febrero de 2001 Vol. 25 No. 02

Estados Unidos

Presidencia Bush continuará curso bipartidista antiobrero

Por Greg McCartan

El nuevo presidente electo de Estados Unidos, George W. Bush, ha anunciado nombramientos para su gabinete y otros puestos importantes, al asumir la presidencia con una fuerte expresión pública de apoyo bipartidista. Este tono contrasta con las riñas fraccionales entre los dos partidos burgueses en noviembre, que se disiparon rápidamente luego del fallo de la Corte Suprema del 12 de diciembre que puso fin a los intentos del candidato demócrata Albert Gore de revertir la victoria electoral de Bush.

La prensa hizo alarde de la reunión de Bush en Washington del 18 de diciembre con funcionarios demócratas y republicanos y su conferencia de prensa junto con los dirigentes de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado, donde prometió "sanar" cualquier "herida" que existiera por las elecciones. Al día siguiente sostuvo reuniones con el presidente William Clinton y el vicepresidente Gore. Igualmente, el vicepresidente electo Richard Cheney se reunió con senadores y congresistas de ambos partidos.

El general Colin Powell fue el primero en ser nombrado al gabinete, para el cargo de secretario de estado. Powell fue jefe del estado mayor del Pentágono en 1989-93, incluso durante el ataque dirigido por Washington contra Iraq donde fueron masacrados 150 mil iraquíes en 1991.

Promueven sistema antimisil

En una rueda de prensa en Texas, Powell habló sobre la decisión de la nueva administración de "seguir adelante" con un sistema antimisiles, declarándolo una "parte esencial" de la política militar norteamericana.

El sistema de misiles fue una alta prioridad del presidente Clinton, quien se empeñó en realizar una serie de pruebas para iniciar la construcción de un sistema durante su presidencia. El propósito de un sistema de misiles antibalísticos consiste en darle a Washington la capacidad de lanzar un primer ataque nuclear que podría dirigir, ante todo, contra los estados obreros en Rusia y China.

Si bien los demócratas y republicanos han expresado diferencias en cuanto a la envergadura y la rapidez del proceso de desarrollo de tal sistema militar, el papel activo que ha jugado Clinton para lograr un plan antimisil "limitado" le ha preparado el camino a Bush, quien se ha pronunciado a favor de un sistema más amplio.

Como lo fue bajo la presidencia demócrata, el gabinete de Bush está integrado por partidarios fieles a los multimillonarios.

Nombramientos de Bush

Sus nombramientos iniciales para su gabinete incluyen al empresario petrolero Donald Evans como secretario del comercio; Paul O'Neill, presidente de la empresa de aluminio Alcoa, como secretario del Tesoro, y la ex jefa del departamento de agricultura de California, Ann Veneman, como secretaria de agricultura. Melquiades Martínez, copresidente de la campaña de Bush en Florida, quien es cubanoamericano, fue propuesto como secretario de vivienda. También están Condoleezza Rice, ex directora de la universidad Stanford, como consejera nacional de seguridad; y Alberto Gonzales, un juez de la Corte Suprema de Texas como abogado de la Casa Blanca. Ambos son socios estrechos de Bush de muchos años.

Algunos nombramientos han provocado mucha controversia. Linda Chávez, propuesta como secretaria del trabajo, ha expresado su oposición a la acción afirmativa, al salario mínimo y a otras conquistas sociales del pueblo trabajador. Al final Chávez se vio forzada a retirarse cuando estalló un debate por el hecho que había "albergado" a una inmigrante guatemalteca indocumentada y la había hecho hacer "ciertas tareas" en su casa. Chávez misma ha sido una firme partidaria del uso incrementado de la policía de inmigración en contra de los inmigrantes. Ella fue reemplazada por Elaine Chao, ex directora del Cuerpo de Paz.

John Ashcroft, a quien Bush pretende nombrar como fiscal general, se ha pronunciado agresivamente en contra del derecho de la mujer al aborto y contra la desegración racial de las escuelas. Gale Norton, designada para la secretaría del interior, se ha opuesto a muchas de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno para proteger el medio ambiente, y aboga por autorizar la explotación petrolera en el refugio natural de Alaska.

Entretanto, el Congreso adoptó una ley presupuestaria por 450 mil millones de dólares. La ley sigue la pauta de otras políticas bipartidistas que la administración Clinton y el Congreso mayoritariamente republicano han llevado a cabo en los últimos años.

