enero de 2001 Vol. 25 No. 01

Argentina

Huega nacional contra austeridad
Resisten ataques del gobierno al salario social y a derechos sindicales

Por Brian Williams y Martín Koppel

Millones de trabajadores en Argentina realizaron una huelga general de 36 horas el 23 y 24 de noviembre, cerrando fábricas, aeropuertos, ferrocarriles y autobuses, bancos, escuelas y oficinas de gobierno. La protesta fue en respuesta a la última serie de medidas de austeridad que el gobierno está imponiendo para cumplir con las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un nuevo préstamo a fin de financiar los pagos de interés a la deuda externa argentina de 123 mil millones de dólares.

La acción fue dirigida por las tres principales centrales sindicales en Argentina, las cuales organizan a la mitad de los 14 millones de trabajadores del país: las dos alas públicas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos.

Esta fue la segunda huelga a nivel nacional que involucró a todas las principales centrales sindicales desde que el presidente Fernando de la Rúa asumió la presidencia en diciembre pasado, y la más grande de las tres huelgas generales que han ocurrido en menos de un año.

En su ataque más reciente, anunciado el 10 de noviembre, de la Rúa proyecta congelar por cinco años los gastos federales, municipales y provinciales, al tiempo que recorta los impuestos para los capitalistas nacionales e inversionistas imperialistas; medidas encaminadas a desmantelar el sistema de pensiones manejado por el estado, forzando a los trabajadores a buscar planes de jubilación individual de compañías privadas; aumentar la edad de jubilación para las mujeres trabajadoras de 60 a 65 años; y permitir que las empresas privadas compitan con el sistema estatal de salud, que actualmente está administrado por los sindicatos.

El presidente también está promoviendo un proyecto de ley, aprobado por la cámara de diputados del Congreso, que pondría fin a la negociación de contratos a nivel de industrias, conquista lograda por las batallas para organizar sindicatos después de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el senado, permitiría que los patrones negociaran acuerdos con los sindicatos en cada fábrica individual.

Todas estas medidas son parte de los ataques crecientes de los gobernantes capitalistas contra las conquistas sociales logradas por la clase obrera durante las décadas anteriores.

El gobierno argentino está llevando a cabo todas estas acciones para llegar a un acuerdo con el FMI para obtener un préstamo de emergencia que podría sumar más de 20 mil millones de dólares: una nueva y enorme deuda para pagar intereses a la deuda existente. Las instituciones financieras imperialistas están preocupadas de que el gobierno argentino incumpla el pago de la deuda. Según un artículo en el Financial Times de Londres, "Argentina representa hasta la cuarta parte de la deuda comerciable de los mercados emergentes, y existen temores de un posible contagio si llega al incumplimiento."

Recesión devasta a trabajadores

Las medidas de austeridad del gobierno se dan en medio de una recesión de dos años, que ha tenido el mayor impacto sobre la clase obrera. Un número creciente de trabajadores han perdido sus empleos: la tasa oficial de desempleo en Argentina actualmente es del 15.4 por ciento.

En los años 90 la administración peronista de Carlos Menem vendió la mayor parte de las industrias estatales, desde la compañía de petróleo hasta los ferrocarriles y las empresas de electricidad y teléfonos, provocando despidos masivos, incluso entre muchos trabajadores con empleos sindicalizados que se consideraban relativamente estables.

Al mismo tiempo, el gobierno fijó el peso al dólar norteamericano, lo que ha dado paso a la dolarización virtual de la economía argentina, creando una situación de precios elevados y la devastación del nivel de vida de los trabajadores. Al llevar a cabo esta ofensiva, el gobierno de Menem se aprovechó del hecho que la burocracia sindical en Argentina ha subordinado políticamente los sindicatos al partido peronista desde que lo fundó el líder nacionalista burgués Juan Perón a mediados de los años 40. Durante la época del gobierno de Perón, la clase obrera argentina conquistó un mayor seguro social y organizó sindicatos potentes.

Los imperialistas están presionando al gobierno argentino para que ataque más directamente estas conquistas sociales. Cuando Menem agotó su utilidad política después de años de asaltos brutales y crisis económicas, la burguesía acudió a de la Rúa para continuar la ofensiva.

Cortes de rutas por todo el país

La huelga general fue convocada originalmente por la CTA y el ala "disidente" de la CGT, encabezada por el jefe de el sindicato de camioneros Hugo Moyano, para protestar contra la muerte de Aníbal Verón, un chofer de ómnibus cesanteado que murió cuando la policía atacó a 100 trabajadores desempleados que estaban bloqueando una ruta en la provincia norteña de Salta.

