febrero de 2001 Vol. 25 No. 02

Editorial

Causa de la crisis energética: sed de ganancias de los monopolios

Obrero de la empresa Kaiser Aluminum en Mead, estado de Washington, sale del trabajo después de quedar cesanteado cuando la compañía decidió cerrar la planta y vender por un precio mucho más elevado la energía eléctrica que había comprado.

Ante las alzas de tarifas de electricidad, las escaseces de energía y amenazas de apagones que están creando un desastre para el pueblo trabajador, el movimiento obrero debe exigir que el gobierno expropie las compañías energéticas.

Estos monopolios controlan un recurso vital para la sociedad. Pero su negocio es la generación de ganancias, no de energía. Debido a su sed de ganancias siempre mayores, han creado una situación que hace peligrar la vida y el bienestar de millones de trabajadores y agricultores, así como de pequeños comerciantes.

Hay que quitar estas compañías de manos privadas, nacionalizarlas y administrarlas como empresas públicas para beneficio de la mayoría en vez de subordinarlas a los intereses de un puñado de capitalistas, banqueros y obligacionistas superricos. El pueblo trabajador, especialmente en la costa oeste donde la crisis es más aguda, respondería de forma masiva a una campaña de movilizaciones para reivindicar la nacionalización de esta industria.

Además, urgen medidas inmediatas para garantizar que ni una sola persona se quede sin electricidad, calefacción o combustible para cocinar. La crisis ha puesto de relieve los recortes criminales que la administración Clinton y del Congreso dominado por los republicanos han realizado en los programas de subsidios gubernamentales para los que necesitan ayuda en pagar las elevadísimas cuentas de gas y electricidad.

Que nadie se quede sin gas, electricidad

Los sindicatos y las organizaciones de agricultores pueden exigir que el gobierno ofrezca masivos fondos y suministros de combustible a todos los necesitados. Todo trabajador que quede sin empleo debido a la crisis energética --tales como los obreros de la empresa Kaiser Aluminum en el estado de Washington-- deben recibir la totalidad de sus salarios mientras estén cesantes. Los agricultores, muchos de los cuales ya están al borde de la quiebra, deben recibir ayuda para mantener sus granjas lecheras, camiones, tractores y otros equipos.

Hay que eliminar los impuestos a la gasolina y al combustible diesel, para aliviar la situación de los camioneros independientes, los granjeros y los pescadores. Que el gobierno anule inmediatamente las alzas de tarifas.

La anarquía del capitalismo, especialmente en tiempos de crisis económica mundial, conlleva la posibilidad de estos brotes repentinos de escaseces, alzas estratosféricas de precios o colapsos de precios o de la producción. Una de las consecuencias inexorables es que los trabajadores y agricultores pagan los platos por cada crisis, a través de alzas de tarifas, devaluaciones monetarias, desempleo o inflación. Las medidas que plantean los partidos patronales --los demócratas y republicanos-- ante la crisis, como las propuestas del gobernador de California, Gray Davis, buscan rescatar o proteger de diversas formas los intereses de los capitalistas industriales y los banqueros.Los trabajadores necesitamos promover nuestros propios intereses y movilizarnos para asegurar que se lleven a cabo nuestras demandas al gobierno.

En California, las compañías Pacific Gas and Electric y la Southern California Edison, que anteriormente los bancos y tenedores de bonos consideraban empresas estables e inversiones seguras, ahora se ven amenazadas por la quiebra. Están atrapadas por las tenazas de la subida astronómica de los precios de la electricidad y el gas al por mayor, por un lado, y lo que pueden cobrarles a los usuarios bajo los reglamentos estatales, reglamentos bajo los cuales hasta hace poco les aseguraban jugosas ganancias. Bancos gigantescos tales como Bank of America y J.P. Morgan, que han hecho préstamos masivos a estas compañías, de repente se ven en peligro.

La demanda inmediata de estos empresarios y banqueros multimillonarios --que el gobierno de California está cumpliendo fielmente-- es que se aumenten aún más las tarifas, recayendo sobre todo en el pueblo trabajador. Pero hasta algunos de los empresarios y políticos burgueses reconocen que hacen falta medidas más radicales para impedir que los capitalistas de un sector industrial desbaraten la economía más grande del país, y están proponiendo alguna forma de intervención estatal.

Sin embargo, sea con la "regulación" o la "desregulación" de la industria, el resultado final seguirá siendo un flujo enorme de ganancias a las arcas de estos monopolios y de los bancos que los apoyan.

Abolición de secretos comerciales

La nacionalización de las compañías energéticas es lo opuesto de lo que hace el gobierno para rescatar a los dueños de las empresas al vender bonos estatales, asumir sus deudas o medidas de indemnización por sus "pérdidas". En una industria nacionalizada, tiene que haber conocimiento completamente público de todos los aspectos de la operación. Los registros y documentos de la industria energética --que hoy día se mantienen en secreto-- deben ser expuestos al escrutinio del público.

Los trabajadores de la industria energética pueden usar su posición y sus conocimientos para asegurar que se pongan en el tapete todos los hechos.

Hace falta establecer juntas públicas y electas, independientes del gobierno, para administrar la industria energética, y que los trabajadores controlen las condiciones de trabajo y vigilen la producción.

La propaganda burguesa en torno a las "escaseces" de energéticos va acompañada de propuestas para debilitar las leyes de protección ambiental. Los voceros de la industria y del gobierno culpan estas medidas por los altos precios de los energéticos. Gale Norton, nombrada por el presidente George W. Bush para secretaria del interior, propone que se permita la explotación del refugio natural de Alaska por parte de las compañías petroleras.

Cerrar todas las plantas nucleares

Junto con estas medidas vienen las propuestas para poner nuevamente en funcionamiento las plantas nucleares cerradas, como la central Indian Point en Nueva York, y la construcción de nuevas plantas nucleares. Hasta la fecha no habían logrado hacer esto debido a las protestas de los años 70 y principios de los 80, y las revelaciones de los peligros de desastres nucleares tales como Three Mile Island en Pennsylvania y Chernobil en la antigua Unión Soviética.

El gobierno debe cerrar ahora todas las plantas nucleares y lanzar un masivo programa de limpieza para bregar con el problema, aún no resuelto, de los desechos radiactivos de todas estas centrales.

Dicha campaña por parte del movimiento obrero suscitaría una profunda respuesta positiva entre los mineros y otros trabajadores en las regiones carboníferas. No hay justificación para una crisis energética, entre otras razones, porque hay suficientes reservas de carbón --que se puede quemar de manera limpia y segura-- para generar electricidad. Existe la tecnología para eliminar las emisiones nocivas de las plantas generadoras que consumen carbón, pero las compañías la resisten porque les limita las ganancias.

Al aumentar la producción de carbón se podría dar empleos a decenas de miles de trabajadores en las minas. Si el sindicato minero ejerce su fuerza, se puede extraer el carbón bajo condiciones seguras.

La crisis impuesta al pueblo trabajador por los monopolios energéticos se repetirá en una industria tras otra hasta que el pueblo trabajador pueda librar una lucha revolucionaria para quitar del poder a la minoría multimillonaria y establecer un gobierno de trabajadores y agricultores. Dicho gobierno sería un arma potente en la lucha para expropiar y nacionalizar todas las propiedades de los capitalistas, medida que permitirá organizar la producción y la distribución de la riqueza creada por el pueblo trabajador de forma planificada y racional, para beneficio de la humanidad.