Aparte de destacar los fondos adicionales para el departamento de educación y salud pública, Clinton alabó la ley por proveer mil millones de dólares para desplegar a 50 mil policías más en las calles. La medida también añade 500 policías de las agencias de alcohol, tabaco y armas de fuego. En una declaración, Clinton dijo que éstos se añaden a 100 mil policías que la Casa Blanca desplegó en las calles, como había prometido. Los últimos seis años de ataques bipartidistas contra el pueblo trabajador se han caracterizado por el aumento del número de policías y por varias leyes "anticriminales" y "antiterroristas" dirigidas contra los derechos democráticos del pueblo trabajador.

La ley presupuestaria también resucitó temporalmente una cláusula que permite que unos 700 mil inmigrantes soliciten la tarjeta de residencia mientras permanezcan en Estados Unidos. Esta cláusula había vencido en 1998, volviendo a las condiciones de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, firmada por Clinton en 1996, que obligó a miles de personas a abandonar el país y regresar a sus países de origen durante varios años mientras tramitaban su solicitud de residencia en Estados Unidos.

Sin embargo, la legislación también retuvo las condiciones draconianas de la ley de 1996, que definió retroactivamente una serie de delitos menores como "delitos con agravante" por los cuales uno puede ser deportado.

Clinton se jacta de eliminar ayuda social

Además Clinton insistió "el aumento firme para gastos de defensa" en la ley de apropiaciones, en la que se añadió una 15 mil millones de dólares para gastos de guerra con un total de más de 290 millones de dólares en el año 2000.

En un mensaje radial al día siguiente, Clinton dijo que se mostraba "complacido de anunciar que en los últimos ocho años hemos reducido los casos de asistencia social en más de 8 millones de personas", calificándolo como uno de los principales logros de su gobierno.

Al cumplir su promesa electoral de "acabar con la asistencia social según la conocemos", Clinton, junto con la mayoría republicana en el Congreso, eliminó la Ayuda a las Familias con Hijos Dependientes, llevando a cabo el primer gran ataque contra el seguro social. La Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Empleo puso un tope de cinco años a todo individuo que recibe asistencia social, un recorte que afectará a millones de personas este año. En 1999 un 50 por ciento de todas las personas a quienes se les negaron estos beneficios aún no tenían empleo y la mayoría de los demás ocupaban trabajos de salario mínimo sin beneficios.

Escalada de ejecuciones

El cambio de administración se lleva a cabo en medio de afirmaciones de apoyo a la pena de muerte tanto por Clinton como Bush. Ochenta y cuatro personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en el año 2000, un poco menos que los 98 ejecutados en 1999.

Bush, el gobernador de Texas, presidió hace poco la ejecución de la persona número 40 en ese estado--el mayor número anual que se haya registrado en cualquier estado desde 1862, cuando el ejército norteamericano ejecutó a 39 indios norteamericanos luego de una rebelión en Minnesota. Bush fijó la fecha de siete ejecuciones en noviembre y diciembre: una por día del 5 al 7 de diciembre.

En septiembre el Departamento de Justicia emitió un informe documentando que cuatro quintos de las 682 personas acusadas de cargos capitales en cortes federales eran negros, latinos o indios norteamericanos, y que un puñado de fiscales federales son responsables del 40 por ciento de los casos federales de pena capital. Citando estas cifras, Clinton anunció una suspensión temporal de la ejecución de Juan Raúl Garza, el primer prisionero federal que va a ser ejecutado en 37 años. Al dejar la decisión sobre Garza en manos de Bush, Clinton expresó claramente su apoyo a la pena de muerte, como lo ha hecho desde su campaña de 1992, cuando firmó la ejecución de Ricky Ray Rector, un hombre retrasado mental.

La victoria electoral de Bush se decidió a las 10 de la noche del 12 de diciembre cuando la Corte Suprema norteamericana, votando 5 contra 4, rechazó la orden de la Corte Suprema de Florida de hacer un recuento de los votos en varios condados de Florida. El recuento a mano selectivo le daba al candidato demócrata Albert Gore la posibilidad de revertir su derrota en el estado, que, según los resultados anunciados, Bush ganó por un estrecho margen. La mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos falló que el recuento no cumplía con "las normas constitucionales mínimas" que habría que garantizar antes de la hora de vencimiento: dos horas más tarde, cuando los electores de Florida podrían ser impugnados por el Congreso nacional.

