinas del FBI. Seis de ellos fueron ejecutados.

Por orden de Bush, los tribunales se podrían montar en buques de guerra estadounidenses en el mar o en instalaciones militares como la base naval en la Bahía de Guantánamo, Cuba. El New York Times informó que los tribunales han de ser "rápidos y esencialmente secretos." Citó a un funcionario quien dijo que la información se podría limitar a "el nombre del acusado y la sentencia".

A los acusados de ser terroristas no se los procesaría ante un jurado, sino ante una comisión formada principalmente por oficiales militares. Ni los acusados ni sus abogados --que podrían ser oficiales militares designados como asesores legales-- tendrían acceso a las pruebas empleadas en su contra, como es el caso en un tribunal civil.

El plan de la administración de Bush enfrenta también obstáculos en el exterior. "Por años el Departamento de Estado ha venido fustigando el uso de tribunales militares y secretos en países como Rusia, China, Egipto, Perú y Colombia", señaló un artículo del Wall Street Journal el 27 de noviembre. Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Human Rights Watch con sede en Nueva York, dijo al respecto, "es difícil percibir cómo el Departamento de Estado va a lograr mantener su lenguaje sin exponerse a que se le acuse de hipocresía".

Conforme la Casa Blanca impulsa su ataque contra la Carta de Derechos y la Constitución norteamericanas, queda patente, como en el caso de Zacarias Moussaoui, que estos tribunales desautorizados se van a emplear contra aquellos sobre quienes el gobierno no tiene pruebas suficientes para encausarlos en tribunales civiles o en cortes marciales. El New York Times señaló que en un tribunal militar "la prueba de su culpabilidad no tiene que cumplir con el concepto común de 'por encima de cualquier duda razonable', sino que simplemente debe 'tener valor probatorio para una persona razonable'". Al carecer del derecho a apelar el veredicto, escribió el columnista Frank Rich, "aquellos actualmente encarcelados [podrían] pasar de la encarcelación a la ejecución sin que nadie sepa jamás por qué o cómo desaparecieron"n