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 | UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR diciembre de 2001 Vol. 25 No. 11Estados Unidos
Atacan derechos de trabajadores
Por Martín Koppel Con firme apoyo de los partidos Demócrata y Republicano, el presidente George Bush promulgó el 26 de octubre la "Ley USA Patriota". Bajo el pretexto de combatir el "terrorismo", la ley aumenta los poderes del FBI y otras agencias policiacas para realizar operaciones de espionaje e interferencia contra organizaciones e individuos, efectuar pesquisas y allanamientos arbitrarios en hogares y negocios privados, y detener a inmigrantes por periodos indefinidos. Desde el 11 de septiembre el FBI y el Servicio de Inmigración y Naturalización han detenido ya a más de mil inmigrantes, sin formularles cargos y sin divulgar siquiera sus nombres. El 29 de octubre, un trabajador de restaurante en Nueva York de origen paquistaní, Muhammad Rafiq Butt, murió en la cárcel del condado de Hudson, en Nueva Jersey, siendo el primero de estos detenidos en morir en manos de las autoridades. Su único "delito" era que no había renovado a tiempo su permiso de residencia. Mientras tanto, la administración Bush tomó varias otras medidas que atentan contra los derechos del pueblo trabajador y contra la Carta de Derechos de la constitución. En la mayoría de casos, la Casa Blanca está simplemente aplicando leyes represivas adoptadas por la administración anterior de William Clinton, o está codificando anteriores órdenes ejecutivas, o está ampliando el alcance de leyes anteriores. El 13 de noviembre Bush firmó una orden ejecutiva que establece tribunales militares especiales para procesar a personas que no son ciudadanos --incluidos residentes legales-- acusados por el presidente de "terrorismo" o de "dar refugio a terroristas". Estos juicios son secretos, las "pruebas" son secretas, y no hay necesidad de probar "la culpabilidad más allá de una duda razonable". Para obtener un veredicto no se necesita la unanimidad sino una mayoría de dos tercios entre los jurados, que son oficiales militares. No hay derecho de apelación en estos casos, que pueden conllevar la pena de muerte, y las ejecuciones serían secretas. Estos juicios, que se podrán realizar dentro o fuera de Estados Unidos, ofrecen menos protección a los acusados que una corte criminal o hasta un consejo de guerra contra un miembro de las fuerzas armadas. La medida ha provocado un debate entre círculos burgueses. El comentarista conservador William Safire denunció la medida, afirmando en el New York Times el 15 de noviembre, "Un presidente de Estados Unidos acaba de asumir lo que equivale a poderes dictatoriales para encarcelar o ejecutar a extranjeros. Asume el poder de circunvenir los tribunales y establecer sus propios tribunales sumarios [en que] el presidente sólo tiene que alegar 'motivos para creer' que se trata de miembros de organizaciones terroristas". Leyes de 'sedición' Asimismo, el gobierno está empezando a usar leyes de "sedición", en que se acusa a individuos, no de un hecho sino de"conspirar", es decir de planear algo que no ocurrió. Un estudiante encarcelado en Nueva York, Osama Awadallah, enfrenta posibles cargos de sedición, según fiscales norteamericanos. Las leyes de sedición se han usado anteriormente contra el jeque Omar Abdel Rahman en 1996, acusado en relación al ataque a las Torres Gemelas en 1993, y contra varios independentistas puertorriqueños. El fiscal general John Ashcroft ha anunciado planes para espiar electrónicamente --sin autorización judicial-- las conversaciones privadas entre presos y sus abogados y revisar su correspondencia, una violación de la confidencialidad entre abogados y clientes. En los últimos dos meses, agentes del FBI y del INS han ido a más de 200 universidades para espiar a estudiantes provenientes del Medio Oriente, exigiendo que las autoridades universitarias entreguen información privada sobre ellos. El gobierno federal anunció que el FBI interrogará a 5 mil hombres de países del Medio Oriente, entre las edades de 18 y 33, que han entrado legalmente a este país en los últimos dos años. La mayoría de los mil inmigrantes encarcelados fueron arrestados por infracciones menores de leyes de inmigración que antes no habrían provocado la detención. A muchos se les ha negado acceso a abogados y algunos están bajo confinamiento solitario. Desde 1996, cuando Clinton firmó una serie de leyes "antiterroristas" y antiinmigrantes, el número de encarcelados por el INS se multiplicó. La ley suscrita por Bush acelerará estos ataques contra trabajadores inmigrantes y contra demás trabajadores. En un discurso el 25 de octubre, el procurador general John Ashcroft afirmó que el Departamento de Justicia empleará todas las leyes posibles, hasta por pequeñas infracciones, para detener a inmigrantes y a otros que el gobierno catalogue como "sospechoso de terrorismo" o "socio del terrorismo". Su lema es el del procurador demócrata Robert Kennedy en los años 60: "Te vamos a arrestar aunque sea por escupir en la acera". Militarización del país Además, el gobierno está dando más pasos para militarizar el país. Aprovechando una advertencia federal de una supuesta amenaza terrorista, los gobiernos estatales han reforzado su despliegue de tropas de la Guardia Nacional. Más de 1 500 tropas y 500 policías estatales están apostados en la zona de Nueva York: en estaciones de tren, aeropuertos, puentes y túneles. El vicepresidente Richard Cheney advirtió que muchas medidas no eran temporales sino que "se volverán aspectos permanentes de la vida norteamericana". La "Ley Patriota" se basa en la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Eficaz, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, la Ley de Espionaje Económico --todas aprobadas en 1996-- y otras medidas de la administración Clinton. También concentra más poderes en manos del procurador general y del secretario del estado. Entre las disposiciones de la ley están las siguientes: La policía puede allanar un hogar u oficina sin avisarle al dueño, una violación de la Cuarta Enmienda, que prohibe los registros y allanamientos arbitrarios. La policía tiene más autoridad para interceptar las líneas telefónicas, el correo electrónico personal y la Internet, supervisada por cortes especiales que otorgan permiso secretamente. Los agentes pueden usar intercepciones móviles para escuchar cualquier teléfono que use un individuos en vez de buscar permisos para cada uno. Las reglas que prohiben el uso de pruebas obtenidas por intercepciones ilegales no es aplicable al espionaje del correo electrónico. La muy cacareada "fecha de vencimiento" de la medida se refiere únicamente a una minúscula parte de la ley, que contiene más de mil cláusulas. La medida levanta una prohibición al espionaje de la CIA en territorio nacional, y permite procesar a individuos usando pruebas obtenidas en el exterior por medios que serían ilegales bajo la constitución. Los inmigrantes arrestados como "sospechosos de terrorismo" pueden ser detenidos indefinidamente sin acusaciones por una serie de "plazos de hasta seis meses" que se pueden renovar con aprobación del fiscal general. Este, o el jefe de la migra, tiene la autoridad para decidir quién es "sospechoso" --bajo los alegatos más dudosos-- y ordenar su deportación sin ofrecer pruebas. La definición de acto terrorista es tan amplia que hasta podría incluir a alguien que tira una piedra por una ventana. Las sanciones para "dar refugio a terroristas" o recaudar fondos para organizaciones calificadas por Washington como terroristas. El gobierno podrá usar estas medidas para perseguir a organizaciones pro derechos de los inmigrantes u opositores de la intervención militar norteamericana en el exterior. Se aumentará al triple el número de agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera con Canadá. Los políticos y activistas liberales han respondido a esta ofensiva contra los derechos de los trabajadores proponiendo "vigilar la aplicación de la ley", pero en gran medida aceptan la prerrogativa del gobierno de usarla. 'Terroristas internos' Entretanto, los gobernantes norteamericanos han usado su campaña en torno al ántrax para intensificar su guerra contra Afganistán y su arremetida contra el pueblo trabajador en Estados Unidos. En un artículo de primera plana el 27 de octubre en el Washington Post, funcionarios del FBI y de la CIA atribuyeron los supuestos ataques de ántrax a "extremistas nativos" en vez de su implicación anterior de Osama bin Laden. Según el diario, algunos funcionarios del gobierno hablaron de "una amplia gama de posibilidades a nivel nacional, incluidos socios de grupos derechistas que predican odio y residentes de Estados Unidos que simpaticen con las causas de extremistas islámicos". En una declaración hecha el 10 de mayor ante varios comités congresionales sobre "El peligro del