julio-agosto de 2001 Vol. 25 No. 07

Sudamerica

Crisis económica atiza luchas
Trabajadores resisten política de austeridad en Brasil, Argentina, Uruguay

Por Hilda Cuzco

El funcionamiento normal de la economía capitalista mundial en América Latina sobre todo la carga aplastante de la deuda externa y el intercambio desigual se ha traducido en despidos masivos, la ruina de pequeños agricultores, apagones eléctricos, y otras consecuencias desastrosas para millones de personas.

Pero estas condiciones --agravadas por las políticas de austeridad de casi todos los gobiernos del continente, destinadas a aumentar las ganancias de los inversionistas imperialistas a costo de la mayoría-- continúan provocando resistencia. Esta resistencia se ha manifestado desde la huelga de los obreros automotrices en Brasil hasta una marcha de 70 mil en Montevideo y cortes de rutas por sindicalistas y desempleados a lo largo de Argentina.

En Brasil los trabajadores de la fábrica de General Motors en Gravataí, estado de Rio Grande do Sul, están luchando para ser representados por el sindicato metalúrgico y no por una organización pro-patronal en las próximas negociaciones por un convenio. Cerca de mil trabajadores ocuparon la planta el 23 de mayo para impedir que entraran rompehuelgas, paralizando la producción. Se les unieron centenares de miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).

La planta, que se estrenó en julio fabrica cerca de 8 mil autos compactos Celta por mes. En su conjunto, los trabajadores de la GM en Brasil producen 40 mil vehículos en tres localidades.

La ocupación, que duró nueve horas, terminó cuando funcionarios de la GM acordaron reunirse con representantes de los trabajadores. Los automotrices también están luchando por un aumento salarial del 11 por ciento. Los sindicalistas dicen que bajo el contrato firmado por el sindicato amarillo, los trabajadores no recibían primas por horas extras y no tenían otros derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, Brasil se ha visto estremecido por una grave crisis energética y la amenaza de apagones generalizados. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso ha adoptado un plan de exigir una reducción del 20 por ciento del consumo eléctrico para los próximos seis meses, bajo la amenaza de suspender servicios. El plan también aumenta las tarifas eléctricas. Los trabajadores enfrentan las posibilidades de ser despedidos como parte de la reducción de costos de la compañía.

El gobierno también propuso declarar el lunes como día libre para los trabajadores estatales y de empresas privadas, declarando que estas medidas, las cuales no afectarán directamente las escuelas y los hospitales, reducirían el consumo energético en un 35 por ciento.

Los sindicalistas en la compañía eléctrica Light, en la ciudad de Rio de Janeiro, llevaron a cabo una huelga para demandar que 280 trabajadores cesanteados fueran restituidos a sus puestos. Luiz Gonzaga Tenório, vicepresidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), principal central sindical del país, dijo que los trabajadores, que no habían recibido un aumento salarial en seis años, demandaban un aumento del 7 por ciento.

Ola de luchas en Argentina

En Argentina, a mediados de junio, estallaron de nuevo las tensiones sociales en la provincia norteña de Salta, ya agobiada por el alto índice de desempleo causado en parte por las consecuencias de las privatizaciones de empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales durante la última década. Obreros de la construcción que reclamaban mejores salarios habían ocupado la ruta nacional 34, que conecta a Argentina con Bolivia. Se les habían sumado trabajadores desocupados que exigían empleos. El 17 de junio, cerca de la ciudad de General Mosconi, los gendarmes (la policía fronteriza) atacaron violentamente a los piqueteros. En circunstancias que aún no se han esclarecido, dos trabajadores murieron a balazos.

Al día siguiente, mil gendarmes atacaron a los manifestantes, lanzando gases lacrimógenos e irrumpiendo en casas particulares del vecindario en busca de los obreros que se refugiaban de la represión. Esta lucha ha provocado expresiones de solidaridad por todo el país y ha creado una crisis política para el gobierno del presidente Fernando de la Rúa.

Mientras tanto, continúan en lucha los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. El 25 de mayo, día de la independencia nacional de Argentina, trabajadores en el aeropuerto internacional Ezeiza en Buenos Aires bloquearon un avión Boeing 747 para demandar el pago de salarios atrasados para 7 mil trabajadores. Decenas de trabajadores de Aerolíneas Argentinas desplegaron una gran bandera argentina y rodearon la nave por una hora.

El mismo día, en una muestra de unidad entre los distintos sindicatos de aerolíneas, 4 mil trabajadores de aerolíneas vestidos en sus uniformes de trabajo marcharon con sus familias a la embajada de España en la capital argentina para exigir sus salarios.

El gobierno español controla Aerolíneas Argentinas y la aerolínea Iberia. SEPI, la compañía tenedora, dijo que estaba reteniendo los pagos de abril debido a las grandes deudas acumuladas por Aerolíneas. En el mitin en frente de la embajada española, los oradores destacaron que su blanco era el gobierno, y no el pueblo del estado español.

En las provincias de Argentina, los trabajadores enfrentan condiciones críticas, las cuales han creado un polvorín social. Los empleados públicos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, y La Rioja, entre otras, enfrentan atrasos en los pagos de sus salarios. A mediados de mayo los cheques de 25 mil maestros sustitutos en Buenos Aires fueron devueltos por falta de fondos. El gobernador Carlos Ruckauf dijo que el gobierno nacional le debía 335 millones de dólares a la provincia, y el ministro de la economía Domingo Cavallo prometió enviar un pago parcial.

El gobierno argentino ha priorizado el pago de la deuda a los bancos estadounidenses y a otras instituciones financieras imperialistas. La deuda externa argentina ha aumentado a 133 mil millones de dólares: el 48 por ciento de la economía nacional. El régimen negoció un intercambio de deudas, ofreciendo a los acreedores cambiar las deudas pagaderas en los próximos cinco años por deudas que vencen más tarde, a fin de ganar tiempo para aplicar políticas de austeridad que satisfagan a los capitalistas dentro y fuera del país.

La crisis ha generado una ola de cortes de carreteras a través del país por parte de trabajadores y agricultores. En las provincias de Rio Negro y Neuquén, pequeños productores de fruta en la región de Alto Valle bloquearon carreteras con sus tractores, demandando subsidios del gobierno y mejores precios para paliar la crisis económica. Los agricultores en Neuquén, que han pedido 40 millones de pesos en subsidios, suspendieron sus protestas el 25 de mayo cuando el gobierno ofreció 16 millones de pesos a la vez que amenazó con desatar a la policía. Los productores de frutas, sin embargo, dijeron que continuarían las protestas si las autoridades no cumplían sus promesas.

Uruguay asolado por desempleo

Uruguay ha sido golpeado por niveles de desempleo sin precedentes, ascendiendo al 15 por ciento en el primer trimestre de este año. La crisis económica se agravó aún más con el brote de fiebre aftosa, la cual está devastando la industria del ganado, fuente del 80 por ciento de los ingresos nacionales por exportaciones.

El gobierno uruguayo impulsó un paquete de medidas de austeridad para decretar un nuevo impuesto a los productos importados y nacionales, supuestamente para financiar las medidas destinadas a compensar por la crisis de la fiebre aftosa. Los patrones recibirían un reembolso a sus pagos al fondo de seguro social.

Las tensiones sociales han hecho resaltar luchas políticas que siguen sin resolver. Cerca de 70 mil personas marcharon por las calles de Montevideo el 13 de mayo para reclamar la verdad sobre la suerte de 163 personas "desaparecidas" entre 1973 y 1985, los años de la dictadura militar apoyada por Washington. La marcha fue organizada por la principal central obrera, PIT-CNT, junto con la organización de madres de los desaparecidos y otros grupos comunitarios y de derechos humanos.