diciembre de 2000 Vol. 24 No. 11

Estados Unidos

Nueva Casa Blanca seguirá curso bipartidista de Clinton a la derecha

Por Martín Koppel

La administración Clinton-Gore ha presidido un viraje hacia la derecha en el eje bipartidista de la política burguesa. Los gobernantes capitalistas norteamericanos, a través de los partidos Demócrata y Republicano que representan sus intereses de clase, han acelerado la arremetida contra los trabajadores y agricultores. Y la nueva Casa Blanca y el Congreso tomarán eso como punto de partida al continuar esta trayectoria antiobrera.

La administración demócrata saliente, con una mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso durante seis de los últimos ocho años, disparó las primeras salvas contra el salario social que el pueblo trabajador conquistó en las masivas luchas sindicales de los años 30 y las batallas por los derechos civiles de los años 50 y 60. Han intensificado los ataques a nuestro salario neto, nuestras condiciones de trabajo y nuestra dignidad, tanto dentro como fuera de nuestro trabajo. Y han reducido nuestras libertades políticas como anticipación de los esfuerzos del pueblo trabajador de defender nuestros derechos sociales: la resistencia por parte de trabajadores, agricultores y jóvenes que ha comenzado a desarrollarse y extenderse en Estados Unidos en los últimos años.

Esta ofensiva dentro de Estados Unidos va acompañada de la incrementada agresión militar de Washington por todo el mundo, desde Iraq hasta Yugoslavia y el Mar de China Meridional.

'Acabar con el welfare'

Una de las principales consignas de la campaña electoral de Clinton hace ocho años era su promesa de "acabar con el welfare según lo conocemos", refiriéndose al sistema de asistencia pública. En 1996 cumplió con esta promesa reaccionaria al firmar la llamada Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo, medida adoptada con los votos de 230 republicanos y 98 demócratas en la Cámara de Representantes y de 53 republicanos y 25 demócratas en el Senado.

La ley eliminó el programa federal Ayuda para Familias con Hijos Dependientes (AFDC) y excluyó de los cupones de alimentos y los beneficios de Medicaid a muchos trabajadores. La AFDC había sido codificada más de 60 años atrás en la Ley del Seguro Social, aprobada por el Congreso en 1935 bajo la presión del auge de luchas obreras. Al eliminar este programa, Clinton y el Congreso iniciaron la batalla para echar atrás otros aspectos de las conquistas del pueblo trabajador relacionadas al seguro social.

A principios de 1999, la Casa Blanca ya se jactaba que las listas de asistencia pública se habían reducido en un 44 por ciento desde 1994. La mitad de las personas excluidas de estos beneficios estaban desempleadas, y la mayoría de las demás personas tenían empleos artificiales creados para mantenerlas ocupadas, recibiendo el salario mínimo sin beneficios. Otros millones de personas quedarán excluidos el año próximo cuando venza el plazo de cinco años para recibir asistencia pública.

Este ataque bipartidista lanzado hace cuatro años enmarca el actual debate de época electoral sobre la "reforma" del Seguro Social. Independientemente de las diferencias entre las propuestas de distintos demócratas y republicanos, todas comienzan a socavar el carácter del Seguro Social como garantía universal (entitlement). Todas se basan en "suplementar" las pensiones financiadas por el gobierno federal, aunque al principio sea de forma ínfima, con cuentas privadas de ahorros que aumentan la responsabilidad individual por la jubilación. Estos proyectos se combinan con la reducción de pensiones, un aumento de la edad de jubilación y un alza de los impuestos a los empleados.

Las consecuencias de la "reforma de la asistencia pública" de 1996 son especialmente desastrosas para las mujeres trabajadoras, especialmente entre las 10 millones de mujeres que crían a niños por su propia cuenta. Los que abogan por apoyar a Clinton, porque éste vetó un par de medidas que limitarían el derecho al aborto, frecuentemente encubren este ataque contra los derechos sociales de la mujer.