La huelga comenzó el 23 de noviembre cuando los trabajadores de una punta del país a la otra salieron de fábricas y oficinas y, en muchos casos, levantaron barricadas en las carreteras, un método de lucha adoptado de los "piqueteros", los trabajadores desempleados en las provincias que han levantado líneas de piquetes en los caminos, especialmente durante los últimos cinco años, para llamar la atención a su situación crítica.

Al día siguiente, el ala principal de la CGT se unió a la huelga, a la cual se sumaron trabajadores de hospitales, ferrocarriles, estaciones de servicio, bancos y servicios sanitarios, entre otros.

En Buenos Aires, se paralizó el tráfico de autobuses. Un grupo de trabajadores estableció ollas populares enfrente de la casa de gobierno en la Plaza de Mayo, mientras otros golpeaban cacerolas frente al edificio parlamentario.

"Ya no podemos seguir así," dijo José Martínez, un trabajador textil desempleado y padre de cuatro hijos, en camino a la concentración.

"¡Mis hijos están sufriendo porque no puedo encontrar trabajo, y este gobierno no está haciendo nada para ayudarme!

Las provincias hierven

Grupos de sindicalistas bloquearon puentes y rutas en las 23 provincias del país. Alrededor de 700 trabajadores lograron cortar la ruta entre Buenos Aires y La Plata. En el sur, 500 trabajadores bloquearon el tráfico en uno de los puentes entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

En Córdoba, un centro industrial importante, el gobierno desplegó a 2 500 policías mientras cientos de sindicalistas realizaron marchas, cortaron rutas y se manifestaron en el centro de la ciudad. Los obreros metalúrgicos organizaron piquetes en el cordón industrial; unos 150 obreros automotrices bloquearon el camino enfrente de la fábrica de Volkswagen quemando llantas. También hubo movilizaciones de camioneros, trabajadores de la electricidad y empleados municipales.

Los medios noticiosos capitalistas a nivel internacional cubrieron la huelga general, pero prácticamente no dijeron nada sobre los estallidos de protestas en todas las provincias, donde las condiciones sociales son más críticas. Se han dado repetidos cortes de rutas por parte de trabajadores desempleados alrededor del país para exigir trabajos y no simplemente los "empleos" temporales y degradantes ofrecidos por el gobierno bajo el "Plan Trabajar".

A mediados de noviembre, más de 3 mil trabajadores desempleados bloquearon la carretera nacional 3 en La Matanza, un distrito industrial en la provincia de Buenos Aires --y uno de los centros históricos de la industria de la carne-- donde hoy viven unas 476 mil personas por debajo del nivel oficial de pobreza. La protesta fue dirigida por la CTA y otra agrupación sindical. Los manifestantes exigieron alimentos, trabajos y mejores servicios sociales. En Argentina sólo el 5 por ciento de los trabajadores desempleados están protegidos por el seguro de desempleo.

Preocupados por una explosión social más grande, el gobierno rápidamente prometió distribuir 20 mil kilos de alimentos secos por mes durante seis meses, construir cinco escuelas y reparar las existentes, así como establecer tres "hospitales móviles" y crear 5500 empleos bajo el Plan Trabajar.

Protestan agricultores

En General Pacheco, también en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores bloquearon el camino y pusieron ollas populares. Corearon, "No queremos limosna, queremos trabajo".

Al noroeste de Buenos Aires, en Henderson, un pueblo de 8 mil habitantes, más de mil campesinos y otros trabajadores se tomaron el ayuntamiento para protestar contra la falta de ayuda a los damnificados de una reciente inundación. "Los políticos nos dejan a la merced de Dios. No hacen nada. Nadie se hace cargo de la situación, mientras el pueblo está en ruina", dijo un campesino airado, Héctor Mateos, cuya tierra esta bajo el agua.

En la provincia del Chaco, los campesinos usaron camiones para bloquear las carreteras nacionales 9 y 16. Exigieron créditos, precios de combustible más bajos y asistencia del gobierno para sembrar sus cosechas.

Una de las regiones más devastadas es el norte de Argentina, especialmente Salta, donde la privatización de la industria petrolera en 1991 llevó a masivos despidos, y donde hoy la tasa oficial de desempleo es de 25 por ciento. El 10 de noviembre, la policía atacó a trabajadores desempleados que estaban bloqueando la ruta 34 mataron a uno de los manifestantes, Aníbal Verón, un trabajador que había sido cesanteado hace un año y no había recibido sus últimos siete cheques.

El asesinato provocó una ola de protestas por toda Salta, y al final condujo a la huelga nacional.

Mientras tanto, Indalecio Calermo, un maestro bilingüe y cacique wichí, dirigió a 200 indígenas en un corte de ruta en la provincia de Salta. Los indígenas, que pertenecen a las tribus chorote, wichí, toba, chulupí, tapiete, guaraní y chané, exigieron 1 200 empleos para su comunidad.