septiembre de 2001 Vol. 25 No. 08

Estados Unidos

Debate sobre la pena de muerte
Ante creciente oposición, gobernantes contemplan modificar uso de pena capital

Por Greg McCartan

La jueza Sandra Day O'Connor de la Corte Suprema expresó su preocupación sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos en una reunión del grupo Abogadas de Minnesota celebrada el 2 de julio. Ella y varios otros funcionaria de gobierno han planteado que se modifique el uso de la pena de muerte en aras de limpiar la imagen del sistema judicial estadounidense.

La presión sobre la clase dominante estadounidense en torno a la pena de muerte surge tanto de la creciente oposición entre los trabajadores en Estados Unidos como de las críticas de sus rivales imperialistas en Europa.

O'Connor, quien apoya la pena de muerte, dijo que el hecho que 90 condenados a muerte han sido exonerados desde 1973 muestra que "es posible que el sistema esté permitiendo la ejecución de algunos acusados que son inocentes".

En los últimos 25 años, los gobiernos estatales han ejecutado a más de 700 personas. El 11 de junio el gobierno federal ejecutó a Timothy McVeigh --su primera ejecución en cuatro decadas-- y ocho días después le quitó la vida a Juan Raúl González.

Anteriormente la jueza O'Connor votó a favor de autorizar la pena de muerte en casos de adolescentes acusados de homicidio. También apoyó fallos judiciales que interponen más obstáculos a los trabajadores y agricultores condenados a muerte que buscan apelar sus sentencias estatales ante una corte federal.

El debate en los círculos gobernantes se enfoca en si debe permitirse que el estado ejecute a incapacitados mentales, el impacto de abogados inadecuados, y "si la pena de muerte se está aplicando justamente", según se refirió con delicadeza O'Connor al alto porcentaje de las personas condenadas a muerte que son negros o latinos. Este debate ilustra las dificultades que enfrenta la clase dominante estadounidense para seguir justificando esta arma de terror contra el pueblo trabajador. Se enmarca en una serie de luchas contra la brutalidad policial en todo el país.

O'Connor aludió indirectamente al carácter de clase del sistema judicial. "Quizás sea hora de examinar las normas mínimas para los abogados designados por el tribunal en los casos de pena de muerte", dijo, "y la remuneración adecuada para los abogados designados" porque hay grandes diferencias en la calidad de los abogados defensores que se pueden obtener, dependiendo de cuánto dinero uno tenga.

Diferencias de clase en sistema judicial

Refiriéndose a los casos que conllevan la pena de muerte, O'Connor dijo que en Texas los acusados con abogados nombrados por la corte tienen un 28 por ciento de mayor probabilidad de ser declarados culpables que las personas con abogado propio, y un 44 por ciento de mayor probabilidad de ser condenados a muerte.

En su próximo periodo la Corte Suprema escuchará dos casos de pena capital. Uno tiene que ver con la ejecución de personas clasificadas como atrasados mentales, y el otro con una persona que dice que fue mal representado por su abogado nombrado por la corte, el cual tenía un conflicto de interés porque anteriormente había trabajado para la víctima del homicidio.

La prensa capitalista ha observado cómo ha disminuido el apoyo público a la pena de muerte. Esta tendencia se debe, señaló un editorial del New York Times el 5 de julio, "en parte a la creciente inquietud de que los atajos en los procedimientos puedan llevar a la ejecución de acusados inocentes". Los directores del diario agregan que la "reforma" de la pena de muerte es "una demanda insatisfactoria. La meta debe de ser su abolición".

Ante la creciente oposición y revelaciones sobre varios casos de individuos condenados a muerte injustamente, se han planteado varias medidas para tratar de limpiar la imagen del sistema judicial en casos de pena de muerte. Existe un proyecto de ley para que el Senado se pronuncie en contra de la ejecución de menores de edad o atrasados mentales; garantizar el acceso a las pruebas de ADN, que se han usado para exonerar a varios condenados a muerte; y establecer una comisión que recomiende normas de representación jurídica para los casos de pena capital.

Desde que George Ryan, gobernador de Illinois, impuso una moratoria a la pena de muerte en el estado el año pasado, otros políticos han hecho propuestas en diversos estados y en el Congreso para declarar una moratoria a las ejecuciones.

Presión internacional

En otro caso, nueve ex diplomáticos estadounidenses de alto rango presentaron documento a favor de una apelación a la Corte Suprema en el caso de Ernest McCarver, un atrasado mental que fue condenado a muerte. Llamaron a la ejecución de personas atrasadas mentales "una práctica cruel e incivilizada", y dijeron que dicha ejecución "creará tensiones en las relaciones diplomáticas con cercanos aliados de Estados Unidos, ofrece armas diplomáticas a los países con historiales de derechos humanos mucho peores, y perjudica otros intereses de política exterior estadounidense", dijeron los diplomáticos. Se preocupaban de que tales intereses fueran socavados por una práctica que "empaña la imagen de Estados Unidos como paladín de los derechos humanos," escribió el reportero del New York Times Raymond Bonner.

"Los derechos humanos" es la bandera propagandística bajo la cual Washington ha llevado a cabo muchas intervenciones militares y otros aspectos de su política exterior.

Si se observa la situación en Europa se puede ver hasta qué punto está aislada la clase dominante norteamericana en cuanto al uso de la pena de muerte. La Unión Europea ha hecho de la abolición de la pena de muerte una condición de afiliación. Prácticamente todos los países europeos han abolido o suspendido la pena capital. En varias de las escalas que hizo Bush durante su viaje a Europa en junio, el presidente norteamericano fue recibido con manifestaciones que condenaban a Washington por el uso de la pena de muerte.