Es más, si bien los gobernantes norteamericanos no han logrado anular el fallo de la Corte Suprema, conocido como Roe v. Wade, que en 1973 despenalizó el aborto, el acceso al aborto está diferenciándose de acuerdo a divisiones de clase. En 1998, el 86 por ciento de los condados y la tercera parte de las ciudades en Estados Unidos no contaban con proveedores de aborto, lo cual aumenta los costos de viaje y alojamiento, agregándolos a los demás obstáculos que enfrentan las mujeres.

Durante la presidencia de Clinton, el porcentaje de la población estadounidense sin seguro médico aumentó al 16 por ciento en 1999, mientras que las personas que sí tienen seguro médico se ven obligadas a pagar más por los servicios.

También los productores agropecuarios se han visto golpeados duramente por la deuda capitalista durante estos años. Las leyes agrícolas impulsadas por el gobierno favorecen los intereses agropecuarios capitalistas, acelerando el número de liquidaciones forzosas de fincas. Encima de esto, los agricultores que son negros sufren discriminación por el gobierno y los prestamistas privados, sometiéndolos a aún más inseguridad y ruina.

Ataque a los derechos democráticos

El pueblo trabajador sentirá el impacto acumulativo de estos ataques sociales con especial fuerza una vez que comience el próximo descenso del ciclo comercial capitalista, fenómeno que sí ocurrirá, a pesar de la retórica de diversos propagandistas sobre una supuesta "nueva economía" sin recesiones e impulsada por el Internet.

Sin embargo, el pueblo trabajador ya está sintiendo más directamente las presiones ejercidas por los gobernantes contra los derechos democráticos. Las siguientes son apenas algunas de las medidas que han tomado la Casa Blanca, el Congreso y las cortes:

En nombre de la "guerra antidrogas", la Ley de Delincuencia de 1994, suscrita por Clinton, socavó las garantías de la Cuarta Enmienda a la Constitución contra incautaciones y pesquisas arbitrarias en hogares particulares. Los tribunales prácticamente han eliminado estos derechos en relación a los automóviles.

La Ley de Responsabilidad de la Inmigración Ilegal y Reforma, firmada por Clinton en 1996, amplió los poderes del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) para detener y deportar a inmigrantes sospechosos de ser "ilegales" sin derecho a revisión o apelación judicial. El INS, actualmente la agencia policiaca nacional más grande, ha aumentado las redadas de fábricas y deportaciones a niveles récord.

La Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Eficaz de 1996, entre otras cosas, permite que el INS encarcele a inmigrantes usando "pruebas secretas" y amplía los poderes del gobierno de recurrir a intervenciones telefónicas y de detener a individuos sin fianza bajo "detención preventiva". Más de 20 personas han sido encarceladas sobre la base de "pruebas secretas", en su mayoría inmigrantes árabes y musulmanes.

En nombre de reforzar la defensa de la "seguridad nacional", Clinton está instando al Congreso a que redacte una ley de secretos del gobierno--ofreciendo más protección al espionaje y al pisoteo de las libertades constitucionales--que el presidente podría firmar sin pagar un precio político demasiado alto. Ante oposición considerable, aun entre la opinión pública burguesa, Clinton a principios de noviembre decidió no firmar una medida radical que habría catalogado como delito la revelación de información gubernamental "clasificada" a personas "no autorizadas".

La administración Clinton-Gore financió una expansión récord de policías en las calles de Estados Unidos y dotó de armas aún más pesadas y mortíferas a las fuerzas policiacas. Bajo la bandera de combatir la delincuencia, la policía ha escalado el número de ejecuciones callejeras y su violencia contra el pueblo trabajador. La administración sentó la pauta con su mortífero ataque policial en 1993 contra el grupo religioso davidiano en Waco, Texas, ordenado por la fiscal general Janet Reno y aprobado por Clinton. Ese asalto, acompañado de tanques militares, provocó un incendio que carbonizó a 86 hombres, mujeres y niños.