terrorismo para Estados Unidos", el entonces jefe del FBI, Louis Freeh, dio una idea de quién podría ser víctima de dichas medidas. Freeh señaló el arresto en julio del 2000 de 23 personas en Carolina del Norte que fueron acusadas de "brindar apoyo material" a la organización libanesa Hezbollah. Bajo la categoría del "peligro del terrorismo nacional", dijo, "Los anarquistas y grupos socialistas extremos --muchos de los cuales, como el Partido Mundo Obrero, Retomar las Calles y Carnaval contra el Capitalismo-- tienen una presencia internacional, y a veces presentan una posible amenaza en Estados Unidos". En respuesta a la detención masiva de inmigrantes sin cargos, una coalición de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes organizaron una línea de piquetes en Nueva York el 1 de noviembre frente al edificio del INS en la calle Varick. Los manifestantes protestaron contra la detención de los mil y exigieron que el gobierno respete sus derechos.n Estados Unidos Mitin defiende a cinco cubanos presos en EU bajo cargos falsos por Jacob Perasso FAIRFAX, California--Se celebró aquí un foro público el 20 de octubre en defensa de cinco cubanos que están encerrados en una prisión federal bajo cargos fabricados de "conspiración para cometer espionaje" para el gobierno de Cuba. El evento público se dio en el marco de una reunión de la Red Nacional sobre Cuba (NNOC). La Red, que tiene decenas de afiliados a nivel nacional que se oponen a la política de Washington hacia Cuba, adoptó una resolución de condena a la guerra de Washington contra Afganistán. Casi 100 personas asistieron al mitin. Los "Cinco de Miami" han estado presos desde que fueron arrestados hace tres años, incomunicados la mayor parte del tiempo. Varios oradores hablaron no sólo en defensa de los presos sino contra la guerra norteamericana a Afganistán y la cínica campaña "antiterrorista" que Washington está usando para justificar su guerra imperialista. En la mesa redonda participaron Maggie Becker, compañera de Antonio Guerrero, uno de los Cinco de Miami; Walter Turner, presidente de la junta de directores de Intercambio Global y dirigente del Congreso Negro Radical y del Movimiento Jericó; Gloria La Riva, del Comité Nacional pro Libertad de los Cinco de Miami; Art Heitzer, del subcomite sobre Cuba del Gremio Nacional de Abogados; Argiris Malapanis de la Coalición de Miami contra el Embargo Norteamericano a Cuba; y Fernando García, primer secretario de la Sección de Intereses de Cuba en Washington. Becker señaló algunos de los hechos en torno al caso de los cinco cubanos, así como su valor e integridad al confrontar los cargos fabricados pese a las enormes presiones ejercidas por el gobierno norteamericano en su intento de desmoralizar a los acusados. Ella y Roberto Maestas del Centro Cultural La Raza en Seattle leyeron varias poesías escritas por Antonio Guerrero. El 8 de junio una corte federal en Miami condenó a tres ciudadanos cubanos --Gerardo Hernández, Ramón Labañino, y Antonio Guerrero--de "conspiración para cometer espionaje", y "conspiración para actuar como agente extranjero no inscrito". Podrían ser condenados a cadena perpetua. Otros dos, Fernando González y René González, fueron declarados culpables de "conspiración para actuar como agente extranjero no inscrito". Hernández además fue declarado culpable de cargos de "conspiración para cometer asesinato". El fiscal lo acusó de ser responsable por las muertes de cuatro pilotos, miembros del grupo derechista cubanoamericano Hermanos al Rescate. Los pilotos fueron derribados por la fuerza aérea cubana en 1996, después de que --a pesar de haber sido advertidos-- violaron el espacio aéreo cubano repetidamente y de forma provocadora. El fiscal justificó los cargos alegando que Hernández había entregado al gobierno cubano los datos sobre la operación aérea de Hermanos al Rescate. La sentencia ha sido pospuesto hasta mediados de diciembre. Según explicó el gobierno cubano el 20 de junio en una declaración, los cinco estaban en Miami "para descubrir planes y acciones terroristas tramados contra nuestro pueblo en Florida" por contrarrevolucionarios apoyados por Washington. Ataques contra derechos obreros Ademas de tener en la mira a Cuba revolucionaria, la investigación, los arrestos múltiples y el juicio a los cinco fueron caracterizados por burdas violaciones a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. La fiscalía no presentó prueba alguna de que