Gore busca robarse las elecciones

Cuando la votación del 7 de noviembre resultó ser tan reñida que según las reglas se requería un recuento con las máquinas automáticas de votación, el bando de Gore empezó a buscar la manera de robarse las elecciones de manos de Bush.

Gore pidió un recuento manual de los votos en tres condados mayormente demócratas, donde las posibilidades a su favor eran mejores. De los 67 condados en Florida, Gore pidió recuentos manuales sólo en Broward, Palm Beach, Volusia y Miami-Dade, donde él ganó la votación.

Aunque presentó su maniobra como una lucha para que se contara cada uno de los votos, Gore nunca solicitó un recuento en todo el estado. Este problema lo plantearon los jueces del tribunal del condado de Leon, la corte suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Corte Suprema falló apenas dos horas antes de la medianoche, la hora límite para certificar cada delegación estatal al Colegio Electoral. Si la corte no hubiera fallado, los 25 electores de Florida podrían haber sido impugnados en el Congreso, donde seguramente habría estallado una pugna pública en la sala legislativa y habría resultado una decisión marcada por el fraccionalismo sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Amplios sectores de la clase dominante respiraron con alivio al evitarse ese desenlace.

Fallo de Corte alivia a los gobernantes

Al día siguiente se hizo palpable entre los círculos gobernantes el alivio con la decisión de la Corte Suprema que terminó con la contienda. Inmediatamente, figuras importantes del Partido Demócrata le pidieron a Gore que pusiera fin a sus desafíos judiciales a la votación en Florida.

Edward Rendell, presidente general del Comité Nacional Demócrata, le instó a Gore a que "actúe ahora y conceda" las elecciones. El senador Robert Torricelli, demócrata por Nueva Jersey, pidió "a la gente que acepte el carácter definitivo de la decisión. Creo que George Bush llega a la presidencia bajo circunstancias muy difíciles y nos incumbe a todos dejar atrás las asperezas y ayudarlo a tener éxito".

El congresista Charles Rangel, demócrata por Nueva York, instó al "pueblo norteamericano", según el New York Times, a "respaldar al señor Bush por el bien del país". Al aceptar oficialmente su derrota, Gore también pidió a "todos los americanos" a que respaldaran al presidente electo, como también lo hizo Clinton.

Ataque antimujer contra Katherine Harris

Durante 35 días, estas maniobras jurídicas --en que Gore peleaba por conseguir un recuento limitado de los votos y Bush resistía las acciones de Gore-- fueron el marco de la batalla post-electoral.

Pero los desafíos judiciales se vieron acompañados por una lucha fraccional acalorada, con ataques demagógicos de los liberales y partidarios de Gore así como de fuerzas derechistas.

El tono áspero de este fraccionalismo se manifestó en el ataque personal y antimujer que se desató contra la secretaria de estado de Florida, Katherine Harris, quien se convirtió en blanco de los liberales cuando ella certificó a Bush como ganador del los votos electorales del estado.

Por ejemplo, en el Washington Post apareció un artículo de la periodista Robin Givhan, quien se burló de cómo estaba maquillada la secretaria de estado, describiendo de manera degradante su uso de lápiz de labio, polvos y pestañas postizas.

Ante las protestas por el artículo, el Washington Post publicó una defensa de Givhan por la columnista Geneva Overholser, quien continuó con el mismo tono grosero sobre la apariencia física de la secretaria de estado de Florida, diciendo que parecía que se había hecho cirugía plástica. Overholser defendió la columna como "un enérgico comentario por una mujer [Givhan] con un fuerte punto de vista".

Caryl Rivers, profesora de periodismo en la Universidad de Boston, criticó este ataque. Escribió en Women's e-news que "un agente demócrata la apodó [a Harris] Cruela deVil, la villana de la película 102 dálmatas, y el calificativo se repitió por todas partes. El periódico Boston Herald la llamó una señora pintada". Un periodista del Boston Herald escribió acerca de Harris, "Hay algo humillante, triste, desesperado y vergonzoso de cómo se veía Harris ayer, una mujer de cierta edad que trataba demasiado de mantenerse joven".