La población en las cárceles norteamericanas ha aumentado al doble desde que Clinton asumió la presidencia. Mientras tanto, se ha restringido los derechos de apelación y de libertad condicional. Se han vuelto más comunes las condenas mínimas obligatorias, las sentencias más largas y el uso de presos como mano de obra para el "mercado libre". El número total de personas en Estados Unidos que están enmarañadas en el sistema de "justicia"--encarceladas, bajo libertad de palabra o a prueba--asciende a un número récord de 6.3 millones.

Durante estos años, aumentó al triple el número anual de ejecuciones, así como el número de personas acusadas de delitos que conllevan la pena capital desde que se promulgó la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994. La ley "antiterrorista" de 1996 restringe severamente los derechos de los presos a las apelaciones de "habeas corpus", que en muchos casos es el último recurso de los presos condenados a muerte.

Aun después de cumplir sus sentencias, los trabajadores ven restringidos permanentemente sus derechos. En 1996 Clinton firmó una ley sobre "delincuentes sexuales" que obligaban a los estados a divulgar al público los nombres de personas declaradas culpables de un delito sexual después de su excarcelación. Y más de 4 millones de personas--algunas entre rejas, otras que ya han cumplido sus condenas--se han visto privados de su derecho a votar por el resto de su vida, entre ellos casi la tercera parte de los hombres negros en Florida y en Alabama.

Bajo la bandera de prevenir ataques "terroristas", el Pentágono ha creado, por primera vez, un "comando de defensa de la patria", medida destinada a sentar las bases para usar las fuerzas armadas norteamericanas contra el pueblo trabajador en este país.

Los gobernantes norteamericanos han ofrecido resistencia a la escalada de violencia policiaca, incluidas protestas callejeras de miles de personas contra el asesinato de Amadou Diallo en Nueva York y de Errol Shaw en Detroit. No obstante, los explotadores se verán obligados a recurrir a métodos más violentos a medida que se recrudezca la lucha de clases.

Extensión de la política demócrata

La política exterior de los gobernantes estadounidenses es una extensión de esta arremetida, impulsada por el afán de ganancias, contra el pueblo trabajador en Estados Unidos. Las acciones agresivas de Washington en el exterior han reforzado su posición militar en los Balcanes y Europa, así como el Medio Oriente respecto a sus rivales imperialistas más fuertes: en Londres, París, Berlín y Tokio, entre otros.

Clinton inició su primer mandato en enero de 1993 con varios días consecutivos de bombardeos contra Iraq: la continuación de lo que hizo la administración de George Bush. Desde entonces, Washington ha realizado bombardeos constantes--a veces semanalmente o a diario--contra el pueblo trabajador de Iraq.

Washington, junto a otras potencias imperialistas, ha impuesto y hasta ampliado la "zona de exclusión" por el 60 por ciento de Iraq, una violación de la soberanía de ese país impuesta desde la Guerra del Golfo de 1991. También ha mantenido un bloqueo económico criminal para tratar de someter por el hambre al pueblo de ese país.

Al hacer valer la dominación imperialista de Washington en el Medio Oriente, Clinton--al tiempo que finge ser un "pacificador"--ha alentado la intransigencia de Tel Aviv para aferrarse a Jerusalén del Este y otros territorios ocupados desde la guerra de 1967. En todo caso, Clinton ha sido el presidente norteamericano más pro-israelí desde Harry Truman, quien promovió la creación del Estado de Israel al despojar sangrientamente al pueblo palestino de sus tierras.

En los Balcanes, las fuerzas de la OTAN dirigidas por Washington han librado campañas asesinas de bombardeos, destruyendo grandes centros industriales en Serbia el año pasado, y actualmente mantienen decenas de miles de tropas de ocupación en Yugoslavia. Al afirmarse aún más firmemente como la potencia militar predominante en Europa, los gobernantes norteamericanos ha buscado expandir la OTAN hacia el oriente y apretar su cerco de los estados obreros en Rusia y otras antiguas repúblicas.