los acusados hubiesen obtenido o transmitido a Cuba ningún secreto militar estadounidense. Al allanar repetidamente sus hogares durante los tres años antes de las detenciones, el FBI violó el derecho -- protegido por la Cuarta Enmienda a la Constitución-- de no ser sometido a registros e incautaciones arbitrarios. Las "pruebas" presentadas por la fiscalía se basaron en archivos electrónicos que el FBI alegó haber copiado de las computadoras de los acusados durante los allanamientos. El juez rechazó la moción de los abogados defensores de trasladar el juicio fuera de Miami, aunque varios de los posibles jurados, sobre todo cubanoamericanos y latinos-- se excluyeron por temer represalias si emitían un veredicto de "no culpable". Gloria LaRiva habló sobre el trabajo de apoyo del Comité Nacional para Liberar a los Cinco de Miami. Instó a los presentes a organizar mítines públicos en defensa de los cinco y a enviar información sobre estas actividades a los presos para quienes es esencial saber acerca de la campaña que se está librando. Ella también denunció los arrestos de otros cubanos bajo cargos similares, así como el arresto de Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, por supuestamente haber entregado materiales clasificados al gobierno cubano. El FBI allanó su apartamento y realizó espionaje electrónico contra Montes, quien ahora está presa sin fianza y, de ser declarada culpable, enfrenta una posible pena de muerte. Walter Turner habló principalmente sobre una conferencia internacional convocada por la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina (OSPAAAL) para marzo del 2002. Instó al público a divulgar la conferencia, señalando que se discutirá el caso de los Cinco de Miami, así como la defensa de varios independentistas puertorriqueños, de Leonard Peltier, de Mumia Abu-Jamal y de otros presos políticos en Estados Unidos. "El arresto de los Cinco de Miami bajo cargos fabricados no sólo es un intento de difamar la Revolución Cubana sino que atenta contra los derechos del pueblo trabajador aquí", dijo Argiris Malapanis. Las violaciones de los derechos de los cinco --derechos protegidos por la Cuarta Enmienda a la Constitución-- coinciden con la detención sin cargos de un millar de inmigrantes, subrayó. "Estas redadas forman parte del creciente acoso policial y los registros arbitrarios de trabajadores en los aeropuertos, terminales de buses y estaciones de tren", señaló Malapanis. Malapanis anunció que la Coalición de Miami contra el Embargo Norteamericano a Cuba proyecta un foro público en Miami en torno a la sentencia de los cinco en diciembre. Los mejores aliados potenciales en Estados Unidos de los cubanos presos son trabajadores que resisten la ofensiva patronal --como los cinco obreros portuarios de Charleston, Carolina del Sur, que han resistido un caso fabricado por el gobierno contra ellos y su sindicato, y los que se oponen a la brutalidad policiaca, dijo. Fernando García, Primer Secretario de la Sección de Intereses de Cuba, subrayó la historia de 40 años de ataques violentos contra la Revolución Cubana por parte de grupos contrarrevolucionarios apoyados por Washington, incluido el bombardeo de un avión cubano cerca de Barbados en 1976. Los autores materiales e intelectuales de este ataque, que causó la muerte de 73 personas, trabajaban para la CIA. Uno de ellos, Orlando Bosch, hoy camina libremente por las calles de Miami. La reunión de la NNOC, en la que participaron unos 75 activistas de todo el país, muchos de ellos representando coaliciones locales y otros grupos que se oponen a la política norteamericana contra la Revolución Cubana, discutieron las numerosas campañas en las que participan sus afiliados. También se debatió y adoptó una resolución en respuesta a la guerra de Washington contra el pueblo de Afganistán y la acelerada campaña "antiterrorista" contra los derechos políticos. La resolución adoptada por la NNOC incluye un "llamamiento a todos los norteamericanos a que se sumen a nosotros para oponernos al enjuiciamiento y encarcelamiento de los cinco cubanos presos en Miami, cuyo único crimen ha sido el de vigilar y tratar de prevenir este terrorismo basado en Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. En momentos en que el pueblo norteamericano se ha hecho más sensible al saldo humano de tales actos terroristas, aquellos que han luchado contra dichos actos deben ser considerados como héroes y no como criminales".n |