Derechistas y 'la boleta militar'

Los derechistas se aferraron a dos cuestiones. Por un lado, acusaron a los demócratas de tratar de descalificar las boletas de votos ausentes del personal militar norteamericano en el extranjero. Algunos afirmaron que el candidato demócrata trató de aumentar el número de "boletas electorales [ausentes] de Israel", acusación sin fundamento. Esto coincidió con elementos de antisemitismo de los derechistas y sus llamamientos a los sectores militares, especialmente al cuerpo de oficiales.

En una columna del Wall Street Journal fechada el 24 de noviembre, titulada "Ahora debemos luchar por nuestro país", la comentarista conservadora Peggy Noonan escribió que durante el recuento de votos, "no hay indicio de que se haya impugnado las boletas de votos ausentes de los delincuentes. Pero las boletas de votos ausentes de militares fueron desafiados. Muchas fueron desechadas".

Noonan alegó que el "un ejército de abogados y agentes demócratas marchó a la sala de conteo armados con un memorándum de cinco páginas de un abogado demócrata explicándoles cómo invalidar a los votantes militares".

Noonan citó lo que según ella fue un correo electrónico recibido de un "republicano" en la sala de conteo. Los demócratas "lograron en varios casos negarles el voto a estos magníficos hombres y mujeres. Fue un ataque consciente contra las Fuerzas Armadas únicamente para mantener al que eludió el servicio militar [Clinton] y su lacayo".

El derechista Drudge Report, un boletín del Internet producido por Matthew Drudge, publicó el 25 de noviembre un artículo titulado: Sorpresa: Broward halla 500 boletas más, muchas de Israel". El artículo es una noticia sobre los recuentos, que explica que los funcionarios del condado de Broward anunciaron que habían "localizaron 500 boletas del extranjero sin contar", aunque no menciona a Israel en el artículo. Broward es un condado mayoritariamente demócrata con una población judía considerable.

Discurso tosco

Los 35 días después de las elecciones del 7 de noviembre constituyeron el estallido más agudo y prolongado de las pugnas fraccionales en el seno de la clase gobernante desde los sucesos de hace dos años con el juicio político contra William Clinton. Un aspecto de este fenómeno es el tono más tosco del discurso entre los políticos burgueses de todos los partidos. Otros aspectos son los ataque demagógicos, en particular por parte de los derechistas, contra los derechos de los inmigrantes y los derechos que los negros y las mujeres han conquistado en sus luchas.

Estas batallas políticas, y el tono cada vez más basto de los debates, son un indicio de las divisiones irresolubles entre la clase dominante sobre cómo prepararse mejor para los estallidos sociales y las batallas de clases que, según lo reconoce un número creciente entre los gobernantes norteamericanos, van a llegar.

Los capitalistas multimillonarios saben que la expansión económica no puede continuar para siempre, y ya encuentran resistencia por parte de amplios sectores de trabajadores y agricultores contra los patrones y los ataques del gobierno. Saben que ya no pueden hacer fácilmente muchos avances más contra los sindicatos, los salarios y los derechos conquistados por los trabajadores, las mujeres y las nacionalidades oprimidas; tendrán que enfrentarse a las huelgas y las luchas y batallas aún mayores en el futuro.

Al contrario de su tan cacareado triunfo a principios de los años 90, los gobernantes norteamericanos han constatado que aún tienen que hacer frente a una clase obrera en los estados obreros de la ex Unión Soviética y Europa oriental que no va a aceptar gustosamente la opresión y la aceleración del ritmo de trabajo. Ni tampoco han logrado que los pueblos de los países semicoloniales acepten la opresión nacional y las consecuencias sociales devastadoras de la crisis capitalista mundial.

Mientras continúa la transición del gobierno, el grupo pro derechos de los negros NAACP continúa exigiendo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por la procuradora general Janet Reno, investigue los múltiples casos de acoso contra negros, latinos e inmigrantes que querían votar el 7 de noviembre en Florida y otros estados.

Hasta ahora, el gobierno de Clinton no ha respondido a los incidentes y a las solicitudes del NAACP, salvo el anuncio del Departamento de Justicia que enviará a dos personas a Florida para ver si se garantiza una investigación. La Comisión de Estados Unidos de Derechos Civiles celebró audiencias iniciales en Tallahassee, Florida, a mediados de enero. (Ver artículo que acompaña éste.)