Sobre un frente relacionado, la administración de Clinton ha sentado las bases para establecer un sistema de "misiles" de defensa como un paso más hacia una capacidad de primer ataque nuclear para el imperialismo norteamericano. El paquete que la Casa Blanca está promoviendo va dirigido en primer lugar contra los estados obreros en Corea del norte y sobre todo China. Dicho sistema de "Guerras de las Galaxias" es un paso del cual la administración Reagan en los años 80 tuvo que desistir.

Además, el comandante en jefe Clinton--con apoyo bipartidista--ha desplegado tropas por todo el mundo, desde Somalia hasta Haití, y el año pasado movilizó masivamente a los marines y alguaciles federales para volver a ocupar el campo de tiro de la Marina de Guerra norteamericana en Vieques, Puerto Rico, una colonia estadounidense.

El recrudecimiento bipartidista del embargo contra Cuba revolucionaria ha sido consecuente con la trayectoria de los gobernantes norteamericanos tanto aquí como en el exterior.

Ataques a la revolución cubana

Cuando estaba haciendo campaña para presidente en 1992, Clinton dio su apoyo a la mal nombrada Ley de Democracia Cubana, que a continuación el presidente George Bush firmó. La medida, también conocida como la ley Torricelli, prohibe que las filiales extranjeras de empresas norteamericanas comercien con Cuba.

En 1996 la administración Clinton promulgó la "Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana", también conocida como ley Helms-Burton, que intensificó considerablemente el embargo comercial norteamericano. Desde entonces, la Casa Blanca ha aplicado las nuevas restricciones comerciales, sancionando a compañías en el exterior que invierten en Cuba, política que ha tenido un efecto palpable sobre las condiciones de vida del pueblo cubano.

En un acto de arrogancia imperial, Clinton suscribió una ley el 28 de octubre--bajo las disposiciones de la "ley antiterrorismo"--que le autoriza al gobierno norteamericano apropiarse de 50 millones de dólares en fondos cubanos que ha congelado desde los años 60, y entregarlos a las familias de tres derechistas cuya avioneta fue derribada en 1996 por la fuerza aérea cubana, por invadir provocadoramente el espacio aéreo cubano, a pesar de repetidas advertencias.

Estos ataques contra Cuba están entrelazados con la ofensiva contra los trabajadores en Estados Unidos.

Cuando se halló a Elián González sobre la costa de Florida el año pasado, por ejemplo, el gobierno norteamericano violó la soberanía cubana al negarse a entregar el niño a Cuba. Al mismo tiempo, la administración Clinton usó el caso como justificación para promover sus intentos de mejorar la imagen de la odiada "migra" y ganar fallos federales que establecieran precedentes jurídicos para ratificar la autoridad del INS en la aplicación de políticas, eximida del proceso normal de apelación y revisión, lo cual constituye uno de los principales objetivos.

El gobierno norteamericano usó la redada del 22 de abril por parte de agentes fuertemente armados del INS en un hogar en Miami, donde agarraron al niño cubano, para asestar un golpe contundente contra la garantía de la Cuarta Enmienda que protege a todos los residentes de Estados Unidos contra pesquisas e incautaciones arbitrarias.

Lo que al final condujo al retorno del niño a su hogar en Cuba no fue la buena fe de Washington sino la posición intransigente del gobierno revolucionario cubano y las movilizaciones de millones de trabajadores, quienes asumieron la ventaja moral a nivel mundial.

Otra medida promulgada por Clinton el 28 de octubre fue una ley de presupuesto agropecuario, con una enmienda que supuestamente permitía la venta de alimentos y medicinas a Cuba. Sin embargo, la ley no sólo intensifica el embargo contra la isla, sino que enriquece a los intereses agropecuarios acaudalados a expensas de los pequeños agricultores, y socava los derechos del pueblo trabajador al codificar los reglamentos existentes del departamento del Tesoro que privan a la gran mayoría de los residentes norteamericano del derecho a viajar a Cuba.

No obstante, según lo demuestran las páginas de Perspectiva Mundial en los últimos años, más y más trabajadores están resistiendo. Y habrá mayores batallas por venir.