septiembre de 2001 Vol. 25 No. 08

Estados Unidos

Debaten plan de inmigración
Debaten plan de inmigración

Por Patrick O'neill

La administración del presidente George Bush ha planteado la idea de un plan para ofrecerles a los trabajadores nacidos en México la posibilidad de legalizar su residencia en Estados Unidos.

Según funcionarios del gobierno norteamericano, entre un millón y 2 millones de los 3 millones de inmigrantes mexicanos que las autoridades estadounidenses clasifican como indocumentados podrían cumplir los requisitos para dicho plan. La propuesta goza del apoyo del presidente mexicano Vicente Fox. Sin embargo, ha sido impugnada por políticos del ala derecha del Partido Republicano de Bush.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas inmigratorias que un grupo conjunto, integrado por representantes de los gobiernos estadounidense y mexicano, está estudiando. El grupo incluye al secretario de estado Colin Powell y al fiscal general John Ashcroft de Estados Unidos y al canciller Jorge Castañeda y al ministro del interior Santiago Creel de México. Se anticipa que Bush y Fox anuncien un acuerdo final en su cumbre del 4 de septiembre.

Los voceros de ambas administraciones presentan el plan como una forma ampliada del programa de "trabajadores huéspedes" que sería un primer paso para obtener la residencia legal en Estados Unidos. Anteriormente, "trabajador huésped" se refería a los residentes de México que recibían pases temporales que les permitían trabajar para un patrón específico en Estados Unidos.

La nueva propuesta afectaría a los inmigrantes que ya residen en Estados Unidos, y no se menciona que nadie tenga que regresar a México --según lo exige la ley de inmigración de 1996 promulgada por la administración Clinton-- para poder participar en el programa.

Ambos gobiernos se cuidan de no usar la palabra "amnistía" en sus declaraciones públicas sobre el plan, conscientes del amplio apoyo a una medida que legalice la situación legal de millones de trabajadores de todo el mundo que hoy día residen permanentemente en Estados Unidos. La última amnistía general se promulgó en 1986.

La propuesta refleja parcialmente el impacto del ingreso masivo de trabajadores de América Latina, el hecho que los patrones en sectores importantes de la economía dependen de su mano de obra, y las demandas de estos trabajadores de ser reconocidos como seres humanos con derechos ciudadanos. Según el último censo, el número de residentes de Estados Unidos de origen latinoamericano aumentó en un 53 por ciento en la década de 1980, y en 58 en la última década. Ahora suma 35 millones.

Esta ola de inmigración y el papel creciente de trabajadores inmigrantes en luchas obreras llevó a la cúpula de la central sindical AFL-CIO a adoptar el año pasado una política a favor de la amnistía. Esto representó un cambio de la anterior postura hostil hacia los inmigrantes que había mantenido durante varias décadas.

Los trabajadores afectados por este plan tendrán que cumplir con ciertos requisitos en base a "el historial de trabajo de los inmigrantes, sus lazos familiares en este país, y cuánto tiempo han residido en Estados Unidos", escribió Eric Schmitt en el New York Times del 15 de julio.

Según el Wall Street Journal, el debate se enfoca en "si otorgar o no el estatus de trabajador huésped a los trabajadores agrícolas ilegales que han sido contratados en el sector de servicios estadounidense, cuidando a niños o trabajando como trabajadores de limpieza".

En una entrevista con el semanario en español Exito de Chicago, el ministro del exterior mexicano Castañeda afirmó que esta propuesta le garantizaría ciertos derechos a los trabajadores, a diferencia de los tristemente célebres planes "braceros" que imperaron de 1942 a 1964. Estos programas, que afectaron a 5 millones de trabajadores, fueron notorios por la explotación brutal y las condiciones peligrosas a las que fueron sometidos por los patrones.

Castañeda enfatizó que su gobierno no apoya una segunda amnistía para los 8 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, sino la "regularización" de la situación de muchos de ellos para que puedan obtener la licencia de manejo, la tarjeta del Seguro social y la matrícula para residentes en las universidades.

El presidente Fox hizo campaña a favor de la propuesta en una serie de encuentros en el Medio Oeste de Estados Unidos durante el mes de julio. A un grupo de periodistas norteamericanos le dijo que "los mexicanos que trabajan en Estados Unidos deben ser considerados legales. No deben tener que ocultarse en las sombras".

En Chicago, donde viven 1.4 millones de personas de origen mexicano, Fox fue recibido con gritos de "amnistía", la palabra que los funcionarios mexicanos han tratado de evitar.

El presidente mexicano argumenta que su propuesta beneficiará a los empresarios en ambos países. En un encuentro de empresarios en Chicago, afirmó que los inmigrantes "no representan un problema social sino... una oportunidad económica", haciendo eco de las palabras de Bush. Fox insistió en una vigilancia policiaca más "humanitaria" en la frontera entre los dos países.

Varios políticos de derecha han criticado toda propuesta para legalizar la situación de trabajadores indocumentados. El senador republicano Philip Gramm, por ejemplo, dijo que dicha "mala política...crea incentivos para la delincuencia". Gramm apoya un programa ampliado para traer a "trabajadores huéspedes" al país pero insiste que no aceptará ninguna concesión a los trabajadores indocumentados.

En una entrevista telefónica, Monica Santana del Centro de Trabajadores Latinos en Nueva York dijo que cualquier medida inmigratoria debe incluir a todos los inmigrantes, independientemente de su país de origen. "La legalización de los trabajadores mexicanos es justa," dijo, "pero no se ha ofrecido a otras comunidades, lo cual es absurdo."