marzo de 2001 Vol. 25 No. 03

Estados Unidos

Acentuarán ataques al salario social
Propuestas de Bush tienen en la mira conquistas del pueblo trabajador

Por Brian Williams y Maurice Williams

Al contar su presidencia con apoyo bipartito desde las primeras semanas, George Bush ha presentado una serie de propuestas que se sirven de las fomentadas por la administración de William Clinton e intensifican el ataque contra el salario social. Estas incluyen la entrega de fondos federales a grupos religiosos para que ofrezcan servicios sociales, un "plan educativo", y lagunas que les permitan enormes concesiones impositivas a los más acaudalados.

Alabando la caridad privada como la forma de ayudar a los más necesitados, Bush firmó dos decretos ejecutivos el 29 de enero con el propósito, según lo describió el New York Times, "de abrir de par en par las puertas del gobierno a grupos religiosos y comunitarios como parte de un amplio esfuerzo de rediseñar la forma en que el gobierno ofrece servicios sociales". El presidente ha creado en la Casa Blanca una Oficina de Iniciativas Comunitarias y Basadas en la Fe, y en los departamentos de Justicia, Educación, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, y de Vivienda y Desarrollo Urbano también se han establecido centros similares. El objetivo de estas instituciones es impulsar el trabajo con organizaciones de caridad tanto religiosas como privadas.

Subvención de entidades religiosas

Para que los dólares que por impuestos irían normalmente al tesoro estatal se canalicen, en cambio, hacia instituciones privadas de caridad, Bush ha planteado una serie de deducciones de impuestos por contribuciones que se hagan a grupos de caridad. También anunció nuevas subvenciones federales para apoyar organizaciones --en particular religiosas--, que trabajen con el sistema penitenciario. "Cuando vea las necesidades sociales" en Estados Unidos, dijo Bush, "mi administración atenderá primero los programas basados en la fe y los grupos comunitarios, los cuales han demostrado su poder para salvar vidas y cambiarlas".

Esa medida forma parte de un esfuerzo bipartidista duradero, encaminado a socavar programas gubernamentales, entre ellos el del Seguro Social. Bush propone que se permita que personas particulares retengan una porción de sus contribuciones a su Seguro Social para que la inviertan en acciones y obligaciones. Su plan eliminaría un billón de dólares de los fondos del Seguro Social y depositaría esa cantidad en cuentas privadas de particulares.

Privatizar 'parte' del Seguro Social

A fines de enero, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Alan Greenspan, instó al Congreso a que considere medidas que permitan la privatización de una parte del sistema del Seguro Social, arguyendo que el establecer cuentas privadas del Seguro Social no sólo era algo inevitable sino esencial. El congresista Robert Matsui de California, respondió a la iniciativa de Greenspan y a las propuestas de enormes reducciones a los impuestos, diciendo, "Lo que ha hecho... es crear una situación donde va a haber recortes a las prestaciones del Seguro Social".

Los senadores Judd Gregg, republicano por New Hamphire, y John B. Breaux, demócrata por Luisiana, propusieron el 30 de enero que se establezca una comisión bipartidista que "recomiende formas de hacer una revisión total al sistema del Seguro Social", según informó el Times. Ambos apoyan que se establezcan cuentas privadas de inversiones dentro del sistema del Seguro Social.

La idea de entregar fondos federales a grupos religiosos ha encontrado cierto grado de oposición por razones constitucionales. Joseph Conn, un vocero de Americanos Unidos para la Separación entre Iglesia y Estado (AUSCS), respondió, "Esta va a ser una batalla campal. Mucha gente ve esto como una de las violaciones más serias del precepto de la separación entre Iglesia y Estado que hemos visto en la historia de Estados Unidos".

La Unión Norteamericana por las Libertades Civiles (ACLU), publicó un duro rechazo del plan, calificándolo como «receta basada en la fe para la discriminación». Junto a la Conferencia de Liderazgo por los Derechos Civiles (LCCR), la ACLU señaló, "ya que las organizaciones religiosas están exentas de muchas leyes de derechos civiles, se les permite discriminar, partiendo de su credo y enseñanzas religiosas, respecto de la raza, religión, preferencia sexual, género y estado de embarazo". El documento señala, "Bajo la iniciativa de Bush, no hay restricciones sobre cómo las organizaciones religiosas incorporan sus creencias al proveer servicios sociales".

Las propuestas de la administración se basan en expandir significativamente las cláusulas de "opción caritativa" de la ley de 1996 impulsada por el entonces presidente William Clinton, la cual recortó drásticamente los programas de asistencia social, entre ellos la Ayuda a Familias con Niños Dependientes. Esta cláusula de "caridad" abrió las puertas para que grupos religiosos compitieran por contratos y fondos gubernamentales.

Desde que la ley entró en vigor, se han entablado diversos juicios contra estados en base al trato discriminatorio propio de estas organizaciones de caridad basadas en las iglesias. Texas, por ejemplo, dio 8 mil dólares para el programa Sociedad de Empleos del Condado de Washington, que entre sus requisitos le exigía a los participantes que estudiaran las escrituras y --según lo describe el programa--, que "encontraran empleo por medio de una relación con Jesucristo".

'Opción caritativa'

El Congreso Judío Norteamericano y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas ha interpuesto una demanda en un tribunal federal acusando a la Sociedad de Empleos de comprar Biblias para los estudiantes. Según el Times, "Una tercera parte de los estudiantes del programa dijeron que los habían presionado para que se unieran a una iglesia o cambiaran sus creencias".

En otro caso, en Kentucky, la ACLU y AUSCS interpusieron una demanda contra los Hogares Infantiles Bautistas de Kentucky, que reciben fondos estatales. La demanda responde al despido de una de las asesoras del grupo luego que una foto que le tomaron durante un desfile por los derechos de los homosexuales apareció en una exposición de fotos en una feria regional.

Al argüir que sus propuestas van a "transformar el papel [que juega el gobierno] federal en la educación", Bush anunció el 23 de enero una serie de medidas que tienen como blanco el programa vigente por 36 años conocido como Título I, que asigna unos 8 mil millones de dólares para los estudiantes más pobres y "con más deficiencias" de la nación.

Plan para la educación

Bajo el nuevo plan, toda "escuela deficiente" que forme parte del Título I, que después de tres años no haya mejorado, perderá los fondos federales a los que tenía acceso. En su lugar, a las familias de estos estudiantes se les dará un cupón anual subvencionado por los contribuyentes con valor de 1500 dólares, el cual se podrá utilizar ya sea para asistir a una escuela privada, a otra escuela pública o para contratar un profesor particular. Para medir los resultados se utilizará como base un examen anual de estudiantes del tercero al octavo grado.

Bush dice que hará cumplir una ley que ya está vigente, la cual permite que el presidente retenga fondos federales utilizados por los estados para contratar empleados que administren el programa del Título I. Actualmente el gobierno federal cubre apenas el 7 por ciento del presupuesto de educación pública.

Un artículo aparecido el 24 de enero en el New York Times aborda el impacto devastador que el plan de cupones planteado por Bush va a tener en las escuelas públicas neoyorquinas. "Ya que el estado califica a cerca del 10 por ciento de las 1100 escuelas públicas de Nueva York como deficientes, la ciudad podría perder decenas de millones de dólares en asistencia federal para la educación", señaló el artículo del Times.

Jack Jennings del Centro para una Política Educativa denunció tanto el aspecto de los cupones del plan de Bush como la propuesta de permitir que los padres de familia puedan deducir hasta 5 mil dólares de sus ingresos anuales para pagar por los gastos de educación de cada uno de sus hijos que asistan a escuelas primarias y secundarias privadas. "El verdadero afán de ayudar a las escuelas privadas se realizará por la vía de los impuestos", dijo Jennings.

El senador Joseph Lieberman, ex candidato por el Partido Demócrata para la vicepresidencia, alabó las propuestas de caridad de Bush. Al asistir juntos a un programa que se realiza después de concluir las clases --un programa dirigido por un ex agente de policía en Washington, D.C.--, Lieberman dijo que él y el presidente eran gente de "pensamiento afín" en lo que se refiere a ampliar el apoyo federal a los grupos caritativos privados.

Con respaldo tanto de demócratas como de republicanos en el Congreso, Lieberman ha planteado un plan educativo similar al de Bush, excepto que en vez de proyectar cupones, llama a que las "escuelas de bajo rendimiento" se cierren y que se abran más escuelas privadas.

Entretanto, Bush ha trazado un plan de impuestos que le ofrecerá concesiones considerables tanto a familias como a individuos particulares, incluida una propuesta para una reducción general de las tasas impositivas. Las reducciones en la tasa impositiva se estructuran de manera que quienes gozan de los ingresos más altos recibirán las mayores concesiones.

Lagunas impositivas para los ricos

El plan del presidente plantea un recorte de impuestos de 1.6 billones de dólares en un plazo de 10 años, el cual también eliminaría los impuestos a los regalos y a los inmuebles. Eso significaría unos 236 mil millones de dólares para el 2 por ciento más rico de Estados Unidos. La medida también creará lagunas impositivas que les permitan a los más ricos reducir o eliminar otros impuestos.

"Al eliminarse el impuesto de inmuebles", apuntó el New York Times, "los ricos tendrán alicientes para crear consorcios por los que deberán pagar poco o nada de impuestos". En algunos estados las familias acaudaladas podrían evitar de forma indefinida el tener que pagar impuestos sobre sus riquezas. Bush ha recibido apoyo bipartidista para esta propuesta impositiva, en la que también se proyecta la eliminación de impuestos a las herencias para el año 2009.

El demócrata Zell Miller y el republicano Phillip Gramm presentaron ante el Senado un proyecto de ley que hace juego con el plan de impuestos de Bush. "Nos estamos uniendo en una cruzada para que este recorte a los impuestos se apruebe en su totalidad", cacareó Gramm.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Greenspan, le ha dado el visto bueno al plan de impuestos.