marzo de 2001 Vol. 25 No. 03

Ecuador

Pueblo trabajador combate asalto al nivel de vida

Arriba, indígenas colocan barricadas en las carreteras de provincia durante las movilizaciones en Ecuador de fines de enero y comienzos de febrero. Izquierda: manifestación de miles de personas en Cuenca en enero denuncia el alza del combustible y el gas dom&euacute;stico y los aumentos al transporte público.

Por Hilda Cuzco

Miles de indígenas marcharon en Quito, capital de Ecuador, para celebrar su victoria, tras obligar al gobierno de Gustavo Noboa a retroceder en sus demandas de austeridad, que el Fondo Monetario Internacional le exige que imponga. Durante nueve días el movimiento indígena llevó a cabo una movilización nacional, sin ceder, incluso cuando el gobierno decretó un estado de emergencia. Los indígenas encararon a las fuerzas represivas desde que se inició la movilización el 28 de enero, dejando al final un saldo de cuatro muertos, decenas de heridos, y cientos de detenidos.

El 7 de febrero se reunieron con Noboa en el palacio de gobierno Antonio Vargas, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Pedro de la Cruz, de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y representantes de otras organizaciones, para firmar un acuerdo de 23 puntos destinado a aliviar los efectos de las medidas de austeridad hasta ahora impuestas.

Las medidas económicas del gobierno ecuatoriano había resultado en un aumento del precio del gas doméstico en un 100 por ciento, llegando a 2 dólares; por ahora será de 1.60 dólares. El precio de la gasolina se congelará durante 2001 y las tarifas de transporte, que han subido un 75 por ciento, se someterán a una revisión, mientras tanto se respetará el descuento del 50 por ciento del pasaje para niños, estudiantes, ancianos e incapacitados. "Esto es un triunfo", dijo Luis Chango, un indígena de 19 años de la provincia de Cotopaxi, a 60 millas de Quito. "Eso demuestra que somo fuertes y podemos defender nuestros derechos" . Los indígenas conforman el 45 por ciento de la población, y tienen el mayor índice de pobreza. El gobierno había decretado las alzas para cumplir con los requisitos del FMI para conseguir un préstamo de 2 mil millones de dólares.

En una población de 12.4 millones de habitantes y una inflación que llega al 91 por ciento, el 70 por ciento vive bajo el nivel de pobreza, la tasa más alta en América Latina. El poder adquisitivo bajó enormemente. La canasta básica, por ejemplo, cuesta el doble del salario mínimo, fijado en 131 dólares mensuales. Los precios de alimentos básicos como la leche y la carne, subieron también dramáticamente con el alza de los energéticos.

El régimen de Noboa respondió en un principio con la fuerza, a la vez que rehusó dialogar con las organizaciones indígenas que exigían la derogación de las medidas de austeridad. Miles de indígenas marcharon a Quito desde las diferentes provincias, en respuesta al llamado de movilización nacional. Mientras que otras comunidades bloquearon las carreteras. En Latacunga, Cotopaxi, más de 1500 indígenas ocuparon la carretera Panamericana, paralizando el tráfico entre Quito y otras ciudades. Los participantes también marcharon hacia el edificio de gobierno. Se reportaron acciones similares en las provincias de Chimborazo, Carchi, Tungurahua, Pastaza y Loja, en los Andes.

La CONAIE denunció el 25 de enero que efectivos del ejército atacaron y dispararon contra una manifestación pacífica de 5 mil indígenas en Latacunga. Seis indígenas resultaron heridos y más de 100 fueron detenidos. Por otro lado, 2 mil campesinos respondieron ocupando el edificio de la gobernación, sacaron al gobernador y lo sustituyeron con el presidente de la Federación de Estudiantes de Universitarios de Ecuador, Paúl Jácome.

Se movilizan estudiantes

A principios de enero estudiantes y otros jóvenes encabezaron muchas de las acciones, a menudo enfrentando agresiones de la policía y del ejército. Las acciones coordinadas a nivel nacional el 21 y 22 de enero, por el aniversario de la rebelión popular del año pasado, atrajeron a miles. Estas fueron convocadas por el Frente Popular (FP) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), integradas por sindicatos, organizaciones estudiantiles y campesinas.

El alto mando del ejército y la policía amenazó con que respondería con fuerza contra quienes quisieran repetir "otro 21 de enero" o intentaran "desestabilizar el orden constitucional" . La alusión era al derrocamiento del presidente Jamil Mahuad en enero de 2000 por una rebelión de decenas de miles de trabajadores, liderados en parte por los pueblos indígenas. A pesar de una oposición popular creciente, Mahuad intentó imponer las medidas de austeridad, como sustituir el sucre con el dólar estadounidense; y negociar cederle a Washington el derecho de utilizar como base militar el puerto y aeropuerto en Manta. El gobierno norteamericano está modernizando la base, que "arrienda" libre de costos, a fin de que acomode grandes aviones de guerra y aloje a unos 400 soldados.

Tras el derrocamiento de Mahuad se formó una junta que duró unas horas compuesta por Vargas de la CONAIE; Carlos Mendoza, uno de los coroneles del ejército que participaron en la rebelión; y Carlos Solórzano, un ex presidente de la corte suprema. En un artículo reciente sobre la demora en las operaciones de la base en Manta, el Washinton Post informó que tras el derrocamiento de Mahuad hace un año "mediante un golpe militar asistido por grupos izquierdistas indígenas...una intensa presión por parte del Departamento de Estado [norteamericano] obligó al ejército a echarse atrás" .

Entre los 23 puntos recientemente acordados se incluye el "No admitir la regionalización del Plan Colombia, ni involucrar al país en un conflicto ajeno" .

El 16 de enero protestaron contra las medidas de austeridad, unos 3 200 estudiantes de secundaria entre quienes se incluían jóvenes de nueve escuelas que se manifestaban por primera vez. La policía los atacó con gases lacrimógenos. En las provincias de Pichincha y Azuay en las escuelas públicas se suspendieron las clases debido a las acciones de protesta.

En respuesta a los recientes bloqueos de carreteras, el gobierno desplegó a unos 23 mil policías para que colaboraran con efectivos del ejército en el patrullaje.

Las protestas han tomado formas diversas. A comienzos de enero, por ejemplo, los trabajadores municipales de Quevedo apilaron la basura frente a la alcaldía para exigir que se les paguen los aumentos salariales aprobados el año pasado. Cuando la policía intentó retirar la basura, los trabajadores ocuparon el edificio. En Machala, provincia de El Oro, los trabajadores municipales realizaron un paro de 48 horas, para exigir también el pago de aumentos